En los últimos 12 años la luz ha subido un 83,2%, aun con las reformas del PP y el PSOE
Barcelona, 10 de noviembre de 2017
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real decreto de reforma del gas, que tiene como objetivo luchar contra la volatilidad de los precios de la electricidad e impedir en un futuro las fuertes subidas que vivimos en días concretos del último invierno, como fue el caso durante la oleada de frío del pasado mes de enero. Básicamente, la norma obligará a Gas Natural Fenosa y a Endesa, los dos operadores dominantes del sector gasista, a actuar como creadores de mercado dentro del Mibgas (mercado donde van los grandes operadores a comprar y vender el gas a la península Ibérica), y a disponer de forma permanente de ofertas que serán reguladas por parte del gobierno, quien fijará el volumen y el precio final del gas. La iniciativa tiene como meta principal frenar la volatilidad del precio de la electricidad cuando la generación de energía por otras vías, como las renovables, se encuentre en niveles bajos y entonces se tenga que usar el gas.
Esta medida, que fue prometida a principios de año y que ha tardado más de diez meses en aprobarse, sigue sin poner remedio a los elevados precios de las facturas eléctricas en el ámbito doméstico y a las dificultades de muchas familias para hacer frente a su pago. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) tenemos claro que la iniciativa representa un parche más en la regulación del sistema eléctrico, que acusa de defectos sistémicos que impiden mantener un precio accesible para todo el mundo.
Denunciamos, en primer lugar, que las personas y familias acogidas al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) se encuentren al arbitrio de la volatilidad del mercado mayorista de electricidad y sus desproporcionadas variaciones en momentos específicos. Recordemos en este sentido que todos los consumidores vulnerables que disponen del bono social deben tener contratada forzosamente esta tarifa, y encontramos indignante que precisamente los más vulnerables sean los principales afectados de este tipo de dinámicas mercantilistas.
El derecho a la energía y a los suministros básicos son necesidades humanas irrenunciables para tener una vida digna, por lo tanto, no tendrían que ser consideradas como bienes de mercado afectados por las leyes de la oferta y la demanda. Las reformas del sector eléctrico promovidas por los diferentes gobiernos del Estado español, y que iban dirigidas a liberalizar el sector bajo la premisa de que tendrían un impacto directo sobre los precios de la electricidad, han sido un absoluto fracaso. Y no solo esto, sino que han sido responsables de la situación de pobreza energética que sufre el 11% de la población en el Estado español.
Así, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el precio de la electricidad de 2003 a 2015, para el consumidor medio acogido a la tarifa regulada (PVPC), se encareció un 83,2%, pasando de 0,131 €/kWh a 0,240 €/kWh (impuestos incluidos). Este hecho es de extrema gravedad teniendo en cuenta el contexto de crisis económica experimentado desde 2009, y al hecho de que los precios se incrementaron acusadamente durante este periodo. Y es que la bajada de la renta familiar y la subida de precios de los suministros básicos son, conjuntamente con la falta de eficiencia energética, las principales causas de la pobreza energética. Otro dato remarcable es que desde 2013, año de la última Ley del Sector Eléctrico, el precio para el sector doméstico solo ha conseguido estabilizarse y no se han visto las bajadas, falsamente prometidas.
Por otro lado, constatamos que la medida impulsada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital va en la línea de parar subidas acusadas en el precio de la electricidad, pero no conseguirá rebajar las elevadas facturas que tienen que afrontar los consumidores. En este sentido, según datos del Eurostat, los precios de la electricidad para hogares domésticos se encuentran entre los más altos de la Unión Europea y del conjunto del continente. Concretamente, el Estado español es el tercer país con la electricidad más cara de toda Europa, si consideramos los precios antes de impuestos, y ocupa la séptima posición una vez añadidos impuestos y peajes (solo superados por Dinamarca, Alemania, Bélgica, Italia, Irlanda o Portugal, países que mayoritariamente tienen rentas superiores).
Con estos datos, hay que exigir al Estado español las actuaciones necesarias para rebajar el precio final en el ámbito doméstico, ya sea tomando decisiones en el sector del mercado mayorista, reconsiderando los impuestos y peajes que se incluyen en la factura, o auditando los costes de un sistema eléctrico totalmente opaco. Hay que recordar que el precio de la energía solo representa aproximadamente el 37% del importe total de la factura, restando un 41,14% en concepto de peajes, y un 21,38% en impuestos, según datos de la CNMC.
Una vez más, el PP ha salido adelante con una medida del todo insuficiente para hacer frente al fenómeno de la pobreza energética y que se suma a la poco ambiciosa reforma del bono social, que dejará a miles de hogares desprotegidos en la época más difícil del año. El gobierno del PP no está aportando soluciones reales, ni para bajar el precio de la factura de la luz, ni para proteger a las familias más vulnerables contra los cortes de suministro, una situación a la que desgraciadamente se verán abocadas muchas de ellas si el gobierno no se toma seriamente esta cuestión.
Desde la APE continuaremos denunciando las injusticias del actual mercado eléctrico y poniendo sobre la mesa las principales consecuencias de este modelo que deja fuera a un 11% de la población. Exigimos al gobierno del Estado español que afronte este problema con valentía y desde la raíz, y que legisle a favor de las personas y no del oligopolio.
¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!