La Generalitat no ha conseguido que las compañías firmen el convenio planteado en 2017, a pesar de haber destinado ya en años anteriores casi 10 millones de euros a pagar facturas de agua, luz y gas
14 de noviembre de 2017
Hoy hace un año de la muerte de Rosa en Reus debido a un incendio ocasionado por una vela que utilizaba para iluminarse porque Gas Natural Fenosa le había cortado la luz ilegalmente. Este caso puso luz sobre la situación que sufren miles de familias en Catalunya que no tienen garantizado el acceso a la luz, al agua o al gas. Lo más grave de la muerte de Rosa es que podría haberse evitado si Gas Natural Fenosa hubiera cumplido con la Ley 24/2015 que obliga a las compañías a preguntar a Servicios Sociales antes de efectuar ningún corte. Gas Natural no lo hizo. Y no solo no lo hizo en el caso de Rosa sino en muchos otros, pero la compañía nunca ha aceptado su responsabilidad ni su incumplimiento sistemático de la ley. Eso sí, a pesar de que hasta aquel momento se había negado a hacerlo, fue precisamente a partir de aquel mismo invierno cuando Gas Natural Fenosa empezó a enviar los listados a Servicios Sociales y a pedir los informes de riesgo de exclusión residencial, tal como obliga la ley.
No fue hasta meses después y gracias a la presión que se hizo desde la calle que la Generalitat impuso a la compañía una sanción ejemplar, 500.000 € que todavía a día de hoy la compañía no ha pagado. A raíz del caso de Rosa, Gas Natural Fenosa ha dedicado 4,5 millones de euros a una campaña publicitaria de lavado de imagen, ha organizado jornadas sobre pobreza energética, ha hecho anuncios en la televisión y en los diarios, etc. Pero la irresponsabilidad de Gas Natural Fenosa no se puede esconder tras esta cortina de humo. Los hechos nos recuerdan que para ellos lo primero son sus beneficios y después todo lo demás.
Desgraciadamente, Gas Natural Fenosa no es la única compañía irresponsable. De los datos que nos ha facilitado la Agencia Catalana del Consumo, de las 239 denuncias que recibió la Generalitat por incumplimiento de la Ley 24/2015 (a fecha 18/07/2017), casi el 70% las acumula Endesa. En cuanto a las sanciones, de nuevo es Endesa quien se lleva el 78% de las mismas, seguida de Gas Natural Fenosa que acumula casi el 20%. Dicho de otro modo, de las 114 sanciones, 111 se han impuesto a Endesa y a Gas Natural Fenosa. Estos datos ponen sobre la mesa que, a pesar de que la ley ha parado miles de cortes en Catalunya, todavía a día de hoy se producen cortes ilegales. Por eso, desde la APE no nos cansaremos de recordar la importancia de denunciar los cortes ilegales por parte de estas compañías, sea por denuncias individuales, sea por denuncias a través de los municipios.
Por su parte, la Generalitat reaccionó tarde en cuanto a velar por el cumplimiento de la ley. Desde el día siguiente de la aprobación de la Ley 24/2015, desde la APE le hemos exigido que hiciera inspecciones de oficio para comprobar si las compañías estaban cumpliendo con la ley, pero no fue hasta después de la muerte de Rosa en Reus que se pusieron en marcha las primeras inspecciones. La Generalitat también puso en marcha entonces una campaña publicitaria para dar a conocer los derechos que contiene la ley, y que de hecho habría que reactivar para este invierno. Por otro lado, hay una carencia de actualización de información sobre el alcance de la protección de la Ley 24/2015. Hace más de un año que la Generalitat hablaba de 30.000 cortes parados gracias a la ley, y hoy en día tienen que ser muchos más pero este dato todavía no se ha hecho público.
Un año después de la muerte de Rosa en Reus, todavía hay mucho trabajo por realizar para hacer plenamente efectiva la Ley 24/2015. A pesar de que se han conseguido parar miles de cortes a familias vulnerables, muchas de estas continúan teniendo problemas para pagar sus facturas y van acumulando deudas mes tras mes. El asunto de las deudas se tendría que solucionar, tal como establece la ley, con la firma de convenios entre la Administración y estas empresas. En el mes de enero, la Generalitat junto con el Ayuntamiento de Barcelona, las 4 Diputaciones, la Federación y Asociación de Municipios y el Área Metropolitana de Barcelona hicieron frente común con una propuesta de convenio. La APE ya criticó en su momento que el convenio no era bastante ambicioso porque reclamaba solo el 50% a las empresas, y nosotras consideramos que estas tenían que asumir el 100%, pero aun así, ninguna compañía eléctrica ni de gas se ha avenido a firmarlo. Recordemos que solo en 2016 Endesa y Gas Natural Fenosa acumularon 2.758 millones de euros de beneficios entre las dos. El hecho de que no existan estos convenios hace que se dediquen fondos públicos a cubrir facturas. Datos aportados por la Generalitat ponen sobre la mesa que entre la Agencia Catalana del Consumo y el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia han otorgado a los entes locales un total de 9.838.920,95 € en concepto de pago de facturas de agua, luz y gas solo en 2015. Fondos públicos destinados a continuar alimentando los beneficios de estas empresas.
A pesar del dinero público invertido, no se cubre la totalidad de la deuda de las familias y estas la continúan acumulando con la angustia que esto comporta. Por este motivo, en vista de la inactividad de la Administración al exigir a las compañías su responsabilidad, desde la APE hemos iniciado una campaña donde exigimos a las empresas la condonación de la deuda acumulada a las familias para liberarlas de la angustia y conseguir que puedan salir adelante sin cargar con estas deudas impagables durante años.
Y todavía queda un reto más para afrontar: la situación que sufren las familias que se ven obligadas a recuperar una vivienda porque la Administración no les ha dado respuesta. Estas familias no tienen garantizado el acceso a los suministros básicos por el hecho de no contar con la titularidad de la vivienda. Tanto la Generalitat como Endesa dan la espalda a estas familias y no les dan ninguna solución más que cometer irregularidades si no quieren vivir con velas o con linternas. Hace meses que desde la APE estamos pidiendo una solución, al menos provisional: la instalación de contadores sociales provisionales condicionados a resolver la situación de la vivienda y que garantizan no solo el acceso a la luz sino también la seguridad del hogar.
Desde la APE no pararemos hasta conseguir: que no haya ningún corte ilegal en Catalunya, que se libere a las familias de las deudas y se regularice la situación a las familias que han recuperado una vivienda por necesidad.
¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!