Menos burlas y más soluciones: nadie sin beber, lavarse, calentarse y ver por la noche
En Catalunya estamos vivimos una grave situación: 2,2 millones de personas en estado de pobreza, casi un tercio de la población, de las cuales 300.000 son niños y niñas. Además, 600.000 personas se encuentran en una situación de pobreza absoluta. El resultado es que muchas familias no pueden tener acceso a una necesidad vital como es una vivienda digna, pero tampoco al agua, el gas y la luz. Los bienes energéticos son esenciales para calentarnos, para poder comer caliente, vernos por la noche o apagar la sed o lavarnos, es decir, para poder sobrevivir.
Hace cuatro semanas ya denunciamos que la única acción de gobierno realizada a través de un vergonzoso Decreto ley sobre el Código de Consumo ha tenido un resultado nefasto. Un Decreto que hace una definición de familia vulnerable que excluye a la mayoría de las afectadas por la actual pobreza, y un proceso de acreditación altamente confuso e inoperativo. Para acabar de rematarlo, el texto del decreto literalmente dice «el consumidor tiene derecho a satisfacer la deuda pendiente de manera integrada y fraccionada entre los meses de abril a octubre siguientes». Además, considera inexplicablemente que las familias vulnerables en verano tendrán capacidad de pagar el doble, los recibos aplazados más los que correspondan. El resultado: solo se han podido acoger pocas decenas de familias y en ningún caso se ha solucionado el problema.
Los ejemplos son aterradores. Fran y María, un matrimonio de Sant Adrià del Besòs, manifiesta: “tenemos 3 menores a nuestro cargo, entre los dos tenemos unos ingresos de 427 €. Estamos negociando el fraccionamiento de la deuda del gas con la Asistenta Social del Ayuntamiento, ¿pero cómo vamos a poder pagarla en esta situación si se nos van acumulando?”. Por otra parte, José, vecino de Mollet, nos dice: «Soy un hombre que tiene mujer y una hija con diabetes tipo 1, por no poder pagar el gas estamos pasando el invierno sin calefaccion y sin agua caliente».
De ninguna manera podemos admitir la justificación de no poder evitar los cortes porque el gobierno no tiene presupuesto, cuando en Catalunya las empresas que distribuyen en régimen de monopolio la luz (Endesa), el gas (Gas Natural Fenosa) y el agua (Agbar ), obtuvieron respectivamente 2.771 M€, 1.657 M€ y 432,9 M€ de beneficios en 2012, a costa de subir la tarifa eléctrica un 83% desde 2003, y la de agua un 65% desde 2008, a la vez que cortaban la electricidad a 1,4 millones de personas en el Estado español, así como se han producido 300.000 cortes de agua. No se puede decir que no hay dinero cuando la Generalitat ha ingresado 300 M€ del canon concesional de Aguas Ter Llobregat para hacer políticas de agua, el Área Metropolitana de Barcelona fija uno de 20 M€ y nos hace pagar otro de 5 M€ para acceder, inaceptablemente, al conocimiento de Agbar; o el Ayuntamiento de Girona se gasta 1 M€ de su canon en comprar obras de arte, por citar solo algunos ejemplos. Eso sí, debemos reconocer también que algunos ayuntamientos multiplican sus ayudas para apaciguar esta lamentable situación.
La ciudadanía se siente burlada, y por este motivo nos dirigimos al Síndic de Greuges de nuevo para presentar una queja, por el abuso de poder de las grandes compañías y las insuficientes medidas acordadas por el gobierno, con una pequeña muestra de casos concretos de los múltiples existentes. En esta nueva queja demostramos cómo este Decreto no ha dado solución a los graves problemas de las familias más desfavorecidas y, con la mejor intención, solicitamos al Síndic de Greuges que alerte al Gobierno de la Generalitat de Catalunya de su deber de gobernar para todos los catalanes y catalanas sin distinción, y del abuso que cometen las compañías de abastecimientos básicos.
Hace un mes pedimos al Gobierno convocar la Mesa por la Pobreza, para establecer medidas efectivas y de urgencia para combatir la pobreza energética. No solo no nos han respondido sino que además han vetado la participación de la sociedad civil en el Pleno del Parlament sobre pobreza de los próximos 13 y 14 de marzo. Queda claro que este Gobierno está más preocupado por la clase extractiva catalana que por el tercio de personas que viven bajo el umbral de la pobreza y la exclusión social.
Ante esta pasividad, presentamos una moción que haremos llegar hoy mismo a los municipios de Catalunya. En esta, solicitamos acuerdos de los plenos para garantizar una protección real a las personas que no pueden pagar los recibos y necesitan agua, luz y gas para vivir:
- El derecho a mantener unas condiciones de vida digna de climatización, y disponibilidad de los mínimos de agua potable.
- La condonación de las deudas.
- Que los costes de las bonificaciones vayan a cargo de las distribuidoras.
- Que como principio de precaución no se produzca ningún corte sin poder demostrar que en el hogar hay suficiente capacidad económica para hacer frente al recibo básico.
- Instamos a la Administración competente a la elaboración de una auditoría para identificar los costes reales, con el objetivo de eliminar gastos innecesarios para la prestación de un servicio público básico con el objetivo de no cargar el coste sobre la ciudadanía.
- Y, por último, solicitamos transparencia con la publicación de la información sobre el número de cortes producidos, de familias que reciben bonificaciones relacionadas con la pobreza energética y de otros datos importantes. Todos estos datos deberán ser remitidos al IDESCAT para poder hacer el seguimiento adecuado.
Para concluir, la Alianza contra la Pobreza Energética anuncia que mientras no se lleven a cabo propuestas reales para combatir la pobreza energética seguirá movilizando a la ciudadanía para denunciar esta absurda, injusta e inhumana situación de atentado contra los Derechos Humanos más fundamentales.