Hacemos un llamamiento a entidades y ayuntamientos para unirse a la petición a Pedro Sánchez para que retire el recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre la Ley
Desde el Grupo Promotor de la ILP Habitatge, tenemos muy claro que con los nuevos gobiernos liderados por Pedro Sánchez y Quim Torra tenemos una oportunidad de recuperar la Ley 24/2015, la ley más garantista en materia de vivienda y pobreza energética de todo el Estado español e incluso de Europa.
Esta ley es fruto de una ILP impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca [La PAH], la Alianza Contra la Pobreza Energética [APE] y el Observatorio DESC, y a pesar de haber sido aprobada por unanimidad en el Parlamento de Catalunya, muchos de sus artículos están suspendidos debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno del Partido Popular. Estamos hablando de las medidas para extinguir las deudas de por vida, del alquiler social para parar los desahucios de hipoteca, del alquiler de viviendas en manos de bancos y grandes propietarios, y de los mecanismos para obligar a la banca a poner en alquiler social sus pisos vacíos. Todo un acto de favor a la banca, hecho sin ningún tipo de remordimiento ni empatía, y que condena a centenares de miles de familias a vivir en la calle. Un golpe de estado más que dejó a las familias sin soluciones y a los ayuntamientos catalanes sin herramientas eficaces para combatir la emergencia habitacional.
Con los cambios de gobierno que se han producido, tanto en el Estado español como en Catalunya, y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con esta ley por los partidos que los lideran, tenemos muy claro que el levantamiento del recurso de inconstitucionalidad tiene que ser una prioridad en las agendas de ambos gobiernos.
Por este motivo llevamos semanas interpelándolos, primero con una carta a Quim Torra y después a Pedro Sánchez, con la intención de poner la recuperación de la Ley 24/2015 como prioridad urgente en su agenda. A los dos les hemos pedido una reunión urgente y una respuesta pública que aún no ha llegado.
Las últimas semanas nos hemos reunido con los grupos parlamentarios, tanto en Catalunya como en el Congreso, para reafirmar el compromiso adquirido con la Ley 24/2015, tanto en el momento en que votaron a favor de hacerla efectiva, ahora hará tres años, como cuando la amenaza de recurso planeaba sobre nuestra ley y todos los partidos, destacadamente el PSOE, firmaron un compromiso de desistir y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de formar Gobierno. Ahora ha llegado la hora de cumplir el compromiso y mostrar la palabra y altura política del nuevo gobierno de Pedro Sánchez.
Igual que en el momento de aprobarla, ahora necesitamos de nuevo más apoyo social que nunca. Por este motivo queremos hacer un llamamiento para que las entidades que durante todo el proceso de impulso de la ILP Habitatge estuvieron apoyando, y a los ayuntamientos que durante los 9 meses que la ley estuvo en vigor vieron cómo era una herramienta efectiva, expresen su apoyo público e inequívoco a esta campaña y se sumen a pedir el levantamiento del recurso de inconstitucionalidad.
Queremos recordar a los gobiernos de Pedro Sánchez y de Quim Torra que estamos hablando de situaciones de emergencia, más de 31.000 desahucios entre 2016 y 2018 en Catalunya, que requieren una respuesta inmediata por parte de sus gobiernos; y el gesto más claro e inequívoco en el sentido de dar una solución a las situaciones de emergencia habitacional que están sufriendo las familias, es retirar el recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre la Ley 24/2015.
Reiteramos la urgencia de reunirnos con ambos gobiernos antes de que acabe el mes de julio y pedimos una fecha para la próxima semana, si no se posible con los presidentes, con quien ellos deleguen, para dar una respuesta clara a nuestra petición.
Es esencial que la sociedad civil y el mundo municipal hagamos frente común para defender la única ley que ha dado respuesta a la situación de emergencia habitacional que sufrimos, garantizando el cumplimento de la normativa internacional en materia de derechos fundamentales, el artículo 47 de la Constitución Española, y la Ley catalana del Derecho a la Vivienda. Todas tenemos derecho a una vivienda digna.
#RecuperemLa24