La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) es un movimiento social que nace en 2014 para luchar por garantizar el acceso universal a los servicios básicos de agua y energía, ejerciendo presión sobre la Administración para que garantice estos derechos, y sobre las grandes empresas suministradoras para que asuman su responsabilidad en esta lacra.
Pobreza Energética
La pobreza energética en España es una realidad para un 11% de la población, que se encuentra con dificultades para mantener su casa a una temperatura adecuada los meses fríos y cálidos y hacer frente al pago de las facturas de la luz, el gas o el agua.
Esta problemática ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero en los inicios de la APE se hablaba de cortes de electricidad que afectaban a más de 1,4 millones de familias en 2012. Ese año, los cortes de agua en el área Metropolitana de Barcelona, se triplicaron respecto al 2011, llegando a más de 72.000 casos.
Son demasiadas las familias que se ven obligadas a decidir entre pagar la hipoteca, la energía y el agua o alimentar a sus niños, y eso sin contar el colectivo de personas a las que, por motivos de salud, un corte en el suministro pone en grave peligro su vida.
A pesar de todo ello, el oligopolio energético ‒Endesa, Gas Natural-Fenosa (ahora Naturgy), Iberdrola, EON España (Repsol) y EDP‒ y AGBAR, lejos de sufrir la crisis, aumentan sus beneficios año tras año y no dudan en incrementar tarifas: la electricidad ha subido un 66,8% entre 2008 y 2018 y el agua se ha encarecido un 65% entre 2008 y 2015.
Con la entrada en vigor de la Ley 24/2015, impulsada mediante una ILP por la APE, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y el Observatorio DESC, la situación en Catalunya ha cambiado radicalmente, experimentando un gran descenso en el número de cortes de suministro. Aun así, todavía hay retos por delante, como el cumplimiento íntegro de la ley, la condonación de la deuda de las familias afectadas por parte de las grandes compañías, y la regularización de los servicios para familias que están ocupando en precario, entre otros.
Principios
Tanto a las suministradoras de energía y agua como a las administraciones públicas, les exigimos:
- Acceso universal al agua y a la energía. Toda familia, aunque no pueda pagar, debe tener garantizado el acceso a los suministros, que le permita vivir con dignidad.
- Detener los cortes indiscriminados. Que las administraciones ejerzan su papel de garantes de los derechos humanos y no dejen esta decisión a las empresas suministradoras.
- Que todos los costes de velar por estos servicios básicos sean asumidos por las propias compañías con sus multimillonarios beneficios: ante todo están las personas. Exigimos responsabilidades.