El Gobierno prorroga la moratoria de cortes, gracias a la presión de la sociedad civil, y amplía temporalmente algunas medidas de protección de los consumidores vulnerables; pero entre parche y parche, las medidas estructurales siguen sin llegar, y, en el camino, se pierden gran parte de los beneficios caídos del cielo
Barcelona, 27 octubre de 2021
Según datos de la Fundación Foessa (2021), durante la pandemia de la COVID-19, el número de personas en situación de exclusión social severa se ha visto incrementado en 2 millones, que se suman a los 4 millones de personas cifrados antes de la pandemia. En este contexto de crisis social, con proyecciones a largo plazo, en los últimos meses venimos presenciando una subida sin precedentes de los precios del gas y de la electricidad en el mercado mayorista.
En el último año y medio, y especialmente en los últimos tres meses, el Gobierno estatal ha adoptado una serie de medidas orientadas a evitar que la escalada de los precios de la energía en el mercado mayorista se traslade a las facturas de la ciudadanía y para proteger a las personas más vulnerables. El Real Decreto-ley 21/2021 y el Real Decreto-ley 23/2021, publicados en el BOE de hoy, contienen el último paquete de medidas que viene a complementar las adoptadas el 14 de septiembre mediante el Real Decreto-ley 17/2021. Aprovechamos estos últimos pasos del Gobierno, para hacer una valoración de las medidas más destacadas de estos dos últimos meses, en relación a los consumidores vulnerables, y para recopilar nuestras principales demandas, ante sus evidentes deficiencias.
PROTECCIÓN ANTE CORTES DE SUMINISTRO
Al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el Gobierno incluyó en el escudo social la moratoria de cortes de los suministros de agua, electricidad y gas. Inicialmente previsto para los consumidores vulnerables, en abril de 2020, el Gobierno amplió esta moratoria a todas las personas en su vivienda habitual, como reivindicamos desde APE. Esta medida, que en su momento valoramos positivamente, fue aprobada con fecha de caducidad, y desde finales de 2020 la sociedad civil hemos tenido que movilizarnos constantemente para instar al Gobierno a prorrogarla. En la primera prórroga, el alcance de la medida quedó significativamente recortado, pues su aplicación se volvió a limitar a las familias con bono social eléctrico o a aquellas que cumplían los requisitos para acceder al mismo. Desde entonces, la medida ha sido prorrogada de tres meses en tres meses, siempre in extremis, con presión ciudadana, en un clima de incertidumbre que no ha dejado de agravar la angustia de las familias. La última de ellas ha sido publicada en el BOE de hoy y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2022.
Paralelamente, en el paquete de medidas adoptado por el Gobierno, en septiembre de 2021, se incluía, con vocación de permanencia, el “mínimo vital eléctrico”, que garantiza a los consumidores vulnerables una protección frente a los cortes del suministro eléctrico durante un plazo máximo de 10 meses.
Aunque desde APE celebramos la ampliación de la moratoria de cortes aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 21/2021, las medidas citadas nos parecen insuficientes. Instamos al Gobierno a aprobar una moratoria de cortes por un periodo indefinido, hasta que se incorpore en la normativa estatal el principio de precaución. El mal llamado “mínimo vital eléctrico” está muy lejos de satisfacer las exigencias del principio de precaución que nosotras defendemos. En primer lugar, porque solo afecta al suministro eléctrico (dejando fuera el agua y el gas) y, en segundo lugar, porque somete la prohibición de corte a un plazo de 10 meses, sin atender a la situación de las personas transcurrido ese plazo. Igualmente, demandamos al Gobierno que aborde el tema de la deuda contraída por las familias con las suministradoras durante el periodo de la moratoria de cortes, y firme convenios con las compañías para sufragar las facturas impagadas.
MEDIDAS PARA EVITAR EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LAS FACTURAS
A lo largo de los últimos meses, ante la escalada de los precios de la electricidad y el gas en el mercado mayorista, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas para amortiguar ese incremento y evitar que tengan impactos significativos en las facturas de los consumidores, sobre todo de los más vulnerables. Entre estas medidas se destacan:
- La rebaja temporal del IVA al 10%, la suspensión del impuesto de generación y la reducción del impuesto de electricidad a un 0,5%
- El aumento temporal, hasta el 31 de marzo, de los descuentos aplicados por las compañías eléctricas a través del bono social, del 25% al 60% para los consumidores vulnerables y del 40% al 70% para los vulnerables severos, contenido en el Real Decreto-ley 23/2021
- El incremento en 100 millones del monto destinado, con cargo a los presupuestos generales del Estado, a la financiación del bono social térmico, un cheque adicional de un mínimo de 35 euros para los beneficiarios del bono social, que tiene como finalidad cubrir los gastos de energía asociados a finalidades térmicas durante el periodo invernal.
El Gobierno no ha adoptado medidas estructurales que incidan de forma significativa ni en el actual modelo energético ni en el sistema de fijación de precios. Por otro lado, ha optado por priorizar medidas con grandes cargas para las arcas públicas del Estado, cuando tendrían ser las grandes suministradoras las que deberían asumir los costes de la pobreza energética, como hemos defendido siempre desde la APE. Además, la ampliación del bono social no deja de ser un incremento porcentual aplicado sobre unos precios de tendencias alcistas y a unas categorías de consumidores definidas por unos baremos de renta excesivamente bajos.
En el paquete de medidas aprobado en septiembre, el Gobierno incluyó un mecanismo de disminución de los beneficios caídos del cielo obtenidos por las generadoras con tecnologías más baratas. A través de ese mecanismo, el Gobierno pasaba a recaudar esos beneficios extraordinarios para destinarlos a financiar los costes regulados del sistema y medidas contra la pobreza energética. En su momento valoramos positivamente esta medida, pues, aunque no interviene en el sistema de fijación de precios del mercado mayorista, supone poner límite a los beneficios injustos de las grandes empresas del sector para ponerlos al servicio de las mayorías sociales. Sin embargo, el Gobierno, en sus últimos pasos, ha decido matizar su aplicación, cediendo así al chantaje de las eléctricas. Desde hoy, quedan excluidos de este mecanismo de minoración los beneficios asociados a energía producida y vendida con contratos a plazo con precio fijo. De este modo, el Gobierno está renunciando a gran parte de las expectativas de recaudación que debían ser destinadas a financiar los costes de la pobreza energética, dejando casi sin efecto la medida.
Ante estas medidas claramente insuficientes, desde la APE insistimos en avanzar hacia:
- El reconocimiento del principio de precaución a nivel estatal y moratoria indefinida de cortes, hasta que no se reconozca
- Asunción, por parte de las compañías suministradoras, de la deuda acumulada por las familias y otros costes de la pobreza energética
- Sustitución del bono social por una tarifa social progresiva en función de la renta y las necesidades de las personas y hasta que no se apruebe esta tarifa, redefinición de la categoría del consumidor vulnerable.