El convenio que protegía a los hogares en situación de vulnerabilidad ha caducado sin una alternativa clara y deja a miles de familias en una situación de incertidumbre y angustia
Ambas entidades reclaman soluciones inmediatas y la convocatoria urgente de la Mesa de Pobreza Energética
La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña expresan su profunda preocupación por el hecho de que no no se haya cumplido el compromiso de desarrollar el convenio que regula la pobreza energética, tal y como está previsto en el artículo 6.3 de la Ley 24/2015. “Siempre hemos defendido que es una herramienta pionera y clave para garantizar la protección y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad energética”, señalan la APE y la Mesa.
El convenio, firmado en 2021 entre la Generalitat de Cataluña y Endesa, ha permitido condonar la deuda de 2015 a 2021 de más de 41.000 familias. En cambio, sigue pendiente la condonación de la deuda acumulada de los años 2022, 2023, 2024 y 2025, así como la creación del fondo de atención solidaria, una medida clave para prevenir y hacer frente a los impagos de los hogares más vulnerables. Tampoco se ha avanzado en otros compromisos recogidos en el convenio, como la instalación generalizada de contadores sociales o la ampliación del acuerdo en el resto de empresas suministradoras, como Naturgy o Iberdrola, a pesar de las reiteradas demandas de las entidades sociales.
La preocupación de las entidades se agrava porque el convenio ha caducado, el 31 de diciembre de 2025, y todavía no se sabe qué alternativa habrá para garantizar este derecho tan esencial; esto incrementa la incertidumbre y la angustia de muchas familias que quedan desprotegidas ante un bien de primera necesidad, fundamental para la dignidad y el bienestar de las personas. Por eso, ambas organizaciones piden que la Generalitat proponga medidas alternativas con celeridad y recuerdan que la Ley 24/2015, que prohíbe los cortes de suministro en los hogares vulnerables, sigue plenamente vigente.
La Mesa del Tercer Sector Social y la APE harán llegar hoy mismo una carta al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión para pedir que se convoque con urgencia la Mesa de Pobreza Energética, el espacio de diálogo en el que han participado todos los agentes implicados en la lucha contra la pobreza energética y donde se deben tomar decisiones que afectan directamente a los derechos de las personas en situación de más vulnerabilidad.
Las entidades recuerdan que la pobreza energética es uno de los principales retos sociales a resolver en un contexto de pobreza crónica y estructural. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de IDESCAT 2024, publicada en 2025, cerca del 18% de la población catalana no puede mantener el hogar a una temperatura adecuada. Esta cifra se eleva hasta a casi el 32% en el caso de hogares con bajos ingresos.