La APE presenta alegaciones a la modificación del Real Decreto sobre la tarifa PVPC del suministro eléctrico

Tal como hemos advertido, la tarifa regulada no puede estar sujeta a los vaivenes del mercado y caracterizarse por la volatilidad propia de las actividades de especulación financiera.

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética consideramos acertado que la modificación del Real Decreto plantee una reducción progresiva del vínculo entre el PVPC y el mercado diario (hasta el 55% en 2025), pero la apuesta sigue siendo demasiado tímida. Para desvincular la tarifa de la volatilidad de la especulación financiera hacen falta medidas de mayor calado: límites al precio del kWh teniendo en cuenta la cesta de la compra o la renta media familiar y topes a las variaciones máximas permitidas. Recordando que la diferencia de facturación debe repercutirse siempre en los beneficios empresariales de las grandes suministradoras y en ningún caso en las facturas de las familias usuarias.

La tarifa regulada ha sido históricamente más económica que la mayoría de las ofertas del mercado libre, por lo que carece de sentido que la mayor parte de los usuarios domésticos tengan contratada una tarifa del mercado libre. Este hecho es aún más grave en el caso de los hogares vulnerabilizados. Es necesaria una mayor transparencia en la información relativa a la tarifa regulada, y por este motivo proponemos un paquete de medidas para dar a conocer las distintas opciones disponibles y frenar los abusos de las grandes empresas.

Actualmente, las únicas compañías que pueden ofrecer la tarifa regulada y, por tanto, permiten el acceso al bono social son las comercializadoras de referencia. Por lo tanto, se debería valorar la posibilidad de que otras compañías puedan facilitar la contratación de la tarifa regulada. Con el sistema actual, las familias con menores rentas y mayores dificultades económicas deben elegir forzosamente aquellas compañías que peor tratan a sus usuarias. La apertura de la tarifa regulada a otro tipo de eléctricas permitiría un beneficio inmediato para los hogares vulnerabilizados y una menor concentración de la cuota de mercado por parte de las compañías del oligopolio.

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