Los diputados reclaman diálogo a los consejeros de Interior y Derechos Sociales para buscar soluciones de carácter social
La APE presenta un informe jurídico con las vulneraciones de derechos fundamentales asociadas a estas actuaciones y propone un protocolo para estos casos
La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) se ha reunido hoy en el Parlament con la mayoría de los grupos con representación, para tratar la cuestión de los cortes de suministro eléctrico en bloques enteros ocupados por familias vulnerabilizadas y la actuación del cuerpo de Mossos d’Escuadra en estos casos. Del encuentro se ha concluido que todos los grupos participantes (Socialistas, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, CUP, En Comú Podem y Ciutadans) entienden la necesidad de encontrar una solución social a la problemática y se han posicionado a favor de la convocatoria de una reunión entre la APE y los consejeros de Interior y Derechos Sociales para buscar alternativas al despliegue de antidisturbios.
En los últimos años se han detectado una serie de cortes de suministro en edificios enteros en los que residían personas sin título jurídico habilitante, instados por la compañía distribuidora e-distribución (Grupo Endesa). En estos casos, la empresa, antes del corte, en ningún momento ha puesto en marcha el procedimiento establecido en el convenio firmado con la Generalitat en 2021, que permite la instalación de contadores provisionales para familias vulnerabilizadas en situación de ocupación en precario. Además, tampoco ha llevado a cabo las comprobaciones oportunas para averiguar si las personas que residen en los mismos se encuentran en situación de vulnerabilidad, ni se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales municipales o comarcales.
Como hecho diferencial, se ha detectado que esta práctica es ejecutada de la mano de unidades antidisturbios del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, con el visto bueno del Departamento de Interior, quien, preguntado en sede parlamentaria, ha admitido que llevan a cabo los acompañamientos a partir de una simple carta tipo enviada por Endesa y no comunican la actuación ni al Departamento de Derechos Sociales ni a los Servicios Sociales.
En los últimos tiempos, hemos sido testigos, como mínimo, de estos casos:
- El bloque 8 de PAHC Bages, en Manresa.
- El bloque Plutó, de Barcelona.
- El bloque Freser, 142, de Barcelona.
- El bloque Guillem Agulló de la PAHC Sabadell en Sabadell.
- Un bloque en Ponts (la Noguera), con 34 viviendas.
Hemos podido constatar que en todos estos edificios residían personas en situación de riesgo de exclusión residencial, entre las que se encontraban numerosas menores.
El encuentro con los grupos parlamentarios ha servido para presentar un informe jurídico elaborado por la APE, que expone las graves vulneraciones de derechos fundamentales que estas actuaciones conllevan. En primer lugar, en lo que se refiere a la afectación a personas y familias vulnerabilizadas y menores de edad, y el hecho de que la interrupción del suministro entra en colisión con el principio de interés superior del menor. En segundo lugar, se observa la vulneración del derecho a la salud de las personas que sufren los cortes, con repercusiones directas en su salud física, psicológica y emocional. Por último, queda patente una absoluta falta de proporcionalidad de las actuaciones, teniendo en cuenta que el convenio firmado entre la Generalitat y Endesa en marzo de 2021 contempla la instalación de contadores provisionales para estos casos y que los cortes se producen en la mayoría de ocasiones sin una comunicación previa a los Servicios Sociales competentes.
Con motivo de estas vulneraciones, el documento propone medidas alternativas, centradas en un protocolo de actuación que tenga por objeto la regularización de las posibles conexiones irregulares, así como la garantía de los derechos fundamentales de las personas afectadas. La misión principal de este protocolo sería actuar de forma preventiva y evitar que se produzcan estos cortes con consecuencias devastadoras para las familias, como en el caso del Bloque de Sabadell, en el que 27 familias llevan más de 100 días sin luz. La actuación de Endesa en estos casos está lejos de buscar seguridad, tal y como alega la compañía, sino que deja a las familias en unas condiciones lamentables para su salud.
La APE solicitó hace casi 5 meses una reunión conjunta con los consejeros Elena (Interior) y Campuzano (Derechos Sociales) para tratar esta cuestión, petición que ha sido ignorada hasta el momento. Por eso, se ha buscado el posicionamiento público de los grupos parlamentarios respecto a la problemática, a fin de conseguir que este encuentro tenga lugar y el gobierno empiece a trabajar en soluciones para estas situaciones.