Los grupos de presión de la industria de los combustibles fósiles han presionado con éxito a los gobiernos y a la UE para socavar las medidas destinadas a reducir las facturas de los hogares, proteger a las personas de la pobreza energética y gravar los beneficios inesperados durante la crisis energética, según muestra una nueva investigación de la campaña Políticas Libres de Combustibles Fósiles y sus socios nacionales.
Los estudios de caso realizados en Italia, España, la República Checa, el Reino Unido y a escala de la UE en Bruselas han revelado que las empresas petroleras y gasísticas que se benefician de la crisis energética han presionado para debilitar y retrasar los impuestos extraordinarios, echar por tierra las protecciones para los hogares con dificultades para pagar, e incluso obtener autorización para nuevas perforaciones.
Chloé Mikolajczak, coordinadora de la coalición Fossil Free Politics, ha declarado: «La adicción de Europa a los combustibles fósiles ha creado esta crisis energética, y las empresas más responsables están presionando para obtener aún más beneficios a costa de los hogares que luchan por pagar las facturas que se disparan. Pedir a las petroleras que asesoren sobre esta crisis es como pedir a un zorro que consulte sobre el diseño de un gallinero. Los políticos tienen la responsabilidad de proteger a la gente -del colapso climático y de la codicia empresarial-, así que tienen que poner un cortafuegos entre sus decisiones y las empresas que están detrás de esta destrucción».
La investigación se produce en un momento en el que arrecian los llamamientos a la creación de un cortafuegos entre la industria de los combustibles fósiles y la formulación de políticas climáticas y energéticas. Miembros del Parlamento Europeo, de cuatro grupos políticos, han lanzado hoy un nuevo compromiso para una política libre de combustibles fósiles en Europa, con el objetivo de recoger más firmas de cara a las elecciones, y más de 100 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos han publicado una declaración pidiendo lo mismo. Todo ello después de que 100.000 personas firmaran una petición para expulsar a la industria de los combustibles fósiles de la política.
Principales conclusiones de la investigación
- En Italia, donde el Gobierno ha nombrado asesor a un grupo de presión de los combustibles fósiles, el gigante del petróleo y el gas ENI ha aprovechado la crisis para asegurarse más perforaciones y nuevas terminales de gas licuado.
- En la República Checa, el gigante de la energía EPH se valió de amenazas públicas, un poderoso imperio mediático y sus vínculos con el partido político gobernante para retrasar y debilitar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios.
- En el Reino Unido, el grupo de presión de los combustibles fósiles Offshore Energies UK utilizó un acceso privilegiado, recepciones parlamentarias y grupos consultivos especiales para garantizar que el impuesto sobre los beneficios extraordinarios se debilitara y se llenara de lagunas.
- En España, las empresas energéticas Endesa, Naturgy e Iberdrola se han servido de una compleja red de maniobras políticas, jurídicas y de relaciones públicas, incluida una serie de empleados que se trasladan o proceden de los altos cargos de la administración pública española, para luchar contra las medidas que frenan sus beneficios y hacer que sean las familias vulnerables las que soporten la carga financiera en su lugar.
- En la UE, el grupo de presión de la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas ha presionado -y ha sido invitado a asesorar- a la Comisión Europea, presionando a favor de más gas fósil y otras tecnologías para prolongar la vida útil del gas, como la captura de carbono no probada o la infraestructura de hidrógeno, un asesoramiento que mantendrá las facturas altas y a Europa enganchada a los combustibles fósiles.
Descarga aquí la Declaración People Over Polluters
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Fossil Free Politics es una coalición de ámbito europeo que aboga por un cortafuegos entre la industria de los combustibles fósiles y la política climática. Está coordinada por Corporate Europe Observatory, Food and Water Action Europe, Amigos de la Tierra Europa, Global Witness y Greenpeace UE.