Ante la convocatoria de huelga general, nos sumamos al resto de colectivos que ven con preocupación el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo
Barcelona, 18 de octubre de 2019
Ante la huelga general convocada en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado lunes, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), un movimiento social comprometido con los derechos económicos y sociales, pero también civiles y políticos de la ciudadanía, hacemos pública nuestra posición al respecto y animamos a todas a participar de las diferentes movilizaciones que tengan como objetivo denunciar cualquier posible limitación de derechos fundamentales.
Tal como ya avanzamos el mismo día por redes sociales, la sentencia hecha pública a principios de esta semana no solo es desproporcionada sino que establece un precedente terriblemente peligroso ante futuras acciones de protesta. En la resolución, a pesar de que se reconoce que no han existido episodios de violencia generalizada o instrumental en los hechos juzgados, el Tribunal entiende que la desobediencia civil no-violenta puede ser equiparable a un levantamiento cuando prueba de dificultar o impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales o leyes y, por tanto, la considera susceptible de ser enmarcada dentro del delito de sedición (con penas de prisión de entre 4 y 15 años).
Esta criminalización de la protesta y específicamente de la desobediencia civil es una línea roja que trasciende cualquier ideología o identificación política. Por tanto, a pesar de que nuestro ámbito de actuación puede parecer lejano, estamos profundamente preocupadas con lo que entendemos un paso más en una deriva regresiva y limitadora de derechos que se inició con la aprobación hace cuatro años de la ley mordaza y la reforma del Código penal. La desobediencia civil es y ha sido una práctica transformadora y que cuenta con un amplio consenso social: desde las movilizaciones contra la segregación racial a las luchas vecinales para acceder al agua potable o al transporte.
La APE llevamos más de cinco años defendiendo los derechos fundamentales de la ciudadana en materia de acceso a los suministros básicos, especialmente los de las familias en situación de vulnerabilidad. A lo largo de este tiempo, hemos utilizado diferentes vías para defender estos derechos. Principalmente, hemos confiado en la ayuda mutua, la solidaridad y el empoderamiento ciudadano como herramientas que llevan, no solo a exigir, sino a ejercer estos derechos de una forma directa.
A pesar de este empoderamiento, constatamos que nos encontramos en una sociedad y en un sistema terriblemente desiguales y que a pesar de todos los esfuerzos, en algunas ocasiones las acciones de desobediencia civil son la única vía para lograr transformar la realidad que nos rodea y salvaguardar los derechos básicos de nuestras conciudadanas. Las grandes corporaciones del oligopolio cuentan con recursos infinitamente superiores a los nuestros, ya sea en cuanto a la publicidad en grandes medios o a la influencia que pueden ejercer en la clase política o en estos mismos medios de comunicación y en la opinión pública. De esta forma, la desobediencia civil es precisamente el mecanismo más efectivo para intentar equilibrar esta disparidad de poder. La criminalización de este tipo de acciones pretende desmovilizar a la ciudadanía y generar miedo, y tiene como principal efecto que estas desigualdades sean aún más evidentes.
Por todo ello, tal y como han hecho otros colectivos y entidades, nos sumamos a la denuncia de lo que entendemos una grave vulneración de derechos fundamentales, como son los de manifestación y libertad de expresión, y rechazamos cualquier iniciativa que tenga como fin criminalizar la protesta pacífica y no-violenta. La APE siempre nos situaremos al lado de la ciudadanía cuando estos derechos estén en peligro.
¡NI SET, NI FRIO, NI OSCURIDAD!