La Alianza contra la Pobreza Energética pone en marcha una campaña sobre los nuevos acuerdos entre empresas y Administración conseguidos gracias a la presión social
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La plataforma de entidades sociales, vecinales y ecologistas se moviliza ante la política indiscriminada de cortes de suministros y la falta de información pública de las multinacionales del agua y la energía y de las administraciones
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La Alianza se muestra crítica con los protocolos firmados por empresas y administraciones, ya que suponen una flagrante transferencia de recursos públicos y no generan soluciones efectivas a la vulneración sistemática de los derechos humanos
Barcelona, 24 de abril de 2014
Hoy la Alianza contra la Pobreza Energética comienza una campaña informativa y de denuncia que se prolongará todo el mes, con el objetivo de informar a las personas afectadas por cortes de luz, agua o gas, o que no pueden hacer frente al pago de las facturas de sus servicios básicos, así como a los y las profesionales de los Servicios Sociales.
La campaña «Tienes derechos, que no te los corten» da información, a través de dípticos, redes sociales, un sitio web propio -http://old.pobresaenergetica.es- y otros medios, de los protocolos de actuación que se acaban de poner en marcha y que marcan los pasos que deben dar las personas afectadas.
Gracias a la presión ejercida por la Alianza, se ha conseguido que Endesa, que hasta ahora había hecho caso omiso a los reclamos de la ciudadanía, habilite 5 puntos de atención específicos para atender y estudiar los casos de vulnerabilidad económica. Se trata de:
- La Oficina Comercial de Barcelona: Gran Via, 608
- La Oficina Comercial de Sabadell: calle de Sallarès i Pla, 6
- La Oficina Comercial de Tarragona: calle Mallorca, 7
- El Punto de Servicio Terris Tura de Girona: Plaça Països Catalans, 1
- El Punto de Servicio Instafersa de Lleida: Avinguda Alcalde Recasens, 55-57
Por otra parte, en Barcelona el Ayuntamiento ha firmado un convenio con Endesa que garantiza que no se cortará la electricidad o el gas en los casos que sean comunicados desde los centros de Servicios Sociales y que el coste de las facturas será asumido por la Administración barcelonesa.
En el Área Metropolitana de Barcelona, AGBAR no puede cortar el suministro de agua durante el proceso de valoración de la capacidad económica de la persona afectada por parte de Servicios Sociales, ni tampoco si finalmente se le exime de pago por falta de recursos. Así lo ha acordado la Entidad Metropolitana de Barcelona.
En cuanto al suministro de gas, en el marco del decreto de pobreza energética de la Generalitat, inicialmente previsto para los meses de invierno, pero extendido al resto del año, se pueden evitar los cortes de gas previo contacto con Servicios Sociales.
La Alianza es crítica con estos primeros pasos
La Alianza considera que las «respuestas» que las administraciones y las multinacionales del agua y la energía han dado hasta la fecha, solo se pueden calificar de medidas de mínimos, ya que no muestran una voluntad de solucionar de forma efectiva la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la falta de acceso adecuado a los suministros básicos. Estos acuerdos suponen además una transferencia de recursos públicos a los bolsillos de las compañías suministradoras, ya que finalmente en todos los casos quien acaba asumiendo la negociación del pago -y a menudo la bonificación total- son los Servicios Sociales de los ayuntamientos a través de partidas presupuestarias públicas, es decir, de los impuestos de la ciudadanía.
Ante la falta de compromiso de las empresas suministradoras, que no quieren asumir los impagos a través de políticas tarifarias sociales o fondos especiales, y la actitud de las administraciones públicas, que no están a la altura de sus responsabilidades con este grave problema social, la pobreza energética afecta ya al 17% de la población en el Estado español.
Las entidades de la Alianza anuncian que seguirán con actuaciones públicas de denuncia con el fin de:
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- Garantizar el acceso universal a los servicios básicos: todas las familias que no puedan hacer frente a los recibos deben tener acceso a un mínimo del servicio para poder vivir con dignidad y, por lo tanto, no deben sufrir ningún corte.
- Evitar los cortes indiscriminados de suministros en toda Catalunya que hasta ahora están ejerciendo las compañías distribuidoras de estos servicios. La Administración debe ejercer su papel de garante de los derechos y no dejar esta decisión a la discrecionalidad de la empresa suministradora.
- Defender los derechos humanos: La ciudadanía debe saber que el acceso a la luz, el gas y el agua son derechos humanos básicos, como declara el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) aprobado en 1966 por la ONU, y que el acceso a los suministros básicos es inherente a tener unas condiciones dignas de vivienda, tal como señalan la Constitución y el Estatut.