Hoy se celebra el juicio contra los dos máximos responsables y la trabajadora de DPS Consulting por haberse hecho pasar por personal judicial para reclamar a una familia vulnerabilizada una deuda de Endesa
Endesa ha continuado colaborando hasta la fecha con esta empresa de recobros, pese a ser conocedora de sus prácticas y la querella interpuesta
Hoy al mediodía se celebrará el juicio contra uno de los principales cobradores de Endesa en Catalunya, el despacho DPS Consulting -también conocido como Pares-Seixas Advocats-, por haber acosado gravemente a Yolanda en el verano de 2020. Entonces, una trabajadora de esta empresa, haciéndose pasar por personal judicial, la amenazó con embargarle las cuentas y cortarle el suministro si no pagaba en menos de una semana unas cantidades supuestamente pendientes. La deuda que reclamaban, de 2015, ascendía a 2.000 euros. La compañía la reclamó a pesar de ser conocedores de que Yolanda se encontraba en situación de vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales y que la mayor parte de la deuda podía haber prescrito.
Más de dos años y medio después, hoy se sientan en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal núm. 18 de Barcelona los dos máximos responsables de la firma, Ricard Parés y Giorgia de la Mata, y su trabajadora Esther Lorente, quien realizó la llamada que ha originado la causa judicial. A los tres se les acusa de posibles delitos de usurpación de funciones públicas, coacciones y estafa en grado de tentativa, con penas que pueden superar los 4 años y medio de prisión. Además, también se acusa a la propia empresa de un delito de estafa en grado de tentativa.
Desde la Alianza contra la Pobreza Energética celebramos que por fin las principales compañías energéticas como Endesa y sus empresas subcontratadas deban responder por su acoso contra familias conocidamente vulnerabilizadas. Pese a que hoy estamos hablando de un caso concreto, el acoso de las compañías sigue repitiéndose a día de hoy en muchos hogares que sufren pobreza energética en Catalunya y el resto del Estado. El objetivo de este procedimiento judicial es, además, contribuir a la lucha contra este tipo de prácticas, que han sido denunciadas por el síndic de greuges, entre otras, en repetidas ocasiones.
De aquí a un mes, contaremos con una sentencia que esperamos que sirva de punto de inflexión, depure las responsabilidades necesarias y demuestre con qué tipo de empresas se asocia Endesa a la hora de reclamar la deuda de familias vulnerables. En este sentido, queremos denunciar que, pese al presente procedimiento judicial y la difusión de la grabación de la llamada, Endesa, a día de hoy, no ha suspendido relaciones con DPS Consulting y ha seguido contando con este despacho mafioso para la gestión de sus impagos.
El juicio representa la culminación de un largo periplo judicial desde que la APE acompañara a Yolanda, víctima de las prácticas mafiosas de DPS Consulting, en la presentación en julio de 2020 de una querella contra esta empresa, uno de los clientes habituales de Endesa en cuanto al recobro de deudas pendientes. Todo esto no habría sido posible sin las 116 personas o entidades que respondieron a nuestra campaña de micromecenazgo y todas las muestras de apoyo que hemos recibido desde el principio. Repasamos a través de esta cronología los momentos más destacados de nuestra campaña #AcosoDeEndesaAJuicio.
Julio 2020:
Se destapa el escándalo. Yolanda, vecina vulnerabilizada de Cubelles, se pone en contacto con la APE y hace llegar una grabación de una llamada en la que se le reclama una supuesta deuda pendiente. Está extraordinariamente angustiada porque cree que la han llamado de los juzgados. Una vez escuchada la llamada, no cabe duda: se trata de un montaje.
La voz al otro lado de la línea se identifica como personal de “Notificaciones y Embargos del Juzgado” y le avisa de que, por su deuda con Endesa, a Yolanda le intervendrán todas las cuentas corrientes y se le bloqueará la nómina o cualquier prestación social que perciba. Al final de la llamada, le facilitan un teléfono para solucionar el conflicto antes de que se produzca la supuesta intervención, con quien contactamos a continuación para descubrir que se trataba de DPS Consulting, una empresa de recobros con un largo historial de quejas en las redes.
Tras consultar el contenido de la grabación con los compañeros de Arrels Advocats, se confirman las sospechas iniciales. El 9 de julio hacemos públic el caso y denunciamos las prácticas de este despacho, un gabinete jurídico con una estrecha e histórica relación con Endesa.
El 30 de julio, poco más de tres semanas después, presentamos una querella en la Ciudad de la Justicia y convocamos a los medios de comunicación para explicar los detalles. Pese a que se trata de un caso extremo -no es tan habitual que las empresas de reclamación de deuda se hagan pasar por personal judicial para estafar a familias vulnerabilizadas-, muchas otras familias como la de Yolanda son acosadas cada día en Catalunya y el resto del Estado por deudas con sus compañías suministradoras. Lo que diferencia este caso y lo hace tan especial es haber conseguido una grabación donde se pone de manifiesto el grado de deshumanización al que llegan este tipo de despachos.
Noviembre 2020:
El Juzgado de Instrucción núm. 5 de Barcelona admite a trámite la querella y traslada al cuerpo de Mossos d’Esquadra una copia de la querella y la grabación para la investigación de los hechos denunciados.
Diciembre 2020:
El 9 de diciembre iniciamos una campaña de micromecenazgo para financiar los gastos del proceso judicial. Bajo el título El acoso de los cobradores de Endesa, a juicio, la APE logra recaudar 5.001 euros a través de la plataforma Goteo, que permitirán cubrir todos los gastos asociados a la representación letrada de Yolanda. Gracias a 116 financiadores, el 18 de enero alcanzamos la cantidad óptima y se da por cerrada la campaña de financiación.
Noviembre 2021:
El Juzgado de Instrucción núm. 5 de Barcelona, después de meses practicando diligencias y efectuando las declaraciones de todos los implicados, decide dar por cerrada la fase de instrucción e invita a las partes a presentar el correspondiente escrito de acusación o pedir la práctica de más diligencias.
Enero 2022:
Los compañeros de Arrels Advocats presentan su escrito de acusación pidiendo la condena de los dos máximos responsables de DPS Consulting y de la trabajadora que efectuó la llamada. A todos ellos, se les acusa de los delitos de usurpación de funciones públicas, coacciones y estafa en grado de tentativa, que suman en total hasta 4 años y 9 meses de prisión para cada uno de los acusados. Además, se acusa a la persona jurídica (la mercantil DPS Consulting, S.C.P.) de un delito de estafa en grado de tentativa y se pide una pena de multa de 4.738,86 euros y la prohibición de realizar en el futuro las actividades de reclamación de impagos durante año y medio. Por último, se pide una indemnización de responsabilidad civil de 1.000 euros por los daños morales sufridos por Yolanda.
La Fiscal, por su parte, acusa a los tres investigados de un delito menos grave de coacciones y pide una pena de dos años de cárcel para cada uno de ellos, dejando a la mercantil al margen.
Por otro lado, ese mes hacemos público el guión que la trabajadora investigada afirma que la empresa le facilitó para realizar las llamadas. Según su declaración, este tipo de llamadas se llevaban a cabo desde el llamado «Departamento de llamadas especiales» y se trataba de una práctica sistemática y estructural por parte de DPS Consulting.
Marzo 2022:
La Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de DPS Consulting y sus responsables contra la resolución del Juzgado de instrucción que cierra la fase de instrucción y, por tanto, da vía libre para que se pueda establecer fecha para el juicio oral.
Noviembre 2022:
Se establece fecha de juicio: será el 8 de febrero a las 12:00 h. El Juzgado de lo Penal núm. 18 de Barcelona será el encargado de realizar el juicio oral y emitir la posterior sentencia.