Una vez más, nos encontramos para realizar un nuevo asesoramiento colectivo contra la pobreza energética, un espacio en el que las activistas y afectadas por pobreza energética compartimos estrategias para hacer valer nuestros derechos energéticos
Laura, vecina de Carcaixent, lleva cuatro meses viviendo, junto con su familia —con un infante y dos bebés—, sin acceso a luz ni agua. Como ella, otras familias de su edificio se encuentran en situación de ocupación en precario y no reciben ningún tipo de protección por parte de los entes locales ni de la Administración del País Valencià. Al contrario, se ven inmersas en una campaña de odio que pretende expulsarlas sin ofrecerles alternativa residencial alguna.
Entre las vulneraciones que sufren, hay coacciones tan graves como la retirada de la custodia de los hijos como paso previo para acceder a un albergue temporal, el bloqueo del padrón de los bebés, la prohibición de que el hijo mayor pueda ir a la escuela si siguen residiendo en su piso, o incluso el corte de las fuentes públicas del barrio en plena ola de calor.
El caso de Laura es especialmente grave y constituye un ejemplo paradigmático de la criminalización y la violencia ejercidas contra las personas vulnerabilizadas por el sistema. Desde la APE, nos comprometemos a darle apoyo desde Cataluña y, dada la gravedad de la situación, le recomendamos también que dirija una queja al Síndic de Greuges del País Valencià.
Marisol, de Barcelona, es la segunda vez que viene al asesoramiento colectivo. Para acabar de evaluar su caso, hacía falta que trajera las facturas y esta vez así lo ha hecho. Tal y como nos explicaba, le preocupa que cada mes le lleguen consumos elevados y diferentes, a pesar de tener el bono social. Por un lado, le recomendamos que reduzca la potencia contratada y, por el otro, le hacemos saber que el descuento del bono social se está reduciendo. Del 1 de julio al 31 de diciembre, el descuento será del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. Y a partir del 1 de enero, el descuento será del 35% para los vulnerables y del 50% para los vulnerables severos.
Lidia, de Barcelona, también estaba preocupada por el precio de sus facturas de la luz. En su caso, se pasó a una compañía del mercado libre que le había hecho una oferta, Hola Luz. Le recomendamos que desista el nuevo contrato y se pase al mercado regulado contratando la tarifa Energía XXI de Endesa. Las tarifas reguladas suelen ofrecer los mejores precios y, además, es una condición necesaria para poder beneficiarse del bono social.
A Sonia, de Barcelona, le cortaron la luz durante cinco días bajo el pretexto de una deuda, pese a ser ella electrodependiente. La Ley 24/2015 de Cataluña la protege contra los cortes, pero su Informe de Riesgo de Exclusión Residencial (IRER) que la acredita como beneficiaria no estaba actualizado. Le recomendamos que pida cita en un Punto de Asesoramiento Energético para que le ayuden a renovarlo urgentemente. Además, en su caso es importante que indique su electrodependencia, ya que de esta manera no solo estará protegida por la ley catalana, sino también por la estatal.
A Aziz, de Barcelona, hace un mes que le cortaron la luz. Aunque había realizado un contrato con la compañía regulada de Naturgy, no le habían dado el alta. Su mayor barrera para reclamar este error era que no habla catalán ni castellano, así que desde la APE nos comprometemos a acompañarlo a reclamar su punto de suministro a través de un Punto de Asesoramiento Energético.
Por último, Maria Lluïsa, de Sabadell, nos explica que le ha llegado un aviso de corte para el 1 de enero. En su caso, la ampara la ley catalana 24/2015, pero se trata de una problemática que puede afectar a muchas personas en el Estado español. Concretamente, el 1 de enero se terminaría la moratoria de cortes iniciada como medida de protección de la pandemia y que, gracias a la presión popular, se ha ido expandiendo en el tiempo. Una vez más, es necesario trabajar para que la moratoria pase a ser una medida estructural, no temporal.