- Frente común de los ayuntamientos de Barcelona, Badalona y Sabadell, la Diputación de Barcelona, la AMB, la Federación de Municipios de Catalunya, la Asociación Catalana de Municipios, la Mesa del Tercer Sector Social, la asociación Ecoserveis y la Alianza contra la Pobreza Energética, para defender y garantizar los derechos energéticos en Catalunya.
- Más de 400 personas participan hoy y mañana en el 2º Congreso Catalán de Pobreza Energética que pretende mejorar la prevención y la gestión de la vulnerabilidad energética y avanzar en la búsqueda de soluciones efectivas, a corto y medio plazo, reforzando las estrategias de acción conjuntas desde el ámbito local.
- El precio de la energía, la calidad de las viviendas y la situación socioeconómica de las familias son las causas que agravan la pobreza energética. Se calcula que más de 400.000 personas en Catalunya están en esta situación.
Barcelona, 8 de noviembre de 2018.
Frente común de las Administraciones, las entidades sociales, ambientales y de la sociedad civil para garantizar los derechos energéticos en Catalunya. En el primer día del 2º Congreso Catalán de Pobreza Energética, los ayuntamientos de Barcelona, Badalona y Sabadell, la AMB, la Federación de Municipios de Catalunya, la Asociación de Municipios de Catalunya, la Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya, la Asociación Ecoserveis y la Alianza contra la Pobreza Energética han lanzado un mensaje claro y unánime «instamos a la Generalitat a que obligue a las empresas suministradoras a cumplir la Ley 24/2015 y reclamamos al gobierno español que cambie el marco normativo para garantizar los derechos energéticos, porque estos derechos son fundamentales para una vida digna».
«Queremos que el Gobierno haga sentarse a las empresas suministradoras a negociar y a establecer los acuerdos y convenios necesarios para disponer del fondo perdido que necesitamos para las personas en situación de vulnerabilidad energética. Los ayuntamientos no podemos asumir el pago de las facturas con dinero público» ha defendido Gabriel Fernández, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Sabadell. «La Ley 24/2015 es una herramienta que funciona. En Barcelona, a través de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE), hemos atendido cerca de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad energética y hemos parado más de 10.000 cortes de suministro. Solo con la reducción de la potencia que se ha tramitado desde los PAE, las familias han ahorrado más de 110.000 euros. ¿Hemos avanzado en pobreza energética? Sí, pero no es suficiente» ha alertado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. «Hasta ahora hemos conseguido que no se corte la luz a las personas más vulnerables, pero otro de los retos importantes es que las empresas suministradoras condonen la deuda de las familias con recibos acumulados» ha defendido Maria Campuzano, portavoz de la Alianza contra la pobreza Energética. «A partir de la Ley 24/2015, las empresas suministradoras saben cuál es la deuda de las familias, pero no lo facilitan a los ayuntamientos. La gestión es opaca» ha afirmado Lluïsa Moret, presidenta del Ámbito de Derechos Sociales de la Federación de Municipios de Catalunya.
Las entidades municipalistas y supramunicipales (Federación de Municipios de Catalunya, Asociación Catalana de Municipios y AMB) han insistido en el esfuerzo que están haciendo las Administraciones locales, las más cercanas a la ciudadanía, para asegurar los derechos energéticos. «Nosotros tenemos que apoyar a los ayuntamientos y a las entidades sociales que son las que están en la ‘trinchera’, en primera línea con las personas» ha explicó Jaume Collboni, vicepresidente del Área de Desarrollo Social y Económico de la AMB. «Ante esta emergencia, estamos ofreciendo una respuesta demasiado reactiva y nos gustaría trabajar de manera más proactiva» añadió David Saldoni, presidente de la Asociación Catalana de Municipios.
Otro mensaje unánime es la necesidad urgente de dar un paso más en las políticas de abordaje. «En Catalunya hay más de 400.000 personas que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada. La pobreza energética es pobreza y requiere un abordaje conjunto, integral y coordinado con todos los actores» afirmó Francina Alsina, presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social. «El bono social térmico es una medida más para luchar contra la pobreza energética pero no es la solución definitiva» ha matizado Àlex Pastor, desde el Ayuntamiento de Badalona; y desde la Asociación Ecoserveis, su presidenta, Marta García, ha recordado que «todas estas acciones de asesoramiento energético, ayudas económicas y otras iniciativas de protección a las personas en situación de vulnerabilidad han contribuido a paliar muchas situaciones de pobreza energética, pero no son suficientes. Hace falta que impulsemos medidas valientes que afecten directamente a las causas de la pobreza energética«. «Nosotras no tenemos competencias para legislar en materia energética, pero sí que podemos hacer presión para que aquellas Administraciones que las tienen puedan influir en el precio de la energía para que este sea justo y asequible» aseguró Meritxell Budó, vicepresidenta segunda y presidenta del Área de Desarrollo Social y Económico de la Diputación de Barcelona.
En defensa de los derechos energéticos
En esta edición, el 2º Congreso Catalán de Pobreza Energética se centra en las causas que agravan la pobreza energética y en la situación actual de los derechos energéticos en el ámbito social. Las principales causas son el precio de la energía (en los últimos 10 años, las facturas energéticas y del agua se han encarecido un 40% de media), la calidad de las viviendas (más del 50% del parque de vivienda en España está construido sin criterios de eficiencia energética) y la situación socioeconómica y los ingresos de las familias (174.300 hogares catalanes no tienen ninguna persona perceptora de ingresos, según datos de EPA).
El objetivo del congreso es mejorar la prevención y la gestión de la vulnerabilidad energética y avanzar en la búsqueda de soluciones efectivas, a corto y medio plazo, reforzando las estrategias de acción conjuntas desde el ámbito local.
El 2º Congreso Catalán de Pobreza Energética cuenta con más de 100 ponentes que analizan, debaten y reflexionan en torno a la pobreza energética y los derechos energéticos desde diversos ámbitos: la energía como derecho; género y pobreza energética; estrategias para el empoderamiento energético; iniciativas que se llevan a cabo desde el mundo local y el sector social para defender el derecho a la energía y dar apoyo a las personas; protección jurídica de los consumidores/as en situación de vulnerabilidad; los riesgos asociados a los hogares vulnerables energéticamente o las situaciones de pobreza energética que aún están ocultas, entre otros contenidos.
Como novedad, durante los dos días del congreso se cuenta con una carpa que incluye un Punto de Asesoramiento Energético abierto a la ciudadanía, e información específica en derechos energéticos. Por lo tanto, las personas interesadas pueden venir a las Cotxeres de Sants con sus facturas y ser informadas y asesoradas por personal técnico especializado. Toda la información y el programa en: www.congrespobresaenergetica.cat
https://www.flickr.com/x/t/0097009/photos/qualitatdevida/sets/72157701873996951/