La decisión del TC supone un nuevo ataque a los derechos básicos, favorece los intereses del oligopolio energético y debilita las herramientas que han protegido a miles de familias frente a la pobreza energética
La decisión del Tribunal Constitucional de limitar la protección contra los cortes de suministro prevista en la Ley 24/2015 pone en riesgo una de las principales herramientas de protección frente a la pobreza energética en Cataluña. Una vez más, como ya ocurrió con parte de las medidas de vivienda de la misma ley, el Tribunal Constitucional se posiciona del lado de los intereses de las grandes compañías del oligopolio energético y vuelve a limitar la capacidad de Cataluña para legislar y proteger derechos sociales ante una emergencia que sigue afectando a miles de hogares vulnerabilizados.
La Ley 24/2015 ha demostrado ampliamente su eficacia. Solo durante sus primeros cinco años permitió evitar más de 200.000 cortes de suministro en Cataluña, protegiendo así a cientos de miles de personas de una situación de vulnerabilidad extrema. Hablamos de una ley que ha salvado vidas y que ha sido una herramienta imprescindible frente a un modelo energético injusto, especulativo y en manos de unas pocas empresas que acumulan beneficios millonarios, mientras muchas familias no pueden garantizar el acceso a servicios básicos como la luz, el agua o el gas.
La fuerza de la Ley 24/2015 no solo se refleja en las cifras de cortes evitados. Gracias a la presión social y a la capacidad organizativa de los movimientos sociales, esta ley también permitió forzar a grandes empresas, como Endesa y Agbar, a firmar convenios que incorporaban mecanismos de condonación de deuda. En el caso de Endesa, alrededor de 41.000 hogares se han beneficiado de estas medidas. Estos datos evidencian que la ley no solo es necesaria, sino que ha funcionado y ha obligado a las grandes suministradoras a asumir su responsabilidad frente a la pobreza energética.
El Tribunal Constitucional ignora deliberadamente el contexto político, social y democrático en el que nació esta norma. La Ley 24/2015 es una conquista colectiva impulsada por los movimientos sociales a través de una ILP que recogió más de 150.000 firmas y que fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya. Que una ley avalada socialmente, aprobada sin ningún voto en contra y demostrada efectiva durante más de diez años pueda ser desmantelada de esta manera, envía un mensaje muy grave a la ciudadanía: que incluso los consensos sociales más amplios pueden quedar subordinados a los intereses económicos de las grandes empresas.
Las consecuencias de esta decisión no son abstractas ni simbólicas. El Tribunal Constitucional toma una decisión jurídica con efectos muy concretos sobre la vida de las personas: familias que pueden quedarse sin luz, agua o gas. No podemos permitir más víctimas por pobreza energética ni olvidar casos como el de Rosa de Reus, que murió después de que le cortaran el suministro eléctrico. En pleno 2026, es inadmisible que haya personas obligadas a escoger entre comer o encender la calefacción, mientras las grandes energéticas continúan incrementando sus beneficios.
Acciones urgentes para evitar nuevos cortes
Ahora mismo, en Cataluña hay 197.867 hogares que disponen de bono social y que, por tanto, están protegidos frente a los cortes en caso de impago. Sin embargo, esta protección depende de la moratoria estatal, el llamado escudo social, que si nada cambia, finaliza el 31 de diciembre de 2026.
Además, diversos estudios alertan de que el bono social ni de lejos llega a todos los hogares que lo necesitan. Según un estudio de ESADE y Oxfam Intermón, Cataluña es la tercera comunidad autónoma del Estado con mayor margen respecto a posibles hogares que podrían beneficiarse del Bono Social Eléctrico y que actualmente no acceden a él: cerca del 80% de los potenciales beneficiarios quedan fuera del sistema, solo por detrás de Canarias y Cantabria. Esto significa que decenas de miles de familias en situación de vulnerabilidad pueden quedar completamente desprotegidas ante esta sentencia.
Para entender el impacto real de la sentencia del Tribunal Constitucional será necesario saber cuántos de los hogares protegidos hasta ahora por la Ley 24/2015 no disponen de bono social. Esta información, a día de hoy, no es pública, y eso aumenta todavía más la preocupación ante las consecuencias que esta resolución puede tener sobre miles de familias.
En esta misma línea, datos facilitados por Endesa muestran que el 86,81% de los hogares con IRER ni siquiera inician los trámites para solicitar el bono social, lo que evidencia las enormes barreras administrativas y de acceso existentes y refuerza la necesidad urgente de desplegar mecanismos de protección automáticos y efectivos.
Ante esta situación, el Departament de Drets Socials debe dar un paso adelante. Le reclamamos que elabore una hoja de ruta para afrontar el nuevo escenario y que aproveche el espacio de la Mesa de Pobreza Energética para consensuar una respuesta conjunta y coordinada con las administraciones y entidades que forman parte de ella. Las administraciones no pueden limitarse a lamentar la sentencia: hacen falta medidas urgentes y contundentes para evitar que esta decisión se traduzca en nuevos cortes de suministro, más exclusión y más sufrimiento social.
También exigimos que las empresas energéticas asuman la corresponsabilidad que establece la ley y dejen de trasladar el coste de la pobreza energética a las familias y a los servicios sociales municipales. La pobreza energética no es un problema individual, sino una consecuencia directa de un modelo energético profundamente desigual que prioriza los beneficios privados por encima de los derechos básicos de la población.
Desde la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y el Observatori DESCA seguiremos organizadas, movilizadas y defendiendo que el acceso a la energía sea garantizado como un derecho y no tratado como un privilegio. No aceptaremos ningún retroceso en derechos ni que miles de hogares queden desamparados frente a los abusos de las grandes compañías suministradoras.