Ante la emergencia social de la pobreza energética en Catalunya, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa de entidades del Tercer Sector Social consideran urgente la adopción de medidas efectivas para acabar con esta flagrante violación de derechos humanos, que se prolonga desde hace años sin que desde la Generalitat se hayan tomado medidas adecuadas. Al Govern se le acaban los días para cumplir el compromiso de enmendar el fracaso de su Decreto-ley 6/2013, de 23 de diciembre, antes de finales de septiembre; y la «Mesa sobre la pobreza energética» convocada por la propia Generalitat debería haber definido claramente el protocolo para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad sin que tengan que asumir la deuda.
Hay que recordar que estamos hablando de un bien indispensable. Toda persona debe tener derecho a vivir en una vivienda digna en la que se garantice la accesibilidad y asequibilidad a los suministros básicos, por lo tanto, son las administraciones públicas competentes las responsables de garantizar, respetar, proteger y promover estos derechos. Además, se trata de servicios de interés general y, por lo tanto, son las administraciones las que han contribuido, por acción y por omisión, al crecimiento de la pobreza energética. Se calcula que más del 10% de la población catalana sufre esta problemática (unas 320.000 familias). En el año 2013 se produjeron en España más de 75.000 cortes de suministro de gas por impago –un 86% más respecto al año 2012–, y más de 1,1 millones de cortes de suministro eléctrico por impago –un 24% más que el año anterior.
Las administraciones también son culpables por connivencia, fomento de oligopolios y legislaciones, que han permitido el enriquecimiento desmesurado de las compañías suministradoras a costa de sobrecostes y deudas ilegítimas.
Se hace necesario recordar que el aumento de los precios de los suministros básicos se ha producido a la vez que se producía el empobrecimiento general de la población, sin la existencia de ninguna medida de protección efectiva para las familias más vulnerables. Este aumento de precios se viene dando en paralelo a la revalorización sin precedentes de las grandes empresas eléctricas, que desde el inicio de 2014 han aumentado su valor en bolsa más del 20%. No es legítimo que la regulación de un servicio de interés general como la energía esté permitiendo que las empresas eléctricas se conviertan en negocios tremendamente lucrativos en medio de una emergencia social como esta. En el caso del agua, el aumento del recibo se debe principalmente a la privatización de Aigües Ter Llobregat y la creación de una Sociedad de Economía Mixta, que han comportado beneficios multimillonarios para las concesionarias, sin ninguna mejora en el servicio prestado.
Por todo ello, en vistas a la reunión de la «Mesa sobre la pobreza energética» del próximo lunes 29 de septiembre, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa de entidades del Tercer Sector pedimos al Govern de la Generalitat de Catalunya que introduzca las mejoras siguientes en el Decreto-ley 6/2013, de 23 de diciembre:
- Garantizar el derecho al acceso a suministros básicos de agua, electricidad y gas de las personas en situación de vulnerabilidad mientras dure esta situación. Concretamente, debe garantizar un mínimo de 100 litros persona y día en el caso del agua, y 2.000 kWh anuales en el caso de la energía, teniendo en cuenta correcciones por situaciones climáticas y calidad de la vivienda.
- Garantizar que no se produzca ningún corte de suministros a las personas en situación de vulnerabilidad. Por ello, las empresas responsables deberán comunicar la situación de impago a Servicios Sociales básicos para comenzar el protocolo de evaluación de la situación de vulnerabilidad de cada hogar.
- Aplicar criterios sociales de vulnerabilidad para acogerse a las medidas contra la pobreza energética más allá del IRSC. Se podrán acoger todas las unidades familiares en las que los ingresos del hogar sean iguales o inferiores a 1,5 veces el IRSC, con la correspondiente actualización del IPC entre 2010 y 2014, que es del 8,5% ,sujeto al número de personas de la unidad familiar (ver Anexo).
- Apelar a la responsabilidad de las empresas suministradoras para que cubran los costes asociados al mantenimiento de los suministros y a la deuda generada que no pueda ser cubierta por las personas en situación de vulnerabilidad.
- Garantizar la realización de cursos de formación y capacitación en eficiencia energética dirigidos a los hogares beneficiarios, con el objetivo de reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia energética del hogar.
El próximo martes (30 de septiembre) termina el plazo fijado por el Parlament de Catalunya en la Resolución 577/X sobre el incremento de la pobreza y las desigualdades, para publicar el nuevo Decreto contra la pobreza energética, así que es imperativo que el Govern asuma las demandas de la sociedad civil y aplique de una vez medidas efectivas para acabar con la pobreza energética y el sufrimiento de tantas familias catalanas.