La Taula del Tercer Sector y la Aliança contra la Pobresa Energètica alertan del incumplimiento del convenio que regula la pobreza energética

Un año y medio después del acuerdo firmado entre la Generalitat de Catalunya y Endesa, el convenio no se ha desplegado como es necesario.

La APE y la Mesa avisan de que no participarán en las próximas reuniones del grupo de trabajo del convenio, si no se asegura que habrá avances palpables.

Coincidiendo con el primer aniversario de la firma del convenio, la APE y la Mesa ya advirtieron a finales de marzo que el convenio no se había desplegado como era necesario. Seis meses después, la situación es desgraciadamente la misma, excepto en cuanto a la deuda contraída por las familias vulnerabilizadas, que sigue incrementándose a la espera de que se pongan los mecanismos que eviten su acumulación.

Los encuentros del grupo de trabajo sobre el convenio, que incluye administraciones (Generalitat, diputaciones, AMB, entidades municipalistas y Ayuntamiento de Barcelona) y entidades (Mesa y APE) son una buena muestra de los escasos avances en la materia. En este sentido, ambas entidades han advertido que, si la Generalitat sigue incumpliendo los compromisos adquiridos, su participación en la próxima reunión prevista para mediados de noviembre y en las siguientes no está en ningún caso garantizada.  

Casi un año y medio después de su firma, los cuatro puntos más importantes del acuerdo aún no han empezado a aplicarse de forma generalizada, a pesar de que la situación económica de las familias catalanas ha empeorado sustancialmente y los precios de la energía siguen extraordinariamente elevados:

  • Deuda acumulada por las familias durante el 2021. El Departamento de Derechos Sociales se comprometió en el último encuentro del grupo de trabajo (principios de junio) a resolver esta cuestión antes de las vacaciones de verano y que las familias pudieran recibir la carta de condonación de la deuda durante el mes de agosto. No solo no se ha cumplido esta promesa sino que existen serias dudas de que se pueda llevar a cabo antes de que comience el invierno.
  • Fondo de atención solidaria. El mecanismo que deberá servir para cubrir los futuros impagos y que las familias vulnerabilizadas catalanas no vuelvan a generar deuda no se encuentra ni siquiera en una fase preliminar. Las últimas noticias que la Generalitat trasladó al grupo de trabajo es que habría una primera propuesta que se presentaría durante el encuentro de noviembre.
    En cualquier caso, la herramienta no se podría poner en funcionamiento antes de 2023, cuando se cumplirán dos años desde la firma del convenio y ya se habrá vuelto a acumular la deuda correspondiente al año 2022.
  • Contadores sociales. La posibilidad de instalar contadores provisionales en hogares vulnerabilizados en situación de ocupación en precario no se ha aplicado de forma generalizada desde la entrada en vigor del convenio. La última cifra era de 37 cuando, en el caso del agua, se han instalado un mínimo de 914. Pese a tratarse de una medida imprescindible para garantizar la dignidad de las familias afectadas y desincentivar las conexiones irregulares y los riesgos asociados a estas, el Departamento de Derechos Sociales nunca la ha considerado como una prioridad. Endesa exigía un documento extra ajeno a lo que se establece en el convenio y el Departamento no solo ha aceptado esta imposición sino que reclama que sean los municipios quienes asuman la responsabilidad.
  • Ampliación del convenio con el resto de empresas energéticas para llegar, como mínimo, al 85% de los hogares catalanes. Cabe recordar que el acuerdo firmado solo incluye a las familias que tengan contrato con Endesa, por lo que sigue siendo necesario extender su contenido al resto de compañías, empezando por las dos más importantes en Catalunya en número de clientes: Naturgy y Endesa. Hasta ahora, no se ha hecho público ningún avance en esta cuestión.

Ante esta situación, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa del Tercer Sector Social han puesto especial énfasis en las consecuencias de que todas las medidas contenidas en el convenio no se estén desarrollando y aplicando como convendría, sobre todo en este contexto de crisis socioeconómica especialmente grave y de precios de la energía desbocados.

Según la última ‘Encuesta de Condiciones de Vida 2021’ de Idescat, publicada al inicio del verano, la pobreza y la exclusión se mantienen en máximos históricos (26%) y respecto al año anterior empeora el porcentaje de familias que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada (9,4% en 2020 vs. 15,9% en 2021) y el de los retrasos en el pago de los gastos asociados a la vivienda (12,4% en 2020 frente al 13% en 2021). Pese a todas las medidas aprobadas por el Gobierno del Estado, los precios de la energía siguen a unos niveles inasumibles para muchos hogares y las entidades creen que estas cifras pueden empeorar de cara a este otoño e invierno.

Por este motivo, reclaman a la Generalitat de Catalunya y a los Departamentos implicados que prioricen la cuestión y que, más allá de palabras, puedan demostrar con hechos que se está avanzando en la aplicación del convenio y que se cumplen los acuerdos suscritos. Las familias catalanas necesitan lo antes posible que se resuelva la condonación de la deuda correspondiente a 2021, la puesta en marcha del Fondo de atención solidaria, la instalación de contadores sociales y la ampliación del convenio al resto de empresas suministradoras.