Un miércoles más llenamos la sala de la FAVB, en la calle Obradors, 8, de Barcelona para realizar un nuevo asesoramiento colectivo contra la pobreza energética
Empecemos con el caso de Javier, de Sant Just Desvern. Nos explica que, por desgracia, cayó en un fraude con una supuesta gestora de servicios técnicos. Debido a una anomalía en la luz, le había llegado una factura de 700 euros de Naturgy. En ese contexto, unos técnicos le ofrecieron arreglarle el servicio por 600 euros y hacerle un contrato con Endesa. Sin embargo, Endesa le ha confirmado que no tiene ningún contrato con él y los técnicos que le ofrecieron el servicio ya no le contestan los mensajes. En esta situación, le recomendamos que conserve las pruebas de las conversaciones y la factura que le enviaron, y que denuncie el caso. Sin embargo, se hace evidente que los datos de Javier no deberían haber podido acabar en manos de los estafadores.
El siguiente caso es el de María, que nos explica cómo una familia lleva un año y un mes sin agua en el municipio de Mont-roig del Camp. Debido a su situación de vulnerabilidad, se habían visto obligadas a ocupar una vivienda propiedad de un fondo buitre. En ese contexto, dispusieron de agua hasta que un día, sin previo aviso, la policía local se personó para efectuar el corte. Aunque quisieran pagar el agua y dejar de verse obligadas a vivir precariamente dependiendo de una fuente, el Ayuntamiento no quiere instalarles un contador social. Los contadores sociales de agua son una herramienta aprobada por la AMB y otros municipios catalanes para poder garantizar este servicio básico en las situaciones de ocupación en precario. En el resto, el freno para asegurar ese derecho es la voluntad política. Desde la APE, nos comprometemos a ofrecerles todo nuestro apoyo al iniciar un proceso de incidencia política para que la ordenanza municipal cambie y puedan ejercer su derecho de acceso al agua y saneamiento.
A continuación, Blanca, de Barcelona, nos relata que vive en el piso que había compartido con su marido, ahora difunto, y es propiedad de los hijos de él, que quieren echarla. Teniendo en cuenta que ahora ella es pensionista, le está costando encontrar un piso de alquiler. Mientras tanto, le preocupa tener problemas con los suministros porque la titularidad y la cuenta corriente asociada eran los de él. En cuanto al agua, nos explica que le piden que valide que es la propietaria o inquilina del piso para poder cambiar la titularidad o la cuenta asociada. Le recomendamos que acuda a la compañía de agua explicando la situación y que pida desvincular la cuenta corriente de su marido, ocupándose ella de pagar las facturas en el cajero.
Continuamos con Clara, de Cornellà, quien nos explica que se encuentra en situación de vulnerabilidad por violencia de género. En su caso, entró a vivir en un piso de alquiler en 2021 y Endesa no le emitió las facturas hasta mayo. Durante ese período, ella había llegado a poner dos reclamaciones. Sin embargo, le llegaron todas de golpe y todavía arrastra una deuda de más de 2.000 euros. Por eso, ha recibido acoso telefónico y por correo electrónico. Ha venido al asesoramiento porque lo que más le preocupa es que la han amenazado con llevarla a juicio. En este sentido, le hacemos saber que ha hecho bien en acudir al asesoramiento, ya que muchas de las personas presentes han pasado por lo mismo y conocen de primera mano la angustia que generan las empresas de recobro en su práctica ilegal. En este sentido, le decimos que está amparada por el IRER y que en ningún caso pueden cortarle la luz por su deuda. Además, le hacemos saber cómo recientemente conseguimos nosotras llevar a juicio, y ganarlo, a una compañía de recobro que estaba amenazando con acciones legales a una de las integrantes de la asamblea.
La siguiente es María Luisa, de Sabadell, que nos actualiza con respecto a su situación. Aún espera la resolución de una reclamación que puso en Endesa. Durante dos semanas quedó descubierta del Bono Social porque no le avisaron a tiempo que había que renovarlo. La compañía considera que poniendo en la factura la fecha de caducidad del bono ya es suficiente, pero la ley establece que debe haber una carta adjunta que notifique la necesidad de renovación. Le ayudaremos a presentar una nueva reclamación a la CNMC y al Síndic de Greuges.
Por último, Elena, de Terrassa, comparte con nosotras que lleva dos meses recibiendo de Endesa (noviembre y enero) unas facturas muy altas de luz. La eficiencia energética de su piso es muy baja, pero está en una situación que hace un uso mínimo de la luz. Acudió al asesoramiento porque quiere saber si estas dos últimas facturas pueden ser un error. En primer lugar, le aconsejamos que vuelva al siguiente asesoramiento con las facturas y, en segundo lugar, le hacemos saber que puede mejorar las condiciones en las que vive si tramita el IRER y el bono social. Desde el Ofimape de Terrassa la pueden ayudar.