El Plan de Choque aprobado por el Gobierno para garantizar agua y energía durante el estado de alarma no dan respuesta a la población afectada por la crisis de la COVID-19

Mientras dure el estado de alarma, la APE reclamamos suministros garantizados y gratuitos a cargo de las propias empresas suministradoras para hogares vulnerables y/o afectadas por la crisis del coronavirus

Ayer el gobierno de Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas para superar la crisis generada por el coronavirus, incluyendo algunas específicas de pobreza energética dirigidas a garantizar el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables. En la comparecencia hecha por el Presidente no quedó nada claro el alcance de estas medidas concretas, pero en el texto del Real Decreto-ley 8/2020, publicado hoy en el BOE, hemos podido constatar que se trata de una propuesta de mínimos absolutamente insuficiente.

En primer lugar, en cuanto a la protección contra el corte del suministro de estos servicios, el RDL, en su artículo 4, establece que “Durante el mes siguiente a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, las suministradoras de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable o de consumidor en riesgo de exclusión social, definidas respectivamente en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017”. Esto se traduce en que esta protección solo incluirá a aquellas personas o familias que tengan el suministro eléctrico en el mercado regulado y no al conjunto de unidades familiares vulnerables o afectadas directamente por la crisis de la COVID-19. La definición que contempla el Real Decreto de octubre de 2017 al cual se hace referencia, contempla la obligación de contar con la tarifa regulada (PVPC) para que una persona o familia pueda ser considerada vulnerable, vulnerable severa o en riesgo de exclusión social, quedando así fuera todos los puntos de suministro que están en el mercado libre.

Lo más alarmante es que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), solo el 38% de los puntos de suministro domésticos se encuentran en el mercado regulado, por lo tanto, la gran mayoría de la población no estará protegida gracias a esta medida. De hecho en Catalunya, Endesa reconoció hace pocos meses que, de los 25.000 clientes que tiene identificados como vulnerables, menos del 30% disponen del bono social, sin contar con que muchos de ellos se encuentran muy probablemente en el mercado libre. La gran mayoría de la población no está en el mercado regulado, precisamente a causa de varias prácticas de venta puerta a puerta en que comerciales de estas empresas han pasado a la mayoría de familias al mercado libre (donde no se puede acceder al bono social ni se puede hacer valer la vulnerabilidad de la familia).

Además, hay que destacar que grandes empresas como Endesa han salido en los últimos días declarando que no cortarán la luz ni el gas a nadie mientras dure la situación de estado de alarma, incluyendo aquí a los clientes del mercado regulado y del mercado libre. Por este motivo, es inadmisible que el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que se ha vanagloriado de su carácter progresista, apruebe una medida todavía más conservadora que la de las grandes empresas del oligopolio. Aparte de esto, en el redactado del RDL no queda claro si es necesario que la familia ya disponga de los descuentos del bono social para poder acceder a esta protección, o si ya es suficiente cumpliendo con los requisitos de renta que se estipulan en el RD 897/2017. Hay muchas familias que ya están en el mercado regulado pero no han podido acceder al descuento (muy probablemente por la gran carga burocrática que implica la solicitud del bono social y que hemos criticado en numerosas ocasiones). Es urgente que el Gobierno español aclare si estos casos quedan protegidos del corte o se los deja a merced de la voluntad de las empresas.

De todos modos queremos dejar muy claro que, más allá de las medidas contempladas en este RDL, en Catalunya la Ley 24/2015 establece el principio de precaución por el cual las empresas antes de efectuar ningún corte tienen que preguntar a los Servicios Sociales municipales si aquella familia es vulnerable y, por lo tanto, no se pueden producir cortes hasta que no se compruebe que la persona no se encuentra en situación de vulnerabilidad.

En segundo lugar, el RDL, a pesar de proteger de algunos cortes, no hace ninguna referencia a qué pasa con las facturas impagadas de estas personas. Por lo tanto, una vez pase el estado de alarma, las familias se enfrentarán muy posiblemente a cortes de suministro si no pueden hacer frente, no solo a la factura de cada mes, sino también a la deuda que se les haya generado durante un escenario de confinamiento donde las facturas seguramente serán más altas.

Otra medida que establece el RDL es la ampliación del plazo de renovación del bono social hasta septiembre para aquellas personas que les vence el plazo durante estos días. Esta es una medida de mínimos, pero que detrás esconde la dificultad que tienen las familias de tramitar el bono social, debido a todas las trabas burocráticas a las que hemos hecho referencia antes. Por eso, desde la APE hemos pedido en repetidas ocasiones al Gobierno central que este bono social sea automático, como ya lo es en otros países de nuestro entorno, para agilizar el trámite a las familias y garantizar que todas las personas que cumplan los requisitos puedan acceder.

Por último, también se establece la congelación del precio regulado de las bombonas de butano y propano, de gases canalizados y de la tarifa regulada del gas natural (TUR). Esto significa a efectos prácticos que, una vez más, la protección contra las subidas solo afectará a las familias que no se encuentren en el mercado libre, permitiendo a las compañías que operan en este ámbito poder subir el precio una vez los contratos lo permitan.

Por lo tanto, y como reflexión más importante, a pesar de los cantos de sirena del Gobierno, las medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros no van dirigidas a la gente vulnerable, sino solo a las personas vulnerables que están en el mercado regulado de energía eléctrica, es decir, una minoría de la población.

Por todo esto, lo que reclamamos desde la Alianza contra la Pobreza Energética es:

  • Prohibición de cortes de agua, luz y gas para todas las personas mientras dure el estado de alarma y el confinamiento en todo el ámbito doméstico.
  • Gratuidad del servicio de agua, luz y gas para aquellas familias en situación de vulnerabilidad y los/las profesionales afectados/as por la crisis de la COVID-19 que han perdido el trabajo o no pueden trabajar y/o facturar.

Esta gratuidad tiene que ir a cargo de las grandes empresas de energía, a las cuales el Gobierno les tiene que pedir una corresponsabilidad en esta crisis. Si el Estado ha podido intervenir la sanidad privada para ponerla al servicio de la ciudadanía, debe hacer lo mismo con las empresas de servicios básicos de agua y energía y ponerlas al servicio del interés general, puesto que incomprensiblemente se les ha cedido la gestión de estos servicios básicos esenciales para la vida.

Constatamos también que a nivel estatal la prohibición del corte se ha ido incrementando poco a poco gracias a la presión de la ciudadanía y a que cada vez más hay consenso entre la opinión pública de que la energía y el agua son un derecho y no un privilegio. Primero se amplió la protección a las personas con bono social que tuvieran menores o discapacitados en la unidad familiar, y ahora a todas las familias con bono social. No obstante, desde la Alianza contra la Pobreza Energética seguiremos incidiendo hasta que la protección estatal llegue a todas las personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad.

Ahora es el momento de que el Gobierno demuestre si tiene suficiente valentía para poner las necesidades imperantes de la ciudadanía por encima de los intereses de las grandes empresas del oligopolio.

¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!