Por una nueva normalidad sin cortes de suministros. La energía es un derecho, no un negocio

Entidades de todo el Estado denuncian en el marco de la Semana Europea de lucha contra la pobreza energética la situación de absoluta desprotección de miles de familias en España

Miles de familias son víctimas de cortes de luz indiscriminados y repetitivos por culpa del estado de las redes y de la dejación de las compañías distribuidoras

Otras muchas familias pueden sufrir un corte de suministros (luz, agua y gas) a partir del 9 de mayo, una vez finalice la actual moratoria impuesta por el Gobierno

Barcelona, 17 de febrero de 2021

Decenas de entidades de todo el Estado realizan hoy concentraciones de denuncia descentralizadas en el marco de la Semana Europea de lucha contra la pobreza energética. El objetivo principal es dar visibilidad a los millones de familias que, aún a día de hoy, están afectadas por esta problemática ante la pasividad del Gobierno estatal.

En primer lugar, miles de personas viven angustiadas ante lo que puede ocurrir una vez finalice la actual moratoria de cortes de agua, luz y gas el próximo 9 de mayo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a pesar de prohibir las interrupciones por impago en el caso de familias vulnerables que cumplan con los requisitos de renta del bono social eléctrico, no ha previsto medidas para evitar la acumulación de deuda por parte de las mismas. Por ello, las entidades alertamos de la oleada de cortes que pueden producirse una vez se facilite a las compañías la opción de interrumpir el suministro de aquellos hogares con facturas impagadas.

En este sentido, algunas de las entidades ya facilitamos en su momento una serie de propuestas al Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, que pasan por la implementación del principio de precaución, un mecanismo que obligaría a las compañías suministradoras a preguntar sobre la situación de la familia antes de cualquier corte por impago y a garantizar su suministro en el caso de que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Esta medida debería ir acompañada de un periodo de carencia sin cortes hasta su implementación definitiva y de una redefinición de la figura del consumidor vulnerable a fin de proteger a más familias que la actual normativa.

En segundo lugar, decenas de barrios de todo el Estado han denunciado cortes constantes de forma indiscriminada sin una respuesta adecuada por parte de las compañías propietarias de la red de distribución. Entre ellos, el Distrito Norte y Haza Grande (Granada), la Font de la Pólvora (Girona), la Chanca-Pescadería, el Puche, Piedras Redondas, los Almendros, Casco Viejo, Quemadero y Fuentecica (Almería), San Juan (Jaén) Sant Roc (Badalona), Su Eminencia, Polígono Sur, San Jerónimo, partes de Pino Montano, las Candelarias y Torreblanca (Sevilla), Torre Baró, la Trinitat Nova y el Raval (Barcelona) o el Culubret (Figueres).

Todos estos barrios tienen en común una evidente dejación de funciones por parte de la compañía distribuidora, e-distribución (Grupo Endesa), quien elude cualquier responsabilidad sobre el estado de las redes y se escuda en unas supuestas conexiones irregulares. Mientras tanto, las vecinas sufren cortes, a menudo a diario y en muchos casos son ignoradas por la Administración. Por todo ello, las movilizaciones de hoy también sirven para hacer públicos estos casos y exigir soluciones a las autoridades autonómicas, que son las competentes en materia de inspección y sanciones en el ámbito de la distribución eléctrica; y al Ministerio para la Transición Ecológica, como máxima institución en el Estado en materia energética. La ciudadanía pagamos cada año en nuestras facturas millones de euros en concepto de retribuciones a la actividad de distribución y es inaceptable que las compañías responsables no mantengan adecuadamente sus redes, perjudicando en muchos casos a los barrios más humildes de nuestras ciudades y pueblos.

Por último, capítulo aparte merece la situación que están viviendo miles de personas en la Cañada Real (Comunidad de Madrid), donde tanto Naturgy como todas las Administraciones implicadas, en particular el gobierno autonómico, les niegan el acceso al suministro eléctrico. A pesar de denunciar públicamente este maltrato y llevar el caso a los tribunales, estas familias, entre las cuales se encuentran afectados alrededor de 2.000 menores, siguen sin luz en sus casas en pleno invierno.

El fin de la moratoria, los cortes indiscriminados en los barrios y la situación en Cañada Real son motivos suficientes para salir hoy a la calle. Las acciones convocadas sirven para denunciar la pasividad de las diferentes Administraciones implicadas ante las graves vulneraciones de derechos promovidas por las compañías suministradoras. Desde las entidades sociales sabemos que la pobreza energética mata y no podemos tolerar ni una muerte más por su culpa. En este sentido, se estima que la precariedad energética podría ser responsable de unas 7.100 muertes prematuras al año en el Estado español. En plena pandemia y de manera permanente en la vuelta a la normalidad, exigimos un futuro sin cortes de suministro donde no se haga negocio con nuestros derechos.

Acabamos señalando que hay que lograr una transición energética justa que garantice el derecho a todas, su carácter social, pero igualmente aborde el reto que supone la emergencia climática, amenaza que nos exige con urgencia una transición ecológica y social global, en la que la cuestión energética forma parte importante por sus impactos ambientales y sociales.