Piden al actual ejecutivo que avance todo lo que pueda en el despliegue del convenio que regula la pobreza energética, firmado entre la Generalitat de Catalunya y Endesa
Avisan de que se acaban de cumplir tres años del convenio con compromisos todavía pendientes como la condonación de la deuda de los años 2022 y 2023, la creación del fondo de atención solidaria, la instalación generalizada de los contadores sociales y la ampliación del acuerdo al resto de empresas energéticas
Defienden que es una buena herramienta para garantizar la protección y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad energética. Hasta ahora, se ha condonado la deuda a 41.000 hogares catalanes
La Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Catalunya y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) reclaman que la lucha contra este fenómeno, y en concreto el cumplimiento del convenio que regula la pobreza energética en Catalunya, sea una prioridad primordial para en el próximo Gobierno. Ambas entidades piden al actual ejecutivo que avance todo lo que pueda en el despliegue de este convenio antes de finalizar la legislatura.
Apenas se acaban de cumplir tres años de este acuerdo, firmado entre la Generalitat de Catalunya y Endesa, y aún hay compromisos pendientes. Falta la condonación de la deuda de los años 2022 y 2023, que genera mucha incertidumbre y presión en las familias; la creación del fondo de atención solidaria, el mecanismo necesario para prevenir y hacer frente a los impagos; la instalación generalizada de los contadores sociales, primordiales para evitar los riesgos asociados a las conexiones irregulares; y la ampliación del acuerdo al resto de empresas energéticas, como Naturgy e Iberdrola. “Pedimos al futuro gobierno que la pobreza energética sea una prioridad primordial y que siga trabajando para el cumplimiento de los acuerdos del convenio. Los hogares en situación de vulnerabilidad energética no han dejado de aumentar en los últimos 4 años”, recuerdan ambas entidades. Actualmente, el 20% de la población catalana no puede mantener el hogar a una temperatura adecuada, una cifra que prácticamente triplica el porcentaje de 2019, cuando era del 8,3%, según datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida 2023 de IDESCAT.
La Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa del Tercer Sector Social defienden que el convenio es una buena herramienta para garantizar la protección y derechos de las personas en situación de vulnerabilidad energética. Hasta ahora, se ha condonado la deuda a 41.000 hogares catalanes. Por esta razón, insisten en que es necesario avanzar en el despliegue de esta herramienta para aprovechar al máximo su potencial.
En paralelo al convenio, la Mesa y la APE piden al futuro Gobierno que cuente con ambas entidades para la elaboración del reglamento de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Argumentan que quieren velar por que el reglamento no implique un retroceso en los derechos energéticos sino un instrumento que agilice los procesos de protección y dé un marco normativo sólido. También piden al futuro ejecutivo catalán que siga haciendo incidencia con el gobierno español para la implementación automática del bono social eléctrico, una buena herramienta de prevención.