Las multas contra personas vulnerabilizadas que recojan agua de las fuentes estigmatizan y son contrarias a los derechos humanos
El alcalde Xavier Fonollosa se alinea con los postulados de la extrema derecha y obvia que la ocupación es un problema estructural
La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) quiere denunciar la aberrante decisión del Ayuntamiento de Martorell de multar a aquellas personas que recojan agua de las fuentes públicas por su colisión con los derechos humanos y específicamente con el derecho humano al agua. La medida, aprobada inicialmente por el pleno municipal el pasado 17 de noviembre, es ilegal y contraria a los principios de un Estado social y democrático. Por este motivo, la APE apoyará todas las acciones de denuncia e impugnación legal de la misma.
El alcalde Xavier Fonollosa y los grupos municipales de Junts y PSC-CP han emprendido una cruzada contra la ocupación, haciéndose suyos los postulados de la extrema derecha. El pleno dio el primer paso para modificar la ordenanza de convivencia ciudadana para prohibir el uso de las fuentes públicas «por acumular agua, utilizando garrafas, botellas o utensilios de cualquier tipo que permitan su almacenamiento». Las multas asociadas podrían oscilar entre 100 y 750 euros.
Con este cambio, y según las palabras del propio alcalde, se quiere «hacer la vida más difícil» a las personas que ocupan una vivienda sin título habilitante. La medida se suma a las trabas para empadronarse de este colectivo, por órdenes directas del alcalde, que ya ha sido demandado por la vía judicial por esta cuestión, demostrando una clara voluntad de discriminación hacia las personas más vulnerabilizadas.
Ésta es la clave de la problemática. El alcalde Fonollosa cree que las personas que ocupan lo hacen por voluntad propia y por ganas de vivir de rentas. La realidad es mucho más compleja y nos muestra la ocupación como un síntoma de un modelo de acceso a la vivienda fallido y de décadas de políticas ineficaces y en muchos casos inexistentes. Ante este contexto, el posicionamiento de la APE, así como de muchos municipios en Cataluña, es favorable a garantizar derechos y no a restringirlos. En este sentido, en 2015 se impulsó la facultad de instalar contadores sociales de agua en hogares en situación de ocupación en la que hubiera una vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales. En los cinco primeros años de funcionamiento del mecanismo, en toda Cataluña se instalaron más de 1.000 en 27 municipios distintos.
Ésta es la manera de afrontar los retos derivados del principal problema del país según la ciudadanía catalana, de acuerdo con los datos del último Barómetro de Opinión Política del CEO: el acceso a la vivienda. Por este motivo, la APE se muestra abierta a colaborar con la recién creada Alianza por el Acceso al Agua de Martorell y con todas aquellas organizaciones y entidades que están del lado de la población más vulnerabilizada, con el fin de frenar la aprobación definitiva de la modificación normativa o bien impugnarla si ésta acaba produciéndose.
¡En Martorell y en todas partes, defendamos el derecho humano al agua!