Desde el pasado mes de abril, los precios de la electricidad han subido hasta alcanzar máximos históricos que han sido superados una y otra vez. Además, los mercados de futuro auguran un invierno con mayores subidas de las que ya estamos padeciendo
El carácter sistémico del precio de la electricidad afecta de manera directa a bienes y servicios de todos los sectores, incluidos los productos de primera necesidad. La subida del precio de la luz impacta a toda la ciudadanía, pero lo hace de forma desigual, en función de la clase social, el género u otros factores, como la pertenencia a algún colectivo racializado.
Desde la sociedad civil hacemos un llamamiento al Gobierno, responsable de la protección de los derechos de todas las personas, para que lleve a cabo las reformas legislativas necesarias con el fin de garantizar a la ciudadanía los siguientes cinco puntos básicos:
1. NO A LOS CORTES DE SUMINISTROS BÁSICOS
Reclamamos al Gobierno que cumpla con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 y desarrolle el principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas y a garantizarles el suministro, en caso de que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hasta que no cese tal situación, con independencia del tiempo que transcurra.
El grado de protección que ofrece el llamado “mínimo vital eléctrico”, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2021, está lejos del nivel de protección que garantizaría el principio de precaución, pues solo afecta al suministro eléctrico (no a los otros suministros esenciales) y limita a un plazo de 10 meses la prohibición de cortes, sin atender a la situación de las personas transcurrido ese plazo.
Igualmente, ante la escalada de los precios que está empobreciendo a muchas familias, especialmente a las regentadas por mujeres, es imprescindible redefinir y ampliar el concepto de vulnerabilidad.
Mientras estas propuestas no sean desarrolladas, reivindicamos que se prorrogue la moratoria de cortes incluida en el escudo social, aprobado en el contexto de pandemia. Pese a que esta medida es un parche temporal, es lo mínimo imprescindible para hacer frente a las necesidades más urgentes.
2. TARIFAS JUSTAS PARA TODAS LAS PERSONAS
El acceso a un nivel mínimo de suministros básicos, como el agua y la energía, es fundamental para garantizar los derechos más básicos de las personas. Sin embargo, la falta de medidas permite que estos bienes sigan siendo considerados exclusivamente como productos de mercado, lo que pone en serio riesgo el derecho a la salud, la higiene o a una alimentación adecuada.
Con el fin de garantizar unas condiciones de vida dignas en todos los hogares, los suministros básicos deberían estar asegurados a un precio asequible y, en cualquier caso, la tarifa debería ser progresiva en función de los ingresos de los hogares y adaptada a las realidades y necesidades particulares, en especial, de las personas más vulnerables.
Medidas como el bono social son parches que no alcanzan a proteger a todas las personas que padecen pobreza energética. En la actualidad, el bono social únicamente alcanza a algo más de un millón de personas, mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) advierte que un 26,4 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
3. VIVIENDAS QUE NO MALGASTEN ENERGÍA Y DINERO
Frente a la emergencia climática, es necesario ahondar en medidas que permitan ahorrar energía en los edificios y garantizar unas condiciones adecuadas en los hogares. Cabe recordar que los actores sociales con mayor capacidad económica son los que tienen un mayor impacto climático. En cambio, las poblaciones más vulnerables son las que reciben en mayor medida las consecuencias de esta degradación climática.
Reclamamos que se amplíen los fondos destinados a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios, priorizando las actuaciones y ayudas en las comunidades más vulnerables, donde las viviendas son más ineficientes energéticamente y las personas disponen de menos capacidad económica para reformarlas. Asimismo, es importante asegurar que el acceso a estos recursos sea sencillo y que las personas puedan recibir acompañamiento para solicitarlos.
4. UN SISTEMA ELÉCTRICO DEMOCRÁTICO, CIUDADANO Y AMBIENTALMENTE JUSTO
Actualmente, el sistema de fijación de precios de la energía se basa en los principios de la economía liberal, cuyo objetivo es aumentar exponencialmente los beneficios económicos de las empresas. El oligopolio energético (Endesa, Iberdrola y Naturgy), que controla gran parte de la producción, transporte y distribución de la electricidad, tiene una gran capacidad de influencia en el sistema de fijación de precios.
Ante esta situación, es crucial disputar el poder al oligopolio para avanzar hacia un modelo controlado por la ciudadanía, en el que cada tecnología tenga un precio acorde a sus costes reales, y que no esté subordinado a un sistema mercantil construido para rentabilizar las inversiones de unas minorías sociales. El suministro eléctrico se ha convertido en un negocio muy rentable, pero debería ser considerado un servicio público, como lo fue en el pasado, gestionado por entidades a disposición del bien común (empresas públicas, cooperativas, etc.).
Mostramos nuestro rechazo a la campaña que el oligopolio está realizando contra la tarifa PVPC del mercado regulado, empujando a la ciudadanía hacia otras tarifas que excluyen a las personas vulnerables de determinados derechos, como el acceso al bono social. Estas estrategias, además de dar beneficio extra a las compañías, pueden dejar fuera de juego a las comercializadoras independientes, como las cooperativas.
Las multinacionales también cuentan con instrumentos para proteger sus inversiones en el sector energético y demandar a los Estados ante tribunales privados cuando consideran que han legislado en contra de sus intereses económicos.
La implementación de medidas encaminadas a reducir el precio de la electricidad y asegurar el acceso a la energía de toda la población del Estado español puede dar lugar a demandas millonarias bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), como ya ha ocurrido en algunos países de Europa del este. Para garantizar un sistema energético justo y democrático que no deje a miles de personas en situación de vulnerabilidad, también es crucial abandonar el TCE de inmediato.
5. HOGARES Y COMUNIDADES QUE GENEREN LA ELECTRICIDAD QUE UTILIZAN
Es crucial apostar por el autoconsumo, las comunidades energéticas y las cooperativas, por la inversión pública y local, por una transición energética con soberanía ciudadana, también en el sector doméstico. Está demostrado que la energía comunitaria es una herramienta que contribuye a reducir la pobreza energética y el consumo. El Estado español tiene la obligación legal de crear marcos jurídicos para asegurar que se cumpla el derecho de la ciudadanía y las comunidades a producir, almacenar, consumir y vender su propia energía renovable.
La actual subida del precio de la luz está estrechamente vinculada con la crisis de escasez de recursos fósiles, que está provocando una escalada del precio del gas a nivel mundial. Para abordar la crisis climática y social que atravesamos, es fundamental emprender de forma inmediata una transición energética democrática, ambiental y socialmente justa, con un nuevo marco de fuentes de energía renovable accesibles para todos los hogares.
¡El 28 de octubre, salgamos todas y todos a la calle!
Adhiérete al manifiesto a través de este formulario
Ecologistas en Acción, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace, Coordinadora de Pensionistas de Madrid, Federación regional de asociaciones vecinales de Madrid, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Fridays For Future Madrid, Amigos de la Tierra, Campaña Estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, Feministas por el Clima, Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, Xarxa per la Sobirania Energètica, Yayoflautas Madrid, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, CGT, Anticapitalistas Madrid, Movimiento Ibérico Antinuclear, No Más Precariedad, Plataforma de Pensionistas de Móstoles, Sindicat de Llogateres, Sindicato de Inquilinas de Madrid.