Ante las amenazas de la compañía de cortar el suministro a familias vulnerables, las instituciones catalanas hacen frente común en la defensa de la Ley 24/2015
Este jueves, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) hemos participado en Terrassa en la tercera y última de las reuniones de urgencia convocadas por las diferentes administraciones catalanas para dar respuesta a las amenazas de Endesa dirigidas al mundo municipal. El mensaje de las instituciones, claro y contundente, incluye nuestras principales demandas: ningún corte a familias vulnerables en Catalunya y condonación íntegra de la deuda acumulada por parte de la compañía.
En el encuentro de hoy han participado decenas de representantes de ayuntamientos de todo el territorio, que a finales de julio recibieron un burofax de Endesa advirtiendo que si los consistorios no hacían frente al 50% de la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad del municipio, iniciarían el procedimiento de corte a partir del 1 de octubre.
Esta amenaza, realizada en pleno período estival, fue complementada por la misma empresa con una nota de prensa el día 1 de agosto, que pretendía hacer un lavado de imagen a su nefasta política para con la pobreza energética. En el comunicado remitido a los medios de comunicación, Endesa proponía a la Administración asumir el 50% de la deuda acumulada por las personas vulnerables, tras rechazar esta opción a principios de 2017, mientras paralelamente enviaba a los ayuntamientos los burofaxes amenazadores.
Ante esta situación de alarma, las diferentes administraciones implicadas convocaron una serie de reuniones urgentes, a las que hemos asistido e intervenido, para hacer frente. Así, el lunes 2 de septiembre, la Generalitat a través de su Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, reunió a representantes de las cuatro diputaciones, las entidades municipalistas, la AMB y el mundo social. En el encuentro, se acordó situar como marco de acción la defensa de la Ley 24/2015 y remarcar como ilegal cualquier corte de suministro a familias vulnerables en Catalunya. Asimismo, se mostraba el total rechazo ante la actitud prepotente de Endesa y se exigía a la compañía que se retractara del contenido de la carta enviada.
Dos días después, el miércoles 4, se producía una reunión convocada por la Diputación de Barcelona, en la que participaban representantes de los municipios de la provincia. El mensaje iba en la misma línea: rechazo a las intenciones y las formas de Endesa y frente común en defensa de la ley catalana, un texto que deriva de una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la sociedad civil.
Finalmente esta mañana, como hemos adelantado antes, ha tenido lugar en Terrassa la reunión que tenía como objetivo aglutinar al grueso del mundo municipal para plantear una estrategia conjunta ante Endesa. En el encuentro han participado representantes de las cuatro capitales de provincia, así como numerosos alcaldes y alcaldesas de todo el territorio. En este encuentro se ha querido dar un paso más allá y se ha acordado una declaración que verá la luz en los próximos días, y que incluye como punto destacado una de las principales demandas de la APE: que el 100% de la deuda acumulada por las familias en situación de vulnerabilidad sea asumida por Endesa y el resto de compañías suministradoras.
A lo largo de toda esta semana, la APE, como parte integrante del grupo promotor de la Ley 24/2015, hemos participado activamente en todos los encuentros realizados, defendiendo de esta forma los derechos de la ciudadanía. Al mismo tiempo, hemos remarcado en todo momento la importancia de una respuesta unitaria y la necesidad de que sea Endesa, así como el resto de compañías, las que asuman su responsabilidad para con la pobreza energética y condonen íntegramente la deuda de las familias protegidas de corte por la ley.
En la APE tenemos claros nuestros derechos y seguiremos haciendo frente a compañías como Endesa, que se creen por encima de la ley, y priorizan sus cuentas de resultados por encima del sufrimiento de miles de familias. Hay que recordar en este sentido que, durante los cuatro años que la Ley 24/2015 ha estado en vigor, los beneficios netos de la compañía han superado los 5.400 millones de euros, representando los 21 millones alegados como deuda pendiente, menos de un 0,4% de su resultado.
NI SED, NI FRÍO, NI OSCURIDAD.