En el último asesoramiento colectivo del año, seguimos apoyándonos para afrontar la pobreza energética y aprovechamos para despedirnos hasta el siguiente asesoramiento, que será el 7 de enero
En primer lugar, Mari Carmen, de Martorell, nos cuenta un caso. Un conocido suyo no ha pagado la luz durante siete meses por un error. En consecuencia, ayer le llegó un aviso de impago. Desgraciadamente, al carecer del Informe de Riesgo de Exclusión Residencial (IRER) y, por tanto, no es vulnerable, la Ley 24/2015 no lo protege. Le recomendamos que intente negociar con la compañía o bien un fraccionamiento.
Joan, de Hospitalet, nos actualiza de los avances en su caso. La semana pasada nos explicó que había recibido una multa por conexión irregular, aunque tiene contrato. Alegó a la distribuidora que no reconocen la anomalía detectada, pero todavía no ha recibido respuesta. Si no la recibe en un mes, pondrá una reclamación en Consum.
Caspiri, de Barcelona, lleva una semana sin luz en su local social. El propietario del local les alquiló el espacio de forma ilegal, ya que éste carecía de contador. Verbalmente, les dijo que lo iba a arreglar, pero no ha querido asumir el gasto de arreglar la conexión. Por eso, para tener luz tuvieron que realizar una conexión irregular. En una inspección, Endesa encontró la anomalía y la desconectó. Para resolver el problema, es necesario que el propietario se haga cargo de la regularización de la conexión. Toda la comunicación con el propietario debe ser escrita y debe presionarse para que se haga cargo del acondicionamiento del espacio.
Lídia, de Barcelona, vuelve por tercera vez al asesoramiento. Vino porque recibía facturas de la luz muy elevadas. Se había cambiado al mercado libre. Una opción era pasarse a una tarifa plana, y ha vuelto para contarnos que, después de hacerlo, le llegan facturas menores. Además, hoy le recomendamos que reduzca la potencia contratada. Esto hará que reciba facturas con un importe aún menor.
Maribel, de Gavà, también ha vuelto para contarnos cómo continúa su caso. Le llegan facturas estimadas de luz muy elevadas. Una solución es tomar una foto del contador con la lectura real y enviarla, pero ya lo ha hecho. Por el momento esperará la respuesta, que está en tramitación. Por su parte, del gas le llegan dos facturas mensuales. No sabía el porqué, pero resolvemos que una pertenece a la cancelación de la permanencia. Como el cambio fue al mercado regulado para acceder al bono social, le decimos que no debería pagar esta segunda factura.
A Aziz, de Barcelona, al que ya acompañamos al Punto de Asesoramiento Energético (PAE), le siguen llegando avisos de deuda acumulada. Le decimos que al tener el IRER, está protegido por la Ley 24/2015 y no pueden hacerle ningún corte de suministro. Las compañías intentan presionar para que la gente vulnerable pague, pero en Catalunya la energía es un derecho. Lo único que debe hacer es renovar el IRER anualmente.
Precisamente, Margarida, de Barcelona, ha recibido una llamada del PAE porque había pedido cita para renovar su IRER. Le han comunicado la documentación que debe llevar para poder actualizarlo. Nos informará el próximo mes sobre los avances.
Jamila, de Hospitalet, se cambió de domicilio a principios de agosto. En la nueva vivienda, a través de servicios sociales, pudo dar de alta la luz muy rápidamente, pero tiene problemas con la luz. Ella tenía ya el bono social, pero le han pedido volver a iniciar todo el proceso. Por último, lo ha conseguido, pero dicen que le caduca en el 2027. El próximo día traerá todas las facturas y documentación para que revisemos la información.
A Chaima, de Hospitalet, servicios sociales le está negando su derecho al agua. Aunque tiene derecho a ello, servicios sociales no le están aplicando las medidas de protección pertinentes. Desde APE nos pusimos en contacto con servicios sociales y hemos realizado una pequeña campaña comunicativa, pero todavía no se han dado por aludidos. Continuaremos haciendo presión porque su situación es inadmisible: está embarazada de nueve meses y lleva desde abril sin agua.