Urgimos al nuevo equipo de Derechos Sociales a desencallar la firma de convenios con Naturgy e Iberdrola

Así lo hemos trasladado a la primera reunión de la APE con altos cargos del Departamento después de los cambios en el gobierno de la Generalitat de Catalunya. También hemos reiterado la necesidad de aplicar con el máximo rigor el convenio firmado con Endesa

Una representación de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) se reunió hoy con los principales cargos políticos del Departamento de Derechos Sociales encargados de la gestión de la pobreza energética en Catalunya. Se trata del primer encuentro a dos bandas después de la reestructuración del Gobierno el pasado mes de octubre y ha servido para repasar la aplicación del convenio firmado con Endesa en marzo de 2021 y poner sobre la mesa todas aquellas cuestiones todavía pendientes.

En primer lugar, se ha trasladado al nuevo equipo la necesidad de repetir el convenio, cerrado con Endesa hace casi dos años, con el resto de compañías energéticas con presencia en Catalunya, empezando por las dos empresas del Oligopolio: Naturgy e Iberdrola. Pese a que el mercado catalán sigue en gran medida en manos de Endesa y sus dos principales comercializadoras, Endesa Energía y Energía XXI, es clave que los miles de hogares vulnerabilizados con impagos con otras empresas puedan también empezar de cero y quitarse de encima la pesada mochila de la deuda.

En este sentido, seguimos defendiendo firmemente que sean las propias compañías quienes hagan frente a los impagos de estos hogares, con cargo a sus beneficios, que se han seguido incrementado durante 2022 en un contexto de escalada de precios de la energía. Naturgy, segunda empresa en número de clientes en Catalunya, obtuvo un beneficio neto de 1.061 millones de euros de enero a septiembre, la última cifra publicada. Iberdrola, por su parte, sigue superando todos los récords y concluyó el mismo período con 3.104 millones de euros. Con estas cifras, es inaceptable que sigan esquivando la firma de convenios, de acuerdo con lo que se establece en la Ley 24/2015, y por eso hemos reclamado al nuevo equipo de Derechos Sociales que trabajen para cerrar acuerdos con estas empresas a lo largo de 2023.

En segundo lugar, hemos repasado la aplicación del convenio firmado con Endesa y todos los temas pendientes en torno al mismo. Entre otros, la condonación de la deuda de 2021 anunciada por el Gobierno a finales de diciembre y la necesidad de enviar cartas a los hogares implicados para que cuenten con la tranquilidad de saber que su deuda ha sido cancelada; el estado del proceso de puesta en marcha del Fondo de Atención Solidaria, el mecanismo que debe evitar la futura acumulación de deuda; o la instalación de contadores sociales en hogares vulnerabilizados en situación de ocupación en precario, un mecanismo clave que no se ha implementado como debería -solo se han instalado 35 en casi dos años, según reconoció la propia Endesa el pasado octubre.

Finalmente, se han compartido otras cuestiones que la APE considera prioritarias para la acción del Departamento, como son los pagos del bono social térmico, la implementación de oficinas de asesoramiento energético en el territorio o las oportunidades de los fondos europeos de recuperación con el fin de financiar actuaciones que palien el impacto de la pobreza energética en nuestro país.

Desde la APE se espera que los cambios en el Departamento sirvan para desbloquear los principales temas pendientes, que el anterior equipo no consideró prioritarios o no fue capaz de sacar adelante, a pesar del año y medio de margen y los múltiples avisos que la APE y la Mesa del Tercer Sector realizaron públicamente. Por momentos, a Derechos Sociales le ha faltado el liderazgo necesario para asumir un tema tan sensible como la lucha contra la pobreza energética y ha mostrado graves faltas de coordinación con el resto de departamentos implicados. Por este motivo, la APE estará pendiente en los próximos meses del cumplimiento de los compromisos alcanzados y el desbloqueo de todos los aspectos pendientes.

En el encuentro han participado el secretario general de Derechos Sociales, Oriol Amorós; el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Lluís Torrens; y la directora general de Servicios Sociales, Mariona Homs.