A lo largo de los últimos días hemos ido realizando una serie de comunicados de cara a las próximas elecciones municipales de 2019 en Barcelona. Concretamente hemos trasladado nuestras propuestas con el fin de exigir una ciudad comprometida con la #PobresaEnergèticaZero para garantizar los derechos de la ciudadanía, y posteriormente hemos analizado los diferentes programas electorales.
La primera de las propuestas hace referencia al empoderamiento energético y a la nula voluntad de las empresas suministradoras para dar a conocer sus derechos a la ciudadanía. Desde la APE sabemos que es necesario que el Ayuntamiento de Barcelona supla este déficit y trabaje el empoderamiento de las familias. Es necesario reforzar el servicio municipal de asesoramiento en derecho a los suministros básicos para atender de urgencia ante cortes por razón de impago, hacer trámites y formaciones. Además, con el fin de llegar al conjunto de la población serán necesarias formaciones, asesoramientos y más campañas de difusión
La segunda de las propuestas se centra en la defensa de la Ley 24/2015 de emergencia habitacional y contra la pobreza energética. La norma, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Catalunya en 2015, ha parado más de 40.000 cortes en todo el territorio desde su entrada en vigor. A pesar de esto, varios actores, partidos políticos y las propias empresas suministradoras han tratado de impedir su despliegue efectivo desde los inicios, ignorando las más de 150.000 firmas y la organización de la sociedad civil para garantizar los derechos de la ciudadanía. Nosotras, sin embargo, tenemos claro que esta ley ofrece una mayor protección a la población que la legislación estatal y por lo tanto, se debe defender y aplicar con contundencia.
De esta manera, exigimos que se aplique simultáneamente la Ley 24/2015 y el Bono Social, diferenciando claramente sus finalidades:
- Si se trata de cortes de suministro, debe aplicarse la Ley 24/2015 y su principio de precaución, y la protección según los baremos de renta establecidos por esta norma.
- En cambio, si se trata de descuentos, se debe recomendar a la ciudadanía acogerse al bono social a fin de evitar el incremento de la deuda de familias en situación de vulnerabilidad.
Además, es necesario que las administraciones hagan frente común para exigir la firma de convenios con las empresas suministradoras, con el objetivo de acabar con la deuda de las familias, dándoles así una segunda oportunidad. Es necesario también que el Ayuntamiento denuncie públicamente y sancione los cortes ilegales que las compañías hacen a las familias en situación de vulnerabilidad.
La tercera y última de las propuestas se refiere al acceso universal a los suministros en ocupaciones en precario. Se trata de familias que no han tenido otra alternativa que ocupar una vivienda, en la mayoría de los casos, de un gran tenedor, y a las que no les está garantizado este derecho universal.
El año pasado, la AMB aprobó un Decreto en el que se regula la instalación de contadores provisionales de agua para aquellas familias vulnerables que se encuentran en situación de ocupación en precario, pero en el caso del electricidad y el gas la problemática sigue sin resolverse. Aunque ninguna norma, estatal o autonómica, contempla la necesidad de un contrato de alquiler o una escritura de la vivienda, las compañías suministradoras se niegan a efectuar el alta. Esta situación fuerza a las familias a decidir entre vivir sin electricidad en pleno siglo XXI o pinchar el suministro, con los riesgos asociados para ellas y sus vecinas.
Ante esto, exigimos que desde el Ayuntamiento se reconozca públicamente el derecho al acceso universal a la energía, independientemente de la situación habitacional de la familia, tal como se ha hecho con el agua. Además, es necesario que la Administración haga frente común para obligar a las empresas suministradoras a poner contadores sociales para las familias que están en situación de ocupación en precario, porque hay vidas en juego.
Aparte de las tres propuestas para acabar con la pobreza energética, hemos analizado los programas de los diferentes partidos políticos de cara a las próximas elecciones municipales, concretamente de las candidaturas que tuvieron representación en las pasadas elecciones de 2015 en la ciudad de Barcelona.
Para hacerlo, hemos valorado las tres propuestas que hemos lanzado durante estos días:
Defensa de la Ley 24/2015: debe ser aplicada de forma completa y que desde el Ayuntamiento se sancione a las empresas suministradoras que la incumplan en cualquier término.
Empoderamiento energético: es imprescindible reforzar y ampliar el servicio municipal de asesoramiento energético para que sea capaz de llegar a todas las habitantes de la ciudad.
Acceso universal a los suministros: es imprescindible garantizar que las familias que se encuentran en situación de ocupación en precario, mientras su situación habitacional no se regularice, tengan acceso a los suministros básicos.
Y hemos añadido un análisis de los programas, teniendo en cuenta temas más transversales como:
Enfoque de derechos: para poder plantear medidas valientes que luchen contra la pobreza energética desde la raíz.
Transversalidad de género: el género es un factor de riesgo en la pobreza energética y hay que tenerlo en cuenta en las políticas públicas que se desarrollen en materia de vulnerabilidad energética.
Transición energética inclusiva: no podemos pensar en una transición energética sin tener en cuenta a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y eso tiene que estar reflejado en las medidas que se planteen en este sentido.
El resultado de este análisis ha sido esta infografía:
Desde la APE tenemos claro que la energía debe ser un derecho de la ciudadanía, y gane quien gane, a partir de las próximas elecciones municipales estaremos exigimos que así sea.
Queremos una Barcelona con #PobresaEnergèticaZero!