La Alianza contra la Pobreza Energética e Ingeniería Sin Fronteras han presentado hoy, en el Colegio de Periodistas, el informe que ha elaborado el despacho especializado Samso que concluye que existen vías concretas para implementar esta medida
Hoy se ha presentado el Informe sobre el suministro de energía eléctrica como instrumento de protección social frente a la pobreza energética, que concluye que existen vías jurídicas para regularizar el suministro eléctrico de hogares vulnerabilizados que no pueden acreditar un título habilitante sobre la vivienda. Como respuesta inmediata, propone convenios entre la Administración y las comercializadoras de referencia.
Al acto, organizado por la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e Ingeniería Sin Fronteras (ISF) en el Colegio de Periodistas de Cataluña, han asistido representantes del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, de las entidades que gestionan los Puntos de Asesoramiento Energético de Barcelona, y de la Mesa del Tercer Sector, entre otras.
«Según la normativa europea, la pobreza energética ya no se limita a la dificultad para pagar las facturas, sino que incluye también el acceso al suministro», ha explicado Laura Presicce, profesora de Derecho Administrativo en la UOC y supervisora del informe.
La crisis de la vivienda está agravando las situaciones de vulnerabilidad y dificultando el acceso a un suministro eléctrico regular para muchos hogares. En algunos casos, personas y familias que viven en viviendas ocupadas se encuentran sin posibilidad de contratar legalmente la electricidad y se ven abocadas a recurrir a conexiones irregulares para poder disponer de un servicio esencial.
Esta situación no solo vulnera el derecho a una vivienda digna y el acceso a los suministros básicos, sino que también comporta riesgos graves para la seguridad de las personas. «La pobreza estructural, la emergencia energética y los desahucios generan un escenario de riesgo letal que los bomberos vemos día a día en nuestras intervenciones», ha alertado Antonio del Río, sargento del cuerpo de Bomberos de la Generalitat y secretario de UGT-Bombers, que ha defendido que los contadores sociales de emergencia ayudan a evitar accidentes e incendios.
Hasta finales de 2025, un convenio de Endesa con la Generalitat de Catalunya preveía la instalación de contadores sociales de emergencia en estos casos, siempre que Servicios Sociales acreditara la situación de vulnerabilidad y un instalador homologado acreditara el buen estado de la instalación eléctrica. Sin embargo, en cuatro años solo se instaló un centenar de contadores sociales en toda Cataluña.
Una de las principales dificultades fue que el procedimiento impuesto por Endesa no coincidía con lo previsto en el convenio e impuso otro más exigente para la administración local, alegando una falta de seguridad jurídica. En todo momento, el Departamento de Derechos Sociales dio por bueno el relato de Endesa y no se hizo ningún esfuerzo por encontrar una solución que pudiera satisfacer a todas las partes.
Ante la dejadez por parte de la Generalitat, la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingeniería Sin Fronteras encargaron un informe para analizar el marco jurídico vigente y formular vías concretas para implementar esta medida, ofreciendo garantías tanto a la Administración como a las compañías suministradoras.
El informe articulado por Samso propone varias vías de trabajo complementarias. Por un lado, propone un convenio entre la Administración y las comercializadoras de referencia, que establezca un procedimiento específico para los suministros de emergencia, así como la regulación de la calidad de la atención de estas empresas. Por otra parte, una vía de reforma estatal que plantea modificar la Ley del Sector Eléctrico y sus reales decretos, para crear oficialmente las figuras del «suministro de emergencia» y del «justo título asistencial».
Josep Babot, que ha intervenido en nombre de la APE y ESF: «Reclamamos a la Generalitat que impulse las medidas necesarias para hacer efectivo este mecanismo y garantizar el derecho a la energía de los hogares en situación de vulnerabilidad. Hay que garantizar que ninguna familia tenga que escoger entre vivir a oscuras o asumir los riesgos de una conexión irregular.»
Para más información, puede consultar el resumen ejecutivo o el informe completo.