Los colectivos ven con preocupación la posibilidad de que las medidas decaigan a partir del 31 de diciembre y exigen que se prorroguen y se consoliden
Las leyes y medidas vigentes impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado como mínimo 1.000 desahucios al año y un mínimo de 200.000 cortes de suministros en Cataluña desde 2015. Son los primeros datos que se ofrecen sobre el impacto de las medidas contra la pobreza energética y la exclusión residencial desde que se aprobó la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética ahora hace 8 años.
Por otra parte, a nivel estatal este informe desgrana por primera vez los datos de los que se dispone sobre la moratoria de desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que se aprobó a raíz de la crisis del coronavirus en 2020, las cuales se prevé que decaigan a partir del 31 de diciembre -a menos que el gobierno decida aprobar una nueva prórroga. Por ejemplo, tan solo en 2021 se emitieron 15.311 informes sociales emitidos a efectos de aplicar la moratoria de desahucios en todo el Estado. A nivel catalán, estas medidas hasta ahora han evitado un 42,8% de los 9.398 desalojos que se notificaron aquel mismo año. Es por eso que, si bien estas moratorias han demostrado ser insuficientes, las entidades están sumamente preocupadas por las consecuencias que puede tener el levantamiento del veto en 2024 -desahucios y cortes generalizados- para aquellas familias que aún no han podido resolver su situación.
Estos datos han sido obtenidos a través de la administración pública y de 650 encuestas realizadas a personas afectadas por emergencia habitacional y pobreza energética. Forman parte del informe Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta elaborado por el Observatorio DESC -ahora DESCA-, Asociación internacional de Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Este informe se publicó en catalán en 2022 y desde ahora ya está disponible en castellano.
El objetivo del texto es estudiar y analizar el papel de los movimientos sociales, concretamente el de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), en la defensa del derecho a la vivienda y la energía y analizar la situación de emergencia habitacional en Cataluña en los últimos años. Situando el foco sobre la Ley 24/2015, una norma que deriva de una iniciativa legislativa popular impulsada por los dos colectivos y el Observatorio DESCA, se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas que se han ido consiguiendo hasta 2022, y el impacto de éstas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Así mismo, en este informe se reivindica el papel de las organizaciones sociales como la PAH y la APE como entidades que no solo rompen el discurso hegemónico sobre la exclusión residencial y la pobreza energética -entendida como un fracaso personal- sino como impulsoras de políticas públicas dirigidas a resolver estos problemas, como la propia Ley 24/2015 o bien las unidades municipales antidesahucios (llamadas SIPHO) en la ciudad de Barcelona.
Si bien las entidades se reafirman en la eficacia de estas leyes y medidas, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: en el caso de la Ley 24/2015 se trata de las diferentes derogaciones que en materia de vivienda la ley ha sufrido en manos del Tribunal Constitucional, la oposición sistemática por parte de grandes tenedores y de las grandes compañías de suministros y la carencia de control por parte de la Administración en la hora de hacerlas cumplir e informar en la población -de hecho, el 90% de personas afectadas afirma que su participación en organizaciones es el que le ha permitido conocer sus derechos habitacionales y de suministros- son algunas de las razones por las cuales no se disponen de datos absolutos. Por otra parte, en el caso de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministro todavía es difícil medir el impacto real por la falta de datos, ya que algunas Comunidades Autónomas no los han facilitado, y también el hecho de que muchas familias ignoraban sus derechos y no han podido acogerse a ella. Aun así, los testimonios de las afectadas y los hitos conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.
Mujeres y niños, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética -y sus consecuencias en la salud
Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mental -siguiendo la línea de trabajo del anterior informe- y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres mientras que los hombres apenas logran el 30%. Y si se mira con más detalle la composición de los hogares, el 32% están formadas por una pareja con hijos y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con hijos a cargo suyo. Así mismo, si bien hay un porcentaje elevado de personas en situación de paro, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, hecho que refuerza todavía más la existencia del fenómeno del trabajo precario.
En en cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que borde el 15% de niños y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven a hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada los meses de invierno y un 13,4% sufren atrasos en las facturas. Así mismo, de entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos a cargo, y el 27% están formadas por niños con un solo adulto, en este caso siempre una mujer. Así mismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho más elevados que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión media en población española). En relación a los niños, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho más elevada que los niños de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2%, respectivamente).
Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone no sólo prorrogar sinó también consolidar las medidas que a día de hoy son temporales -por la crisis de la covid y posteriormente mantenidas por la crisis de precios de la energía- como por ejemplo la suspensión de desahucios y la moratoria de cortes de suministro a familias en situación de vulnerabilidad. Por la otra, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna -como la instalación de contadores sociales a los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona- y, sobre todo, a hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor (como la 24/2015 y la 1/2022), a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra aquellos actores que, hoy por hoy, se resisten a implementarla, es decir, bancos, fondos buitre y empresas suministradoras.