El paso a la “Nueva Normalidad” acaba con la prohibición de cortes de suministro impulsada por el Gobierno
Las medidas aprobadas hasta ahora vuelven a dejar a las familias a merced de las compañías
Barcelona, 22 de junio de 2020
El Estado español, tras más de tres meses de crisis sanitaria, económica y social, ha decidido poner fin al estado de alarma decretado el 14 de marzo y pasar a la nueva fase bautizada como “Nueva Normalidad”. En materia de suministros básicos, la principal consecuencia de este escenario, ya que no se ha previsto ninguna alternativa, es el fin de la prohibición de cortes en todo el ámbito doméstico y el más que probable regreso a una situación de interrupciones de suministro indiscriminadas por motivo de impago.
Estos tres meses han dado para mucho, y desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) hemos hecho todo lo posible para analizar, valorar y hacer difusión de las distintas medidas aprobadas por el Gobierno central. La primera de ellas y probablemente la más importante, como hemos adelantado antes, ha sido la prohibición de cortes de suministros. Aunque en un primer momento la protección no abarcaba a todos los consumidores susceptibles de sufrir pobreza energética, tras las críticas recibidas, también por parte de APE, la Ministra Ribera impulsó una ampliación de la medida, vinculando la prohibición de corte a todos los consumidores en su vivienda habitual y cubriendo los suministros de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua.
Sin embargo, como ya dijimos durante el estado de alarma, lo que queda claro es que las medidas impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por Teresa Ribera, no han resuelto en ningún caso qué pasa con las facturas que las familias, en un contexto de crisis económica y social, no puedan pagar a final de mes. Por el momento, han estado protegidas de corte gracias al Real Decreto-ley aprobado, pero a partir de ayer las compañías ya están legitimadas para iniciar el procedimiento de suspensión de suministro, que dependiendo de los casos puede durar entre 2 y 4 meses. Como es habitual, a las medidas del Gobierno les ha faltado mucha valentía para responsabilizar a las grandes compañías de los impagos y que fueran ellas mismas quienes los asumieran, una propuesta que APE hemos defendido desde la declaración del estado de alarma. En un contexto de mayor gasto en el consumo doméstico, es de recibo que las compañías contribuyan asumiendo el total de los consumos de las familias vulnerables o aquellas afectadas directamente por la crisis de la COVID-19.
Con esta premisa, APE hemos asistido durante estos meses a las juntas ordinarias de accionistas de Endesa, el 5 de mayo; y de Naturgy, el 26 del mismo mes, para urgir también a las compañías a asumir esa deuda y acabar con los cortes más allá del estado de alarma. En ambos encuentros, en el primero de ellos en una intervención conjunta con las compañeras de la Fundación Finanzas Éticas, tuvimos la oportunidad de presentar un conjunto de preguntas escritas, exigiendo su compromiso para evitar cualquier corte a hogares vulnerables tras el estado de alarma, y la necesidad de destinar una parte de sus multimillonarios beneficios a corresponsabilizar a sus compañías en la lucha contra la pobreza energética. Ambas propuestas fueron ignoradas por dichas compañías.
Otro de los capítulos oscuros que desde APE hemos denunciado estos meses ha sido la carta que la patronal AGA (Asociación Española de Empresas de Agua Urbana) remitió a la Ministra Ribera, exigiendo que se diera marcha atrás con la prohibición de corte, porque el posible incremento de la morosidad podría tener consecuencias en las cuentas de resultados de las empresas integrantes del conglomerado. En plena pandemia, se ha hecho todavía más evidente la importancia del derecho al agua como requisito indispensable para tener una buena higiene y evitar el contagio. Sin embargo la patronal del agua, a pesar de las campañas de marketing que puedan desarrollar algunas de sus asociadas como Agbar, presionaba al Gobierno para impedir el cumplimiento de ese derecho.
Ante la negativa y oposición frontal de las grandes empresas privadas para garantizar el derecho a estos servicios básicos, demandamos urgentemente al Estado que obligue a estas empresas a hacerlo. Lo que no puede pretender el Gobierno de Pedro Sánchez es no prever ningún mecanismo para evitar que las familias se endeuden con las compañías de suministro durante la pandemia, y acabado el estado de alarma dejarlas a merced de éstas, que ya han demostrado sobradamente su falta de sensibilidad hacia las familias vulnerables. Es imprescindible que el Gobierno legisle en la línea de prohibir los cortes de manera permanente. Y además, tiene ejemplos donde mirar.
En Catalunya contamos con la Ley 24/2015, que prohíbe el corte a familias en riesgo de exclusión residencial durante todo el año. Ante el nuevo escenario a nivel estatal, no permitiremos que las grandes compañías aprovechen este momento para plantearse ningún tipo de incumplimiento. La ley catalana funciona y es efectiva, y desde APE trabajaremos y seguiremos insistiendo al Gobierno para que todas las familias vulnerables del Estado cuenten con medidas similares y que la prohibición se extienda de forma indefinida, para que ninguna familia pueda ser privada del acceso a la energía y al agua por motivos económicos.
Ahora más que nunca, ¡NI SED, NI FRÍO NI OSCURIDAD!