Como cada dos semanas, la Alianza contra la Pobreza Energética nos reunimos en el local de la FAVB para realizar un asesoramiento colectivo contra la pobreza energética
Rebeca, de Mediona, lleva 88 días sin suministro eléctrico. Cuando entró a vivir en su casa, junto a su hija menor, se dio cuenta de que la conexión era irregular. Quiso regularizar la situación con Endesa, pero la distribuidora les rechaza el contrato alegando un problema técnico. Por su parte, desde servicios sociales le han dicho que no pueden hacer nada. Por ahora, la única solución que les propone la Generalitat es abrir un proceso de mediación con la facilitación del Consell Comarcal. Mientras tanto, pasan los días y siguen sin suministro. Es necesario acelerar el proceso, ya que su situación es grave. Desde APE ya se ha contactado con los concejales actuales intentando que aceleren el proceso por la vía política, pero también apostaremos por una campaña de comunicación para dar a conocer el caso.
Margarita, de Barcelona, ha recibido un aviso de corte de suministro. Ella tiene el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial (IRER), así que no pueden hacer efectivo el corte, pero es necesario que éste esté actualizado. Además, hace tiempo que no recibe factura. Pedirá cita para acudir al Punto de Asesoramiento Energético (PAE). Allí podrá actualizar el IRER y reclamará recibir las facturas.
Joan, de Hospitalet, nos explica que la distribuidora les ha notificado una anomalía en su suministro, lo que conlleva una multa elevada. Le recomendamos que solicite el acta y ponga una reclamación, ya que no reconoce la anomalía citada. Esperaremos la respuesta de la distribuidora, pero en caso de que sea negativa, le decimos que podremos seguir batallando por la vía administrativa.
A Mari Carmen, de Martorell, le ha llegado una factura de agua muy elevada. Le recomendamos comparar su consumo entre esta factura y la anterior. Valoramos diferentes opciones: un escape o una lectura estimada, pero hay que poder ver las facturas para poder acabar de valorar el caso. Nos va a pasar las facturas para verlo.
Maribel, de Gavà, tal y como le recomendamos durante el asesoramiento colectivo anterior, ha realizado el cambio al mercado regulado, tanto para la luz como para el gas. Además, solicitó el IRER porque está recibiendo amenazas de corte de suministro de agua. Volverá al siguiente asesoramiento para explicarnos cómo continúa su caso.
Chaimaa, de Hospitalet, aunque pagaba el agua cada mes, le efectuaron un corte durante el mes de abril porque se encontraba en situación de ocupación en precario. Ella está embarazada, cuida a su madre, y sólo puede conseguir agua a través de las fuentes de la ciudad. Teniendo en cuenta sus ingresos del pasado año, desde servicios sociales no quieren tramitarle el IRER: no tienen en cuenta que su situación este último año ha cambiado. Le proponemos realizar una campaña comunicativa para que servicios sociales valore su situación actual, que le da derecho al IRER.
Carlos, de Hospitalet, nos cuenta que tiene un recibo de luz pendiente de este año. Al tener el bono social, le aseguramos que con la normativa actual a escala estatal, no pueden efectuarle ningún corte por este recibo pendiente. Esta prohibición de cortes estará vigente, si no existen cambios, hasta el cambio de año. Por otra parte, le decimos que en Cataluña existe una ley específica, la 24/2015, que prohíbe los cortes de forma permanente a escala autonómica. Para poder estar protegido también por la ley catalana, será necesario que tramite el IRER a través de servicios sociales.
Martina, de Barcelona, tiene el bono social y una deuda. Endesa le había puesto la potencia al máximo, lo que le ha comportado facturas muy elevadas que no ha podido pagar. Por último, pactó el pago de una deuda de 20 euros al mes. Ahora se ha pasado a Energía XXI y le recomendamos que deje de pagar la deuda, ya que no tiene ningún ingreso y está protegida por la ley ante los cortes.
Hilda, de Cornellà, ha sido acusada de conectar la luz irregularmente, pero ha estado intentando solicitar el alta de la luz desde 2023, cuando entró a vivir en su vivienda. Cada una de estas ha sido rechazada. En consecuencia, le cortaron la luz a ella y su familia hace 7 meses, que incluye a dos hijas menores. Edistribución ha reconocido que la culpa es suya, pero todavía no le han dado una solución. Por otra parte, desde servicios sociales no pueden ayudarla porque no cumple los parámetros de vulnerabilidad. Le recomendamos que realice una reclamación virtual al Síndic de Greuges y otra a la Dirección General de Energía. No son soluciones inmediatas, pero son pasos para desatascar la situación. Paralelamente, ha hecho una denuncia en los juzgados, puesto que la compañía distribuidora no está cumpliendo con sus obligaciones.
Por último, Charo, de Martorell, nos explica que están haciendo una recogida de firmas para denunciar que el Ayuntamiento está vulnerando los derechos de las personas que se encuentran en una situación de ocupación en precario. Concretamente, el Ayuntamiento ha realizado una ordenanza municipal que establece que las personas que se suministren el agua a través de las fuentes de la ciudad, serán multadas.