El Gobierno no aclara qué ocurrirá con los cortes de suministros básicos de electricidad, agua y gas tras el fin del escudo social el próximo 31 de octubre
Los movimientos en defensa de los suministros básicos exigen cambios estructurales que vayan más allá de las prórrogas del “escudo social” o de medidas ligadas al bono social eléctrico
Los movimientos llaman a movilizarse el próximo 28 de octubre en Madrid contra la subida del precio de la electricidad
Madrid, 22 de octubre de 2021
En marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la COVID-19, el Gobierno adoptó un escudo social que incluía medidas temporales, como la moratoria de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas. Esta moratoria ha sido prorrogada en varias ocasiones, siempre in extremis, lo que alimenta un clima de incertidumbre entre las personas en situación de vulnerabilidad, con dificultades para pagar las facturas de servicios básicos.
La situación de pandemia continúa y la crisis social y económica se ha agudizado, como se pone de manifiesto en los últimos estudios sobre la incidencia de la pobreza en España. Según datos de la Fundación Foessa (2021), durante el último año y medio se ha incrementado en 2 millones el número de personas que viven en situación de exclusión social severa, respecto a los niveles previos a la pandemia (4 millones de personas). Se estima que un 13% de la población se encuentra actualmente en situación de exclusión social severa y un 11% en situación de exclusión moderada.
Este contexto de crisis social se ha visto agravado por la vertiginosa escalada de los precios del gas y de la electricidad. El Gobierno pretende hacerle frente mediante un paquete de medidas, aprobado el pasado 14 de septiembre, en el que se incluye el suministro mínimo vital eléctrico, que consiste en ampliar el plazo de protección frente a los cortes de electricidad para las personas beneficiarias del bono social. El Gobierno defiende que esta medida supone un cambio estructural. Sin embargo, su alcance es limitado, pues afecta solamente a los servicios de electricidad, dejando al margen otros servicios esenciales, como el agua y el gas. Además, la protección que ofrece está sujeta a un límite temporal de diez meses, sin tener en cuenta la situación de las personas transcurrido ese periodo. Por estos motivos, estas políticas quedan lejos de cubrir las necesidades que apremian a las personas vulnerables, al tiempo que defraudan las demandas de medidas de calado que la ciudadanía organizada lleva tiempo reivindicando.
El próximo 31 de octubre finaliza la vigencia del “escudo social” y la moratoria de cortes de suministros y, a fecha de hoy, el Gobierno solo ha hecho pública su intención de extender el plazo de las medidas relacionadas con los desahucios y los arrendamientos.
A pesar de que el secretario de Estado de Medio Ambiente manifestó, durante una reunión con la Red Agua Pública el pasado 19 de octubre, que existe voluntad política para ampliar la moratoria, lo cierto es que no hay aún certeza sobre lo que sucederá con esta medida.
Ante tal situación de incertidumbre, las entidades sociales y los colectivos que luchamos por garantizar los servicios esenciales a toda la población queremos reiterar al presidente Pedro Sánchez y a la ministra Teresa Ribera nuestras preocupaciones y demandas.
En primer lugar, ponemos en evidencia con preocupación que el Gobierno no haya abordado todavía cómo hacer frente a la deuda contraída por las familias con las compañías suministradoras durante la moratoria de cortes. En el difícil y largo proceso de recuperación, no se les puede añadir a las familias el peso de la deuda.
Por otra parte, ante el vencimiento de la moratoria de cortes y las insuficientes medidas adoptadas por el Gobierno, exigimos cambios estructurales en la actual normativa de protección de las familias vulnerabilizadas en materia de suministros básicos, y exigimos que se mantenga la moratoria mientras no se produzcan estos cambios. Entre dichos cambios estructurales, reclamamos:
- La consolidación del principio de precaución, que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación del hogar antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad. La prohibición de cortes no debe estar sujeta a ningún plazo.
- La incorporación del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en la legislación de más alto nivel. Concreción en la normativa y reconocimiento por ley de un mínimo vital de agua para beber y cocinar y para la higiene básica.
- La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, de tal modo que, entre otras cuestiones, comprenda los tres suministros e incremente los límites de renta para responder a la realidad social de la ciudadanía. En este sentido, el Gobierno debe empezar a estudiar la implementación de una tarifa social progresiva en función de los ingresos de los hogares para los suministros de luz y gas y un mínimo vital para el agua.
- La asunción de los costes de la pobreza energética por parte de las empresas. Las facturas impagadas que se deriven de la aplicación del principio de precaución se deberán sufragar, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
- La firma de convenios con las compañías suministradoras de energía para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas desde el inicio de la pandemia y hasta que no se implementen las medidas definitivas.
La gravedad de la situación nos obliga a salir a la calle y por eso llamamos a la movilización el próximo 28 de octubre en Madrid, para mostrar nuestro rechazo al poder de las eléctricas y exigir al Gobierno medidas efectivas para paliar esta situación.
Alianza contra la Pobreza Energética, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red Agua Pública