Endesa tiene intención de cortar el suministro el próximo miércoles 22 de febrero
El pasado 22 de diciembre la Alianza contra la Pobreza Energética ocupamos las oficinas centrales de Endesa para exigir un contador para la familia de Mireia y José Manuel, que recuperaron un piso de la Sareb en el municipio de Vilagrassa, del que están negociando un alquiler social. José Manuel tiene apnea del sueño y necesita una máquina de oxígeno para poder dormir.
La familia había hecho todas los pasos para regularizar su situación y conseguir un contrato de luz: están empadronados en la vivienda, tienen el informe de riesgo de exclusión residencial de los Servicios Sociales y el boletín azul necesario para darse de alta. A pesar de que hasta la fecha del 22 de diciembre, Endesa no había hecho caso a la familia, finalmente accedió a poner un contador provisional durante 2 meses, fruto de la ocupación y presión de la APE y la PAH, comprometiéndose a hacer una nueva reunión en enero, para encontrar una solución definitiva.
Endesa no solo nos canceló la reunión de enero, sino que tiene la intención de cortar el suministro a la familia el próximo miércoles 22 de febrero. Ante esto, lo que exigimos a Endesa es ampliar este contrato provisional, garantizando así los suministros básicos a una familia vulnerable (tal y como establece la Ley 24/2015), hasta que la familia, Mireia y José Manuel, consiga el alquiler social o un realojo adecuado por parte de la SAREB. La solución no tendría que ser complicada si tenemos en cuenta que el contador ya está instalado y lo único que hace falta es prorrogarlo. Pero Endesa se niega a hacer esta prórroga del contador, condenando a la familia a vivir sin luz a partir del 22 de febrero.
La garantía de acceso a los suministros básicos se tiene que hacer efectiva a todas las familias en situación de vulnerabilidad, independientemente de si tienen o no titularidad de la vivienda, y específicamente en este caso porque existe el agravante de que en este hogar vive una persona que requiere de un suministro vital, que es la máquina de oxígeno para poder dormir. No solo la Ley 24/2015 catalana recoge que no se puede cortar el suministro a aquellas personas que tengan un suministro vital, sino que la propia ley del sector eléctrico, en su artículo 52.4i), así lo establece.
Es urgente que las compañías de luz dejen de obstaculizar el derecho a los suministros básicos, pero la realidad nos dice que están siendo las únicas que se oponen a trabajar por esta garantía. Las compañías de agua, ya hace más de un año que están instalando contadores solidarios o efectuando contratos provisionales en familias vulnerables que se han visto obligadas a recuperar viviendas. La Administración pública también hace tiempo que quiere dar solución a la pobreza energética y ya hay muchos ayuntamientos que han iniciado estrategias en este sentido. Las compañías de luz, no obstante, siguen dando la espalda, argumentando que no lo hacen por seguridad pero cuando, como en este caso, el boletín azul ya ha sido acreditado, Endesa dice que el problema es el régimen de propiedad. Con el agua, sin embargo, se han hecho contratos provisionales a pisos de grandes tenedores haciendo prevalecer el derecho a una vivienda digna.
Está claro pues que, a quien no quieren proteger es a las familias más vulnerables, y que hay una absoluta carencia de responsabilidad ante estas situaciones. Las herramientas para dar solución están y administraciones y otras compañías ya están respondiendo en este sentido. La familia tiene que tener garantía de no-corte y que se le mantenga el contrato provisional sin una fecha final amenazante, dando tiempo a que pueda resolver su situación habitacional.
No queremos más excusas, ¡queremos #LuzParaJManuel!