Los puntos de asesoramiento energético (PAE) de Barcelona, pioneros en Cataluña, están infradotados y tienen esperas de hasta 4 meses
El aumento de presupuesto anunciado por la concejala, si no se complementa, dejaría a los PAE en la misma situación que en 2017, a pesar de un aumento del 80% de los hogares atendidos
La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) se reunió hoy con la segunda teniente de Alcaldía y concejala del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugenia Gay, para trasladarle su preocupación respecto al futuro de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) y compartir sus propuestas de mejora, entre las que se encuentran la reversión de los recortes que el servicio sufrió en 2022 y el aumento de su presupuesto en un 20% hasta los 2,2 millones de euros anuales. La reunión ha tenido lugar pocas semanas antes de que se publique un nuevo pliego de condiciones para su gestión, que tendrá un efecto directo sobre la calidad del servicio en los próximos dos años.
Como se ha denunciado anteriormente, los PAE se encuentran en una situación extremadamente difícil. Aunque el número de hogares atendidos no ha parado de crecer desde su creación (concretamente, un 80% de 2016 a 2023), el presupuesto asignado se ha visto reducido. De esta forma, de un presupuesto anual de 1,8 millones de euros en 2017 se pasó a 1,5 millones en 2023. Este recorte ha tenido un impacto directo en la calidad del servicio que más adelante se desarrollará.
Con este contexto, la concejala anunció el pasado mes de noviembre en la comisión correspondiente que la intención del equipo de gobierno era aumentar el presupuesto para que, en sus palabras, se permitiera “incorporar el nuevo marco laboral del convenio de acción social, […], ampliar jornadas de los trabajadores y trabajadoras, consolidar la centralita y centrar y ampliar horas en atención directa, el asesoramiento y el acompañamiento”.
Pese a este compromiso, la concejala añadió a continuación que la idea era que los planes de empleo para sus profesionales, que permiten la contratación de personas en situaciones de especial dificultad de acceso al mercado laboral y que actualmente gestionan las entidades sociales a cargo de los PAE, se internalicen en Barcelona Activa y de esta forma se ganen 0,3 millones anuales para el servicio. Pues bien, la realidad es que si el Ayuntamiento se queda simplemente con esta fórmula y no se aumenta el presupuesto total, los PAE se quedarían con la misma cuantía neta (es decir, restando los planes de empleo) que en 2017, 1,5 millones anuales, a pesar de que el número de hogares atendidos ha sufrido un incremento del 80% respecto a entonces.
Infradotar el servicio ha tenido consecuencias, tal y como se ha advertido antes. Los PAE fueron concebidos en su inicio como un equipamiento dirigido al conjunto de la ciudadanía, donde cualquier persona pudiera dirigirse para resolver dudas sobre suministros básicos y recibiera un asesoramiento para optimizar sus facturas. Asimismo, también buscaba la protección de los colectivos vulnerabilizados, ayudando en la tramitación de los informes de riesgo de exclusión residencial que protegen a estos del corte en caso de impago o el acceso al bono social eléctrico. Con el presupuesto actual, que en 2022 obligó a reestructurar la plantilla y perder 2 coordinadores de territorio y 8 agentes energéticos, el tiempo de espera se ha multiplicado exponencialmente y, a día de hoy, en distritos como Nou Barris, una familia puede esperar unos 4 meses para tramitar una ayuda indispensable como es el bono social. Además, cabe advertir que, según los últimos datos disponibles, sólo un 10% de las personas que sufren pobreza energética en la ciudad se dirigen al servicio.
Por este motivo, la ampliación de presupuesto no sólo puede compensar el recorte de 2022, sino que debe ser más ambiciosa a fin de ofrecer los recursos necesarios para reducir las listas de espera y que los PAE sean un servicio de prevención y no sólo de reacción o urgencia, como son hoy en día. Por ello, la APE entiende que el Ayuntamiento debería revertir el recorte de 2022 y añadir un aumento del 20% en el presupuesto anual hasta los 2,2 millones de euros, cifra que no sólo permitiría ampliar la jornada laboral de las trabajadoras, tal y como indica la concejala, sino ampliar significativamente el número de personas que forman el equipo, tanto de la centralita como de los agentes energéticos destinados a cada territorio.
En la reunión de hoy, en la que también han participado los Comisionados de Vivienda, Joan R. Riera, y de Acción Social, Sonia Fuertes, la APE también ha trasladado la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de los PAE −incluyendo una cláusula en los pliegos que puntúe mejor aquellas candidaturas que remuneren por encima de lo que marca el convenio de acción social−, así como el compromiso por parte del Ayuntamiento de evaluar objetivamente el funcionamiento de los PAE al cabo de un año de haber entrado en vigor el nuevo concurso.
El Ayuntamiento de Barcelona no puede mirar hacia otro lado en lo que se refiere a la lucha contra la pobreza energética ante los cambios previstos en el contexto energético durante este 2024, con la subida de impuestos en la factura, como el IVA o el impuesto eléctrico, o la incertidumbre frente al futuro del escudo social (vigente hasta el 30 de junio). El PSC, como el resto de grupos municipales, se comprometieron antes de las elecciones a consolidar los PAE como estructura de ciudad, dotándoles de mayor presupuesto. Ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos, en una decisión que puede marcar los próximos dos años de miles de familias en toda la ciudad.