Esta mañana 16 organizaciones y entidades de la sociedad civil nos hemos unido frente a la Casa Orsola, un emblemático bloque de Barcelona en lucha contra la especulación, para presentar públicamente un manifiesto con diez medidas concretas por el derecho a la vivienda digna y asequible en Catalunya, que el nuevo gobierno y el Parlament surgidos de las elecciones del 12 de mayo deben poner en marcha para dar la vuelta a la situación de emergencia habitacional que sufre el país. Actualmente, las dificultades generalizadas para acceder o mantener una vivienda digna y asequible son uno de los principales vectores de desigualdad de la sociedad catalana. La protección de este derecho fundamental no está garantizado y las organizaciones firmantes creemos que hemos llegado a una situación límite que hay que dejar atrás si queremos un futuro viable para nuestro país.
El actual modelo nos ha llevado a una situación de miseria y desigualdad insostenible en todos los sentidos. Sus efectos se han manifestado en la angustia de los desahucios, en la inseguridad de la falta de hogar, en la pobreza energética en la que viven miles de familias, en la normalización de que haya personas viviendo en la calle mientras hay miles de viviendas vacías, en el miedo que sufre gran parte de la población por no poder asumir el incremento del precio de la vivienda, en que las personas sin papeles sean excluidas del parque público de vivienda, en los costes crecientes e insostenibles para pagar el alquiler o hipoteca… Mientras tanto, se han ido poniendo parches en forma de políticas de vivienda, totalmente insuficientes, un fracaso institucional que queremos denunciar sin tapujos y que es necesario revertir como primera prioridad en los próximos años.
Por ello planteamos 10 medidas que no son meras conjeturas, sino políticas concretas y posibles que el próximo Gobierno de la Generalitat, junto con el Parlamento de la próxima legislatura y el resto de administraciones deben asumir y poner en marcha:
- Plan de Choque para acabar con el sinhogarismo y para reducir a cero la vergonzosa lista de espera de las mesas de emergencia, realojando en viviendas dignas y no en pensiones.
- Alcanzar una inversión en políticas de vivienda del 2% del PIB y aumentar las viviendas públicas hasta poner la lista de 86.876 solicitantes a cero.
- Asegurar el acceso a los recursos públicos de vivienda a todas las personas migradas, actualmente excluidas, y sancionar a quienes ejercen el racismo inmobiliario.
- Extender y consolidar en las ciudades catalanas las medidas como la reserva del 30% en nuevas construcciones y rehabilitaciones para generar vivienda protegida en suelo urbano.
- Sancionar a los propietarios que incumplan las leyes de regulación de precios y alquiler social obligatorio. Poner en funcionamiento inmediatamente el decreto ley de alquileres de temporada y de habitaciones.
- Hacer cumplir la Ley 24/2015 y todos los instrumentos que de ella se deriven, a fin de garantizar el acceso universal al agua y a la energía a toda la población.
- Blindar el patrimonio público de vivienda, evitando su pérdida y recuperar las viviendas vacías (expropiación o cesión obligatoria gratuita) de los grandes tenedores y “fondos buitre” para alquileres sociales.
- Implementar un ambicioso programa que aborde la despoblación y facilite el arraigo en el entorno rural, con actuaciones específicas e inversión en la garantía del derecho a la vivienda.
- Prohibir el alquiler turístico mientras no esté garantizada la primera residencia a toda la población; y aplicación de medidas antiespeculativas y contra la expulsión residencial urbana y rural.
- Impulso del cooperativismo de vivienda en cesión de uso y fórmulas con control comunitario, buscando la asequibilidad del modelo mediante inversión, financiación, medidas fiscales y legales.
Los derechos no pueden segmentarse o aislarse y el acceso a la vivienda es la puerta a otros derechos fundamentales. Carecer de vivienda implica no poder construir un proyecto de vida digna. Pedimos a los y a las candidatas a las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo que escuchen y respondan ante la ciudadanía si las asumen o rechazan.
La pluralidad de organizaciones que forman el movimiento por el derecho a la vivienda en Catalunya reclamamos un cambio urgente y necesario. Existe un consenso social muy amplio en esa dirección. Sólo unos pocos defienden el statu quo, y sólo porque nutren sus beneficios. Entre las 16 organizaciones o luchas de referencia firmantes se encuentran las PAH catalanas, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, el Observatorio DESCA, la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu de la Xarxa d’Economia Social (XES), Resistim al Gòtic, la Plataforma Regularización Ya!, la Plataforma Stop Hard Rock, la Alianza contra la Pobreza Energética, Pirineu Viu, Las Kellys, la Plataforma en Defensa de l’Ebre, Ecologistes en Acció de Catalunya, Aigua és Vida, y la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).
Hacemos un llamamiento a toda la sociedad civil organizada para que se adhiera al manifiesto y haga difusión.
Queremos vivir en una Catalunya con el derecho a la vivienda garantizado, ¡nos va el futuro!