Después de todos los esfuerzos de Endesa para anular la ley contra la pobreza energética, la 24/2015 está más viva que nunca
Un juzgado anula el protocolo de la Agencia Catalana de Consumo que deriva de la Ley 24/2015. La sentencia no tiene ningún efecto práctico
5 de noviembre de 2017
El Enjuiciado Contencioso-Administrativo número 2 de Barcelona ha anulado hoy el protocolo de aplicación de la Ley 24/2015 aprobado por la Agencia Catalana de Consumo al entender que no era un organismo competente para hacerlo. El texto servía solo como guía para los ayuntamientos y los Servicios Sociales y establecía básicamente el procedimiento de comunicación entre las compañías eléctricas y las Administraciones Públicas. Hay que recordar en este sentido que el texto fue suspendido cautelarmente por el mismo juzgado en diciembre de 2016 y este hecho no ha sido un impedimento en ningún momento para que la ley catalana se continuara aplicando sin inconvenientes.
La sentencia publicada hoy es el resultado de un recurso interpuesto a finales de 2016 por Endesa, que se ha convertido en uno de los principales actores que se han mostrado contrarios a la Ley 24/2015, una norma proveniente de una ILP ciudadana y que fue aprobada por unanimidad por el Parlament de Catalunya. El texto fue parcialmente recurrido por el Gobierno del PP y suspendido a posteriori por el Tribunal Constitucional, pero la parte específica que versa sobre pobreza energética quedó intacta y está a día de hoy plenamente vigente. Endesa solicitó en su momento la suspensión cautelar del protocolo, que fue aceptada por el juzgado; pero este hecho no ha tenido ninguna consecuencia directa en la aplicación de la norma, dado que el texto es bastante claro en el establecimiento del principio de precaución antes de cortar cualquier suministro, y por lo tanto, la anulación de hoy no supone una diferencia sustancial con el escenario previo.
Por el contrario, la Ley 24/2015 ha tenido una repercusión espectacular sobre la sociedad catalana. Desde agosto de 2015 hasta diciembre de 2016, según datos facilitados por la Agencia Catalana de Consumo, había evitado más de 39.000 cortes, situándose como referente a escala europea en el ámbito de la protección contra la pobreza energética.
Sin embargo, durante este tiempo hemos sufrido algunos episodios intolerables como es la muerte de Rosa de Reus, que costó a Gas Natural una sanción de 500.000 euros, que sin la denuncia de la ciudadanía y la presión social no se hubiera interpuesto. Aprovechamos para recordar que todavía no la ha pagado. La campaña de lavado de imagen de la compañía, al destinar 4,5 millones de euros en publicidad y su cambio de actitud en la materia son la prueba más evidente de que la Ley 24/2015, a pesar de la suspensión de su protocolo, es bastante clara en relación a los cortes y al procedimiento a seguir en estos casos.
Aun así, Endesa, al igual que Gas Natural, se ha dedicado a poner trabas a la ley, y a dificultar por todas las vías posibles su aplicación. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), condenamos enérgicamente este tipo de actuaciones contrarias al interés general y a los derechos de las personas, pero aprovechamos para dar un mensaje claro y contundente a las compañías eléctricas: la Ley 24/2015 sigue vigente a pesar de sus impedimentos. Es muy importante que la ciudadanía sepa que ante la entrada del invierno, la norma los protege de los cortes por impago y animamos en este sentido a denunciar cualquier incumplimiento al respecto.
¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad! ¡Hay vidas en juego!