El alcalde, a pesar de disponer de herramientas para facilitar la instalación de un contador, pone obstáculos para encontrar una solución y garantizar su derecho humano al agua
La familia, que lleva casi un año sin agua, ocupa un piso público, pero está en vías de regularizar su situación
Barcelona, 18 de mayo de 2021
Hace exactamente un mes, Sara, vecina de Vilafamés (Castelló), se puso en contacto con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) porque se encontraba en una situación desesperada. Lleva casi un año viviendo sin suministro de agua en casa, una situación ya de por sí dramática, a la que se le suma el hecho de que está embarazada de 8 meses y a punto de salir de cuentas.
Sara se encuentra en situación de ocupación en precario en una vivienda de protección oficial del EVHA (la empresa pública de vivienda del País Valencià), que pertenecía a la familia y estaba a punto de ser pagada por completo. Ahora, ella está negociando con la entidad a fin de regularizar su situación. La familia, que se encuentra en situación de vulnerabilidad, ha recopilado toda la documentación necesaria para dar de alta el suministro de agua, pero lo único que le falta es aportar el título habilitante de la vivienda. Ante esta situación, ha pedido ayuda al Ayuntamiento de Vilafamés para que, solo con la autorización del alcalde, Sara podría tener agua hoy mismo. La semana antes de contactar con la APE, ella y su pareja se reunieron con el mismo alcalde, Abel Ibáñez (PSPV), para trasladarle su situación desesperada y un mes después incomprensiblemente todavía no les ha ofrecido ninguna solución.
El caso de Sara desgraciadamente es muy común y sorprende la ineficacia de la alcaldía, cuando desde hace años hay soluciones y alternativas sobre la mesa. Precisamente, en 2018, con el fin de dar respuesta a situaciones como las de Sara, el Área Metropolitana de Barcelona estableció un procedimiento específico, en el Decreto 2018/184 para estos casos, que permite la instalación de contadores sociales en hogares en situación de ocupación sin título habilitante, lo que demuestra que, desde un punto de vista jurídico, esto es posible. Otros municipios de fuera de la AMB también han facilitado la contratación e instalación de contadores provisionales de agua bajo el mismo criterio y cumpliendo los mismos requisitos. Algunos ejemplos de la aplicación de este mecanismo de garantía de derechos son Mataró, Blanes, Maçanet de la Selva, Malgrat de Mar, Palafolls, Tàrrega o el Vendrell, entre otros.
Hay que recordar que el agua es un derecho humano, reconocido a través de la Resolución 64/292, texto a partir del cual la Asamblea de Naciones Unidas reconoció explícitamente el 28 de julio de 2010 el Derecho Humano al Agua y al saneamiento (DHAS), reafirmando que el acceso a agua potable limpia y al saneamiento son esenciales para la realización del resto de derechos humanos. La situación de pandemia mundial donde el agua se ha vuelto aún más imprescindible no hace más que reforzar el imperativo de garantizar el acceso a este derecho humano a todas las personas, sea cual sea su condición.
Desde APE llevamos un mes intentando ponernos en contacto con el Ayuntamiento para trasladarle toda esta información a través de correo electrónico y de repetidas llamadas, pero no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Sara sale de cuentas esta semana y no nos quedaremos de brazos cruzados sabiendo que su caso tiene solución. Si hubiera voluntad política, Sara podría tener agua hoy mismo.
Por todo ello, exigimos que de manera urgente el alcalde de Vilafamés dé su autorización para que Sara pueda tener acceso a un contador de agua y su criatura pueda nacer e iniciar su crianza en condiciones de salud y dignidad.