Las entidades sociales denuncian que el Fondo de Suministros Social anunciado por el gobierno catalán como respuesta a la pobreza energética es claramente insuficiente
Frente a la propuesta del Govern de la creación de un fondo económico para solucionar la pobreza energética, las entidades sociales presentan un conjunto de medidas urgentes y necesarias que permitan erradicar esta problemática con garantías
Barcelona, 7 de noviembre de 2014
Las organizaciones que forman parte de la Alianza contra la Pobreza Energética, las entidades integradas en la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya y las organizaciones sindicales como CCOO y UGT de Catalunya, han presentado hoy un conjunto de medidas que tienen como objetivo luchar contra la pobreza energética de una manera estructural, dado que las medidas presentadas por el Govern catalán son claramente insuficientes. Denuncian también la deslealtad del Govern de la Generalitat anunciando una medida como el Fondo de Suministros a espaldas y sin convocar la Mesa de Pobreza Energética, órgano promovido por el Parlament de Catalunya con el objetivo de mejorar las respuestas a este fenómeno social.
El Govern da un paso más al desoír las peticiones de las organizaciones ciudadanas que reclaman la aplicación de medidas efectivas que den respuesta a las más de 320.000 familias que no pueden cubrir suministros básicos como el gas y la luz. Situaciones dramáticas que se viven en paralelo al incremento de los beneficios estratosféricos de las empresas suministradoras: Endesa obtuvo 579 millones de euros en el primer semestre de 2014 de su negocio en España y Portugal; Gas Natural ganó 676 millones de euros de la venta de gas en España en el primer semestre de 2014, y Agbar ingresó 432 millones de euros en 2012.
No se puede obviar que estas empresas tienen una influencia clave en la configuración de las tarifas. En el caso eléctrico la situación sobrepasa cualquier lógica: de enero de 2013 a febrero de 2014 la parte fija del recibo pasó del 35% al 60%, asegurando un mayor nivel de ingresos a las empresas.
A pesar de este escándalo, el gobierno catalán defiende medidas como la creación del Fondo económico que, mediante el traspaso de dinero público a manos privadas, siguen garantizando los beneficios multimillonarios de estas empresas. Y, de este modo, se vacían los fondos públicos destinados a resolver otros retos y necesidades sociales.
Frente a este contexto de emergencia social, las entidades sociales reclamamos al Govern que haga una apuesta firme y decidida, exigiendo a las empresas suministradoras que se hagan responsables de la asunción de las facturas y recibos impagados.
Consideramos que las siguientes medidas de urgencia para resolver la situación de pobreza energética acuciante de este invierno ya deberían estar en funcionamiento:
- Aplicar el principio de precaución por el que las empresas no podrán cortar el suministro sin el visto bueno de los Servicios Sociales.
- Transparencia en los cortes, información pública detallada y municipal recogida en el IDESCAT. Porque si no visualizamos la situación, no visualizamos la solución.
- Agilizar los trámites mediante la aplicación de mecanismos de urgencia.
- Impulsar una campaña de comunicación para informar de todas las medidas adoptadas por todos los actores, tanto a las familias vulnerables como a los Servicios Sociales. Por ejemplo, a través de los recibos y cartas de notificación de retraso en el pago.
Por otra parte, la garantía de que se pongan en marcha las medidas imprescindibles para alcanzar un modelo de prestación de suministros básicos que garantice su acceso universal a todas las personas corresponderá a un organismo público de nueva creación, que impulsará medidas preventivas y correctivas y velará por el cumplimiento por el que las empresas suministradoras se responsabilicen de las facturas impagadas. Este nuevo organismo público debería entrar en funcionamiento este noviembre y:
- De este organismo dependerá el Fondo con el que las empresas harán frente a las facturas impagadas, y un Consejo Asesor y de control que desarrollará tareas de asesoramiento, formulación de propuestas de actuación y la elaboración de informes de temas que afectan al ámbito de la política energética. Estará formado por los grupos de interés que hoy conforman la Mesa de la Pobreza Energética, así como por otras entidades directamente relacionadas con la problemática.
- El Fondo debe tener vocación temporal, con un horizonte 2014-2015 como medida de urgencia temporal, ya que la única vía para dar respuesta a la situación actual de pobreza energética estructural (la sufre un 10% de la población) es mediante la aplicación de medidas estructurales.
- Estas ayudas de urgencia serán proporcionales a los ingresos familiares y tomarán como referencia la mesa de consumos básicos trabajada por la Mesa, así como el umbral de Renta de Suficiencia propuesto por las entidades y movimientos sociales.