Compartimos el vídeo que hemos hecho conjuntamente con la Xarxa per la sobirania energètica sobre la relación directa de la distribución eléctrica en la subida de precios y los cortes de luz que estamos viendo los últimos días
A pesar de algunos discursos, la pobreza energética no es solo una esfera más de la pobreza, sino que tiene una relación directa con nuestro modelo energético. Diseñado, construido y controlado por cinco grandes empresas, el llamado Oligopolio, que prioriza los beneficios económicos por encima de los derechos humanos.
Los cortes por impago a familias vulnerables, el acoso que sufren por parte de las empresas para reclamar deudas o los cortes indiscriminados en los barrios más empobrecidos de algunas ciudades son ejemplos clarísimos de las vulneraciones de derechos humanos sobre las que se sustenta el sistema.
En las últimas semanas muchos medios se han hecho eco de los cortes de luz en barrios como Sant Roc en Badalona, la Font de la Pólvora en Girona o el Culubret en Figueres, pero estos cortes hace años que se producen y responden a la actuación negligente de Endesa en el mantenimiento de la red eléctrica que la empresa está intentando esconder detrás del fraude eléctrico criminalizando a las familias. Por ello, creemos que es imprescindible una auditoría de las redes eléctricas.
En un momento en que derechos básicos se ven vulnerados y comunidades enteras son conducidas a la precariedad y exclusión energética, se hace más necesaria que nunca una auditoría ciudadana de la red eléctrica.
Pero, ¿qué implica una auditoría ciudadana?
Una auditoría, transparente y abierta a la ciudadanía, debe incluir varios aspectos, desde el estado de las redes hasta la prestación del servicio, el estado económico o las subcontrataciones.
Las auditorías nos deben dar una fotografía real del servicio y deben impulsar sanciones por parte de las Administraciones en los casos en que la empresa no haya cumplido con sus responsabilidades de mantenimiento y conservación.
Es necesario que la ciudadanía recuperemos la energía, un bien fundamental y básico que no puede ser gestionado como una mera mercancía. Además, como se ha demostrado, esta gestión privada es ineficaz. Más allá del necesario control sobre las empresas privadas, es preciso avanzar hacia un control y una gestión municipal de estas.
Iniciativas como las de la Asociación de Municipios y entidades para la Energía Pública, van en buen sentido para recuperar este servicio. Pero no es suficiente, no podemos dejarlo todo en manos de las Administraciones; es necesario que desde la ciudadanía, los colectivos y las trabajadoras del sector presionemos con el fin de llevar a cabo esta municipalización de las redes de distribución con gestión pública y democrática.