Alertamos de un posible incremento de la factura del agua en el Área Metropolitana de Barcelona que puede poner en riesgo la accesibilidad económica del derecho al agua
Ayer, martes 21 de noviembre, se declaraba el estado de preemergencia por sequía en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y en el Sistema Ter-Llobregat. El estado de las reservas en las Cuencas Internas de Cataluña (CIC) se encuentra en el 18,45%, el menor volumen nunca registrado. Haber llegado hasta aquí era evitable. Hacía falta valentía para reducir la demanda de agua, pero el Gobierno ha dado la espalda a las evidencias científicas y no ha querido abordar el actual modelo de crecimiento económico, que es intensivo en el uso de agua.
En este sentido, destacamos que el plan de gestión del agua de la Agencia Catalana del Agua prevé un 25% de aumento del turismo para 2039. Asimismo, destacamos ejemplos como el Plan Director Urbanístico Metropolitano que contempla 200.000 nuevas viviendas, la nueva terminal de cruceros, la tercera pista del Aeropuerto del Prat o el proyecto Hard Rock en el Camp de Tarragona que aumentaría un 20% el consumo del trasvase de agua del Ebro a través del CAT.
Medidas en preemergencia y falta de ambición con los grandes consumidores
Las medidas que aplican en preemergencia implican bajar la dotación municipal máxima de 230 a 210 litros por persona y día y una reducción a la mitad de la dotación máxima para el riego en las actividades deportivas federadas, pero no contempla ninguna nueva restricción sobre los grandes consumidores. También cuestionamos los 12 millones de euros destinados a la reducción del consumo de agua en el sector turístico, puesto que se trata de un sector económico con grandes beneficios.
En este sentido, valoramos positivamente la moratoria que se anunció hace unos días para nuevas licencias de actividades económicas con un elevado gasto de agua. Sin embargo, lamentamos que esta decisión llegue tarde y no se plantee como una medida estructural, teniendo en cuenta la falta de agua que hay en el país. Cataluña necesita reducir el número de turistas que llegan cada año y que hacen un consumo de agua muy superior al de la ciudadanía que vive aquí; disminuir la cabaña ganadera intensiva y especialmente la porcina, porque la contaminación excesiva por purines de pozos y acuíferos los dejan inservibles; y realizar un replanteamiento del modelo agroindustrial, ya que actualmente se exporta hacia el extranjero un 65% de la fruta. Es decir, Cataluña está exportando en forma de carne y fruta un agua que no tiene.
Falta de datos
En noviembre de 2022, la mayor parte de las CIC entraban en estado de alerta por sequía y se activaban las primeras restricciones de agua para las actividades económicas y los municipios. Un año después, los datos sobre la reducción de los grandes consumidores todavía no se han publicado. Durante el verano, no hemos dejado de ver hoteles, establecimientos turísticos y piscinas llenas. Además, no se ha aplicado sanción alguna por incumplimiento de las restricciones de consumo. Exigimos que los datos de los grandes consumidores sean accesibles para toda la ciudadanía.
Alerta por el posible aumento de la pobreza hídrica
La estrategia del Gobierno a largo plazo implica duplicar la producción de agua desalinizada y regenerada. Sin embargo, alertamos del impacto que estas infraestructuras tienen sobre el precio del agua, porque son intensivas en consumo energético. En enero de 2024, la tarifa del agua de Aigües Ter-Llobregat subirá un 30% porque las desalinizadoras operan a máximo rendimiento hace meses.
En 2010 el agua fue reconocida como un Derecho Humano y entre sus definiciones se encuentra la dimensión de la accesibilidad económica del agua, que implica no destinar más de un 3% de los ingresos a pagar los recibos del agua. Según el Instituto Metrópoli, en el AMB el 9,7% de los hogares destinan más de un 3% al pago de sus facturas de agua y, por tanto, sufren pobreza hídrica, un porcentaje que podría incrementarse si la tarifa aumenta. Alertamos que Aigües de Barcelona desde 2022 propone aumentos tarifarios, con la sequía como pretexto y reclamamos no permitir un aumento tarifario mientras el operador privado tiene unos beneficios anuales de 20 millones de euros. Según el Observatorio de Precios del Agua de la ACA, la gestión privada del agua en Cataluña ofrece de media unos precios un 22% más caros que la gestión pública. Barcelona, de hecho, es la región de España con la factura del agua más cara.
En cuanto al agua regenerada, es una buena opción para el abastecimiento metropolitano, tal y como está impulsando la ACA, siempre que se conserve la gestión pública de estas infraestructuras y su objetivo de mejorar la calidad ambiental de las masas de agua y la regeneración de acuíferos como el Delta del Llobregat.
Alerta sobre la sobreexplotación de acuíferos y los trasvases
El modelo de crecimiento turístico y urbanístico se ha llevado a cabo al margen de las capacidades hídricas del territorio y a expensas de las necesidades sociales de los vecinos y vecinas. Las medidas para asegurar el abastecimiento de agua en el Área Metropolitana de Barcelona no pueden pasar por la sobreexplotación de recursos hídricos, como ha ocurrido históricamente con el río Ter. Asimismo, mostramos nuestra preocupación por el proyecto de desaladora del Foix, ya que serviría para conectar las redes del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) y Aigües Ter-Llobregat (ATLL), fórmula que ya se intentó en 2008 para hacer llegar el trasvase del Ebro hasta Barcelona y que últimamente reclaman grupos de presión encabezados por el Colegio de Ingenieros.
Firmantes: Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), ATTAC Catalunya, Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), Ecologistes en Acció de Catalunya, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Greenpeace, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE).