Nuestras demandas: no cortar a familias vulnerables pasado el estado de alarma y condonar su deuda
El presidente de la compañía y su secretario nos han respondido en directo
Barcelona, 26 de mayo de 2020
Hoy ha tenido lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas del grupo Naturgy por vía exclusivamente telemática debido a la situación de crisis sanitaria que estamos atravesando. De nuevo, en este caso, y como parece que el sector empresarial está cogiendo por costumbre en tiempos de pandemia, las preguntas dirigidas al Consejo de Administración no se han podido hacer en directo durante el transcurso del encuentro sino que solo se podían transmitir por escrito. Aun así, desde la APE hemos creído imprescindible participar y trasladar nuestras demandas, tal y como hicimos en la junta del año pasado.
El discurso, dirigido al Consejo de Administración y a sus accionistas, se ha centrado en trasladarles que la política de la compañía en relación con la vulnerabilidad energética, más allá de una excelente campaña de marketing, no es efectiva. En nuestras demandas hemos apelado primero a que la compañía mantenga la prohibición de cortes a familias en situación de vulnerabilidad una vez pasado el estado de alarma, sin ningún tipo de condicionantes. Simplemente que ninguna familia se vea privada de su suministro de luz y gas por el hecho de no poder pagar sus facturas.
En segundo lugar, les hemos reiterado que la política de aplazamiento o fraccionamiento de los pagos no es una solución efectiva para las familias. Así hemos reclamado que en lugar de repartir 1.330 millones de euros de beneficios en dividendos, como han hecho entre junio de 2019 y marzo de 2020, dediquen esa fortuna a condonar las deudas de sus clientes vulnerables.
En tercer lugar, hemos exigido un nuevo enfoque en su plan de vulnerabilidad energética si realmente les preocupan las familias vulnerables, para que no solo aumente su presupuesto sino que además lo dedique a asegurar el suministro a las familias vulnerables, así como a condonar las deudas para que las familias dejen de sufrir para poder pagar sus facturas.
Una vez finalizada la intervención inicial del presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, con el apoyo del secretario, Manuel García Cobaleda, han procedido a responder a las preguntas de los accionistas, entre las cuales la de la APE. La respuesta por parte de la compañía se ha limitado en gran medida a trasladar toda la responsabilidad a la Administración pública.
Respecto a la posibilidad de alargar la prohibición de corte más allá del estado de alarma se ha remitido a que debe ser el gobierno quien tiene que regular esta cuestión. Es decir, a hacernos creer que Naturgy no tiene la potestad de decidir no impulsar ningún corte a un cliente debidamente acreditado como vulnerable porque es el Estado quien debe establecer esa prohibición. Lógicamente, se trata de un argumento falso, porque cualquier compañía puede mantener una política concreta en materia de cortes que vaya en la línea de garantizar el suministro a todos sus clientes vulnerables, a pesar de que existan impagos.
Así, la principal justificación para no desarrollar un protocolo como éste es, en palabras del secretario, que la mayoría de los accionistas de Naturgy son “jubilados que complementan su pensión” y por tanto, con sus más de 1.430 millones de euros de beneficio neto en 2019, no podrían llevar una política garantista en este sentido porque perjudicarían a sus accionistas. Según García Cobaleda, se trata de “balancear distintos intereses”, y que al igual que hay clientes, también hay accionistas. Desde la APE nos oponemos frontalmente a este argumento: aquí no hay distintos intereses, aquí lo que hay son los derechos básicos de miles de familias vulnerables que viven constantemente bajo la amenaza de un corte, y una compañía con tal nivel de beneficios debe tener el compromiso inequívoco de respetar dichos derechos. En todo caso, como ya hemos indicado antes, para la compañía es una cuestión que debería resolver la Administración.
Por último, en cuanto a la posibilidad de ampliar el presupuesto de la compañía dirigido a fines sociales, el secretario ha justificado que, aparte de sus obligaciones legales, destinan también parte de sus beneficios a estos objetivos, firmando convenios de colaboración con municipios y entidades. Sin embargo, casi cinco años después de su entrada en vigor, seguimos esperando que Naturgy se siente en la mesa de negociación de los convenios que derivan de la Ley catalana 24/2015 y que la compañía ha torpedeado en cualquier posible ocasión. Seguramente su negativa a sentarse a negociar con la Generalitat es que el punto de partida, gracias a la presión ejercida desde la calle, es la condonación de la deuda acumulada desde la entrada en vigor de la ley.
Naturgy ha centrado gran parte de su Junta de accionistas a vanagloriarse del papel de la compañía durante la crisis sanitaria y su compromiso con la sociedad. Si ese compromiso fuese real, no le temblaría el pulso a comprometerse a garantizar el suministro a familias vulnerables y cubrir su coste. Desde la APE no dejaremos de señalar a empresas como Naturgy hasta que no haya ninguna familia afectada por cortes de suministro y deudas impagables.
¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!