APE y Fundación Finanzas Éticas, de nuevo unidas en la Junta de Accionistas de Endesa

Las dos entidades hemos participado por segundo año consecutivo en el encuentro anual de accionistas

En él, hemos denunciado ante el Consejo de Administración los cortes en los barrios y el acoso que sufren las familias vulnerabilizadas con deudas

Barcelona, 30 de abril de 2021

Aprovechando la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021 de Endesa, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Fundación Finanzas Éticas hemos vuelto a unir fuerzas para denunciar ante el Consejo de Administración de la energética las vulneraciones de derechos perpetradas por la compañía durante el último ejercicio. Como ya pasó el año pasado, la junta se ha celebrado de forma exclusivamente telemática y nuestra intervención ha consistido en una serie de preguntas leídas y respondidas por la propia empresa.

Las dos entidades, colaborando con plataformas vecinales y entidades como Sant Roc Som Badalona, la AV La Traiña (Almería) o #NoMásCortesGranada, lanzamos la semana pasada la campaña #EndesaIrresponsable a través de la cual hicimos pública una carta dirigida a los accionistas de la empresa para que votaran en contra de dos puntos del orden del día: el Estado de Información no Financiera y Sostenibilidad y la gestión social correspondientes al ejercicio anual 2020.

Entre los motivos, dos ejemplos clarísimos de las vulneraciones de derechos que la compañía ha cometido durante el último año. En primer lugar, la situación en muchos barrios de todo el Estado, que teniendo a Endesa como su compañía distribuidora, llevan padeciendo cortes de suministro constantes debido al mal estado de las líneas. Las familias afectadas, muchas de ellas con menores o personas dependientes, no pueden desarrollar actividades cotidianas como cocinar, calentar sus hogares, ducharse con agua caliente, tomar el ascensor y, en el peor de los casos, abastecer de energía los equipos médicos que necesitan para mantenerse con vida.

Los barrios afectados por la dejadez de e-distribución (Grupo Endesa) son el Distrito Norte y Haza Grande (Granada), la Font de la Pólvora (Girona), la Chanca-Pescadería, el Puche, Piedras Redondas, los Almendros, Casco Viejo, Quemadero y Fuentecica (Almería), San Juan (Jaén), Sant Roc (Badalona), Su Eminencia, Polígono Sur, San Jerónimo, partes de Pino Montano, las Candelarias y Torreblanca (Sevilla), Torre Baró, la Trinitat Nova y el Raval (Barcelona) o el Culubret (Figueres).

Hasta ahora, Endesa no ha hecho frente a la situación de una forma efectiva, escudándose a menudo en conexiones irregulares como la causa principal de todas las interrupciones. Además, en demasiadas ocasiones ha actuado tarde y ha dejado a muchas familias durante más de cinco horas sin suministro y en algunos barrios, como el del Puche en Almería, llevan más de 3 meses seguidos sin luz. Sea por el motivo que sea, el hecho es que Endesa no da un servicio digno a sus usuarios en estos barrios. Por ello, hemos exigido ante el Consejo de Administración de Endesa que la compañía tome las siguientes acciones:

  • Actualización y buen mantenimiento de la red a cargo de la compañía.
  • Actuaciones rápidas y efectivas: sectorializaciones de la red, instalación de generadores, etc. Ninguna solución será completa si una sola vecina sufre un corte en su casa.

En segundo lugar, hemos aprovechado la Junta de Accionistas para denunciar otro problema histórico de Endesa: la gestión de las facturas impagadas de familias vulnerabilizadas. Muchas de ellas son víctimas de las prácticas agresivas y acosadoras de terceras empresas a las que la compañía cede la tarea de recobrar esos impagos. Sociedades y despachos de abogados como DPS Consulting o Medina Cuadros persiguen a las personas con impagos con recurrentes mensajes, llamadas telefónicas y cartas con un lenguaje confuso y amenazas de emprender acciones judiciales.

Desde APE hemos denunciado ya esta situación, siendo el caso más paradigmático el de Yolanda, una vecina de Cubelles (Barcelona), que recibió la llamada de una persona que se hizo pasar por funcionario judicial para cobrar la supuesta deuda pendiente con Endesa, amenazando con embargar todas sus cuentas y cualquier prestación social que ingresara. Ante este tipo de prácticas, el pasado mes de julio presentamos una querella contra la empresa de recobros y el caso se encuentra actualmente en fase de instrucción, habiendo citado la jueza a dos personas como investigadas.

Por ello, en el marco de la Junta de Accionistas, hemos exigido a la compañía lo siguiente:

  • No externalizar la gestión de la deuda de familias vulnerabilizadas.
  • Crear unidades especiales con una formación específica para atender a las personas que sufren pobreza energética.

A pesar de los obstáculos (en la pasada Junta se aprobó una modificación de los Estatutos Sociales de la empresa para prohibir la asistencia al encuentro a cualquier entidad o persona que no dispusiera de un mínimo de 100 acciones), las dos entidades hemos podido trasladar de nuevo el sentir de todas aquellas familias a las cuales Endesa quiere ver calladas. Ante cualquier vulneración de derechos perpetrada por la compañía, alzaremos la voz para denunciarla y exigir cambios en sus políticas empresariales. En las próximas horas podréis acceder a través de nuestras redes sociales al momento en el que se han leído nuestras preguntas y la respuesta ofrecida por la energética.