Como cada dos semanas, la Alianza contra la Pobreza Energética nos reunimos en el local de la FAVB para realizar un asesoramiento colectivo contra la pobreza energética
José, de Barcelona, pudo empadronarse y dar de alta los servicios básicos, con el apoyo del PAE, en la vivienda que ocupaba en situación de precariedad. Actualmente, dispone de un contrato con Naturgy, pero debe dejar el piso y, en consecuencia, rescindirlo. El procedimiento le genera dudas, pero una compañera que ha pasado por una situación similar de desistimiento de contrato le confirma que es necesario formalizar la renuncia por escrito y enviarla al correo electrónico indicado por la compañía.
Yasyn, de Manresa, asiste por segunda vez al asesoramiento colectivo en representación de su madre. Han recibido una factura de 8.000 euros correspondiente a una derivación irregular. Dado que no tenían conocimiento previo de esta situación, se les recomendó comunicarlo a Endesa mediante reclamación formal. Asimismo, vuelve al asesoramiento porque la compañía ha desestimado la reclamación presentada. Ante esta respuesta, se le proponen dos vías alternativas: por un lado, reclamar a e-distribución la exención de la sanción, dado que el contador es responsabilidad de la distribuidora, y comunicar a Consum que ha realizado esta reclamación. Una vez que la reclamación entra en Consum, se congela su expediente hasta que se resuelva. Por otra parte, una segunda opción sería solicitar una reducción del importe de la multa. En este segundo caso, la normativa establece que, si no existe una forma objetiva de calcular el consumo, la compañía puede estimar el coste de las facturas pendientes aplicando un consumo de seis horas diarias a la potencia máxima contratada. Sin embargo, en su caso, dado que la situación se regularizó en cuanto tuvieron conocimiento, sí existe un criterio objetivo de cálculo, basado en las últimas facturas abonadas. Entre ambas soluciones, Yassin opta por la primera opción, reclamando a la distribuidora, ya que la otra opción significaría asumir la culpa de la derivación.
Eugenia, de Barcelona, explica que e-distribución envió una carta a su madre diciendo que iban a sustituir el contador de luz. Le preocupa que, en la carta, la compañía dice que si no se facilita el cambio, le cortarán el suministro. Le decimos que el cambio posiblemente se trata de un procedimiento técnico, y que lo que le pide la carta es que facilite el acceso al contador, puesto que no se encuentra accesible para los operarios. Además, para estar más tranquila, puede llamar al número facilitado en la carta.
Lucía, de Terrassa, se encuentra en una situación similar a la de Yassin. En su caso, compró un piso en el 2019 sin saber que tenía instalada una derivación en el contador. El año pasado un técnico fue a realizarle una inspección y reconoció una anomalía. Cuando lo supo, regularizó la situación pero hace dos semanas recibió una sanción de Endesa de 6.500 euros. Ella es madre soltera y sin ingresos, así que no puede pagar ese dinero que le imponen. Ella ya ha querido realizar una reclamación de la distribuidora por teléfono, pero no le contestan. También ha elevado la queja a Consum. En primer lugar, le recomendamos que se pase a Energía XXI y pida el bono social. Con esto tendrá un descuento en la factura y estará protegida de los cortes de suministro. Una vez tenga el bono social, estudiaremos las diferentes reclamaciones conjuntamente y la acompañaremos en el proceso de denuncia. En su caso, lo que más le interesa es reducir el coste de la sanción.
Samira, de Hospitalet, hace tiempo que recibe acoso por una deuda, pese a ser vulnerable. El acoso paró un poco después de una denuncia que hicimos con la síndica, junto a una campaña de comunicación por medios. Sin embargo, el acoso ha vuelto a empezar. Enviaremos un correo a Endesa para insistir en la finalización del acoso.
A Elsa, de Hospitalet, la desalojaron, pero le ha llegado una factura de agua de 700 euros del lugar donde vivía. La compañía de agua le pidió que no se diera de baja porque así le cambiarían el contador de domicilio y, así, no debería pagar el alta, lo que no puede ser. Si no hay cambio de nombre, debe darse de baja. La echaron en julio del año pasado y ahora hay otra gente viviendo en ella. Por eso, le recomendamos que envíe una carta de reclamación a Agbar adjuntando la orden de desalojo, evidenciando que ella no vive allí y que, por tanto, no debe pagar la factura. Además, también nos explica que está recibiendo acoso por una deuda de la luz con Endesa. Como en el caso anterior, reclamaremos a Endesa que no pueden reclamar deuda a personas con el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial.
Gina está en el mercado libre tanto de luz como de gas. En el caso de la luz, le cobran una cuota muy elevada por conceptos que no ha contratado. En el caso del gas, también le llegan facturas muy altas. La primera recomendación es que se pase al mercado regulado tanto de luz como de gas. Ella tiene el IRER y, por tanto, puede llevarlo a Endesa para pedir el bono social y pasar el gas a Energía XXI.
El caso de Naima, de Hospitalet, está igual: está embarazada y lleva desde abril sin agua. No tiene el IRER porque los criterios se corresponden al año anterior. Ahora su situación es muy difícil, pero desde servicios sociales no la están ayudando. De hecho, la trabajadora social le recomendó enganchar el agua con una vecina de su edificio, la vecina accedió a ayudarla, pero la han denunciado y ahora no tiene agua. Es un problema que perdura en el tiempo pero no se está obteniendo respuesta desde servicios sociales. Continuaremos haciendo presión y, si es necesario, levantarlo a responsables políticos de Hospitalet.