Enginyeria Sense Fronteres presenta el estudio “Precariedad energética e infancia en la ciudad de Barcelona: Una mirada desde los derechos energéticos de la infancia” en que APE hemos colaborado
El 15% de los hogares de la ciudad con niños no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno, llegando al 35% en distritos como Nou Barris.
Efectos en la salud física y mental, el rendimiento educativo o la seguridad, entre las conclusiones del estudio.
La actual emergencia sanitaria y las medidas para dificultar la transmisión de la COVID-19 han centrado la atención hacia las casas, donde gran parte de la población pasa sus días de confinamiento. Otro debate que ha ocupado la agenda mediática ha sido la necesidad de permitir las salidas de los niños, un colectivo especialmente sensible en cuanto a la protección de sus derechos. Pero, ¿qué ocurre cuando los niños viven en viviendas con los suministros básicos amenazados?
Este es el contenido del estudio de Irene González Pijuan para Enginyeria Sense Fronteres, en el que revisando la amplia bibliografía y otros estudios y a través de una metodología cualitativa y participada, intenta responder a estas preguntas. La dificultad para definir la Pobreza Energética con unos criterios compartidos es la primera dificultad para medir el alcance de la situación. En cualquier caso podemos contar que en Catalunya son unas 380.000 las familias que destinan más de un 10% de los ingresos familiares al gasto energético. En la ciudad de Barcelona, el 15% de los hogares con niños no se pueden permitir mantener una temperatura adecuada en la vivienda durante los meses más fríos, superando el 30% en Ciutat Vella y Nou Barris. Estos mismos distritos son los que tienen un porcentaje más alto, por encima del 25%, de hogares con niños que tienen facturas atrasadas de suministros, un dato que en la ciudad tiene un promedio del 13%.
Vivir en esta situación tiene consecuencias de muchos tipos entre la población más joven. En cuanto a la salud física, los principales efectos son la mayor frecuencia, intensidad y permanencia de enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis, así como los problemas relacionados con una nutrición inadecuada. La población adolescente es la más afectada por las situaciones de estrés, culpabilidad o estigma, que puede estar relacionado por ejemplo con la falta de higiene personal. Según el estudio, los adolescentes bajo precariedad energética tienen 5 veces más posibilidades de desarrollar problemas de salud mental que el resto de población de su edad. Respecto al rendimiento educativo, la mayor propensión a la enfermedad se traduce en un mayor absentismo, mientras que la limitación de recursos energéticos dificulta, si no imposibilita, desarrollar las tareas previstas para realizar en casa.
El estudio presta especial atención a la amenaza para la propia seguridad de los niños y adolescentes que supone el corte de estos suministros. Al tratarse de recursos imprescindibles para cubrir las necesidades básicas, las familias utilizan alternativas menos seguras para cubrirlas. Un ejemplo de ello son las estufas de leña o butano, los braseros o el acceso irregular a la red eléctrica, con el gran riesgo de electrocuciones, incendios o intoxicaciones que ello supone. Según una encuesta realizada por la Alianza contra la Pobreza Energética en 160 familias con acceso irregular a los suministros, en el 70% de estas viviendas viven menores de edad.
La investigación de Irene González Pijuan no solo analiza y denuncia la actual situación sino que también incluye propuestas para superarla. La principal es la mejora de los sistemas de detección, ya que una gran parte de los casos pasan inadvertidos en el actual circuito. La intención sería contar con los centros educativos y sus profesionales, con los protocolos y la formación necesaria, para detectar estos casos y poder intervenir desde las administraciones.