Estaremos vigilantes de que el consistorio saque adelante las medidas anunciadas para el cumplimiento de la Ley 24/2015
Hace muchos meses que desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) exigimos al Ayuntamiento de Barcelona pasos firmes en la defensa y aplicación de la Ley 24/2015. Desde su aprobación en el Parlament el pasado mes de julio, los movimientos sociales hemos ejercido una fuerte presión desde la calle en defensa de su cumplimiento. Este hecho ha sido clave para que ayer el Ayuntamiento de Barcelona anunciara medidas contundentes frente a la pobreza energética.
Hace tres semanas lanzábamos un comunicado denunciando el inmovilismo de este ayuntamiento ante la aplicación de la ley, y hoy celebramos que por fin se hayan escuchado nuestras demandas, plantando cara a las empresas suministradoras que se niegan a cumplir esta ley. El anuncio, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, de la aplicación de sanciones por incumplimiento del principio de precaución recogido en la ley, es una buena noticia. A día de hoy, las empresas suministradoras, como Endesa y Gas Natural, no quieren enviar los listados de las personas con aviso de corte a los Servicios Sociales para comprobar primero si se trata de una familia en riesgo de exclusión residencial, evitando así los cortes que, desgraciadamente, siguen produciéndose en la ciudad. Tampoco informan, ni en las cartas de aviso de impago ni en las de corte, de la existencia de esta ley ni de las medidas de protección que plantea para estas familias, como sería su obligación.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, ayer también se anunció la negativa de la firma por parte de las empresas suministradoras, Endesa y Gas Natural concretamente, de los convenios que las obliguen a hacerse cargo de las deudas de las familias en riesgo de exclusión residencial, tal y como establece la ley. Por supuesto, estas compañías prefieren mantener los convenios donde son los propios ayuntamientos quienes se hacen cargo de este gasto, para asegurar al final de su ejercicio económico los beneficios multimillonarios que hace años que acumulan.
Es un paso importante que el Ayuntamiento de Barcelona haya hecho pública la negativa de estas compañías en el reconocimiento de la existencia de la Ley 24/2015. Endesa, en sus declaraciones a la prensa, expuso que «solo cumplirán la ley estatal». Una ley injusta que protege los derechos de los más fuertes, las compañías, y no plantea ninguna medida contra los cortes de suministro. El argumento, tanto de Endesa como de Gas Natural para no cumplir la ley, es que hace falta un desarrollo reglamentario de la ley que, según ellas, no se ha realizado. Denunciamos la falsedad de este argumento. La Ley 24/2015 se puede aplicar desde el día siguiente de su aprobación en el Parlament de Catalunya, y no hace falta ningún desarrollo reglamentario, solo el establecimiento de un sencillo protocolo donde se acuerde entre la empresa y el ayuntamiento cómo se hará el envío de los datos para comprobar la situación de vulnerabilidad de las familias.
La realidad es que ninguna de estas compañías quiere reconocer una ley que se ha impulsado desde la ciudadanía, que se ha logrado llevar al Parlament de Catalunya y que se ha aprobado por unanimidad. Una ley que cuenta con un gran apoyo social pero que da obligaciones a quien está haciendo negocio con la gestión de servicios tan básicos como son el acceso a la energía y al agua.
Ahora también es hora de que la Generalitat de Catalunya dé un paso adelante en este sentido. Recordemos que hace un mes y medio que la Generalitat tiene sobre la mesa una propuesta de convenio que le hemos planteado desde la comisión promotora de la ILP y para la que no hemos recibido ninguna respuesta. Una vez más, reclamamos una Administración valiente, que se ponga del lado de la ciudadanía y que haga cumplir la ley más garantista en cuanto a la defensa del derecho a la vivienda y el acceso a los suministros básicos.
Desde la Alianza contra la pobreza energética estaremos vigilantes de que las medidas que ayer anunciaba el Ayuntamiento de Barcelona se lleven adelante con la máxima celeridad. Pedimos al Ayuntamiento de Barcelona que el inicio de los primeros expedientes sancionadores llegue de inmediato, y no se tarde un mes más, tal y como anunciaba ayer la Teniente de alcalde Laia Ortiz.
Ahora la pelota está en el tejado de las empresas suministradoras, que deben decidir si continúan violando los derechos humanos y las leyes que protegen a la ciudadanía más vulnerable o, de una vez por todas, entienden que lo que están gestionando son derechos básicos y que deben asumir la responsabilidad que ello implica. Las compañías suministradoras deben entender, les guste o no, que esta ley ha llegado para quedarse y la defenderemos hasta que se aplique en su totalidad.
¡Ni sed, ni frío ni oscuridad!