A pesar de ampliar la prohibición de corte a todo consumidor doméstico, se sigue sin resolver la cuestión de los posibles impagos y no se establece ningún mecanismo para evitar el endeudamiento de las familias vulnerables y afectadas por la crisis sanitaria
Barcelona, 1 de abril de 2020
El Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 compareció ayer tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros para anunciar un conjunto de nuevas medidas para hacer frente a la crisis generada por la COVID-19. Entre los anuncios realizados, el Gobierno incluyó algunas disposiciones en materia de pobreza energética, que vienen a complementar las que ya se aprobaron hace dos semanas.
Tras un análisis de urgencia, hoy hemos tenido acceso al texto definitivo publicado en el BOE, el cual pasamos a analizar y valorar a continuación. Como ya compartimos ayer, el texto tiene luces y sombras y, a pesar de incluir la prohibición de corte de cualquier suministro en el domicilio habitual, sigue sin resolver la cuestión de los posibles impagos ni establece ningún mecanismo para aliviar los maltrechos bolsillos de las familias vulnerables, así como aquellas afectadas directamente por la crisis del coronavirus.
Analicemos pues las principales medidas:
Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua
Se trata de la disposición más destacada de todo el paquete. La encontramos en el artículo 29 del Real Decreto-ley 11/2020 y extiende la prohibición de corte aprobada hace dos semanas a todos los “consumidores personas físicas en su vivienda habitual” mientras dure el estado de alarma. Esta ampliación, que desde APE hemos reclamado desde el primer día, viene a corregir una de las mayores lagunas del anterior Real Decreto-ley, el 8/2020, que solo protegía del corte a los consumidores vulnerables, a los vulnerables severos y en riesgo de exclusión social, según su definición en el reglamento que desarrolla la figura del bono social. El principal problema de la medida aprobada hace dos semanas es que, según su literalidad, se excluía de esta protección a todos los consumidores que, a pesar de encontrarse en situación de vulnerabilidad, tuvieran su suministro contratado en el mercado libre.
Tras la corrección, desde APE valoramos positivamente este cambio que, como hemos comentado anteriormente, hemos reclamado en nuestra campaña #SuministrosGarantizadosyGratuitos. La medida también establece que el consumidor deberá acreditar “ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual”. Esperamos que las compañías actúen de forma garantista y no hagan necesaria esta acreditación mientras dure el estado de alarma, ya que solo añadiría papeleo innecesario.
Por último, el Gobierno también paraliza los plazos para llevar a cabo la suspensión del suministro, para que de esta forma no puedan producirse cortes el día después de que se levante el confinamiento si las familias no han podido pagar. Se trata de una medida acertada, pero que no sería necesaria si, tal y como venimos reclamando, se aprobara la gratuidad del servicio para las familias vulnerables y las afectadas por la crisis sanitaria, y de forma definitiva se prohibieran los cortes a estas familias en todo momento, como ya pasa en Catalunya gracias a la Ley 24/2015.
Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia de la COVID-19
El Real Decreto-ley publicado hoy amplía los sujetos beneficiarios del bono social eléctrico y lo extiende a los consumidores que acrediten con fecha posterior al 14 de marzo de 2020 “que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior”, siempre que cumplan unos requisitos de renta concretos.
Los límites de ingresos anuales para toda la unidad familiar al objeto de acceder al bono social son:
- Personas o unidades familiares sin menores: 18.798,98 €.
- Un menor en la unidad familiar: 22.558,78 €.
- Dos menores en la unidad familiar: 26.318,57 €
Si la familia cumple con estos requisitos podrá ser considerada como consumidora vulnerable y acceder al 25% de descuento en la factura durante un máximo de 6 meses desde la primera bonificación, quedando excluida antes si en algún momento deja de cumplir las condiciones establecidas para ser beneficiaria.
Desde APE ya hemos indicado en múltiples ocasiones la ineficacia del bono social como mecanismo para hacer frente a la pobreza energética. En primer lugar, el descuento del 25% es insuficiente en un contexto de confinamiento en que las familias están encerradas las 24 h del día en sus hogares y cuyos consumos domésticos se disparan. En segundo lugar, el infierno burocrático que supone su tramitación deja a mucha gente fuera, y con base a nuestra experiencia y las cifras publicadas, tenemos la certeza de que no todas las familias posiblemente beneficiarias van a acceder a él. Además, aquellas personas que tengan su suministro contratado con una comercializadora de mercado libre tendrán que añadir a la gestión burocrática el cambio de compañía para poder acceder al bono. Por todo ello, al igual que con la prohibición de corte para todo el ámbito doméstico, como APE exigimos desde la entrada en vigor del estado de alarma la gratuidad de los suministros para las familias que ya eran vulnerables antes de la crisis sanitaria, así como para todas aquellas afectadas por la misma. Consideramos también que el coste debe ser asumido por las mismas compañías.
Estos días hemos sido testigos de cómo las grandes compañías energéticas han hecho campañas de marketing anunciando grandes donaciones y supuestas medidas de ayuda para superar la crisis de la COVID-19, lo que añade aún más certeza al hecho de que es más que posible asumir a cargo de sus ingentes beneficios la puesta en marcha de esta medida. La mejor ayuda para las familias no es solo garantizarles el suministro sino transmitirles que, en caso de incapacidad para asumir el pago de sus facturas, no se generará una deuda impagable en el futuro.
Flexibilización para autónomos y empresas en materia de suministros
Finalmente, el Real Decreto-ley incluye algunas disposiciones de flexibilización de los contratos de suministro de electricidad y gas natural dirigidas a autónomos y empresas y sus espacios de trabajo. Entre otras, se les permitirá ajustar sus contratos a la nueva realidad de consumo (tarifa y potencia) sin penalización alguna y poder volver a la normalidad una vez se levante el estado de alarma, sin que se les cobren los gastos habituales. También se podrá solicitar la suspensión de los contratos y reactivarlos posteriormente.
Aparte, para los casos de puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad de autónomos, se permitirá también “la suspensión del pago de las facturas que correspondan a períodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación”. Posteriormente, se realizará dicho pago prorrateado a lo largo de los seis meses siguientes al fin del estado de alarma.
Sin entrar al detalle de todas las medidas, desde APE valoramos positivamente cualquier iniciativa tendente a ayudar a autónomos y pequeñas empresas a superar la actual situación. No obstante, nos sorprenden las muchas facilidades que se ofrecen a las compañías energéticas a la hora de eximirlas del pago de peajes y otros conceptos de las facturas cuyo pago quede suspendido. Vemos con estupefacción que se incluye la posibilidad de que el Estado avale y compense sus pérdidas, en comparación con la nula respuesta ofrecida a las familias en este sentido y a sus deudas, que solo se están postergando. El mensaje que se está transmitiendo a la población es que todo debe parar, menos los beneficios de estas grandes empresas.
Por todo ello, queda claro que las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos nos dejan un sabor agridulce y siguen siendo insuficientes para hacer frente a la crisis en este momento excepcional. A pesar de celebrar la prohibición total de corte para las viviendas habituales, el Ejecutivo español sigue sin resolver la cuestión de la deuda que se genere a partir del incremento del consumo doméstico y la aparición de miles de nuevas familias en situación de vulnerabilidad. La única solución para todas ellas es la gratuidad de los suministros, asumida por las propias compañías. Una medida legítima y posible, que llevamos reclamando desde el principio.
Hemos conseguido la primera de nuestras demandas. ¡Ahora vamos a por la segunda! Ante una situación sin precedentes, son más necesarias que nunca medidas valientes que impliquen la corresponsabilidad de las compañías de suministros. No más deudas impagables, no más familias ahogadas por el pago de los suministros. #SuministrosGarantizadosyGratuitos ya.
¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!