Barcelona, 19 de enero de 2017
A pesar de que es un esfuerzo conjunto a valorar, que hace tiempo que íbamos pidiendo, se trata de un convenio con lagunas importantes y no queda claro que nos permita proteger a las familias sin tener que negociar caso por caso.
La Ley 24/2015 que ha logrado frenar más de 30.000 cortes de suministro en Catalunya prevé que la Administración ha de firmar convenios con las empresas suministradoras para que sean estas las que pongan ayudas a fondo perdido o hagan descuentos muy significativos para enjugar la deuda de las familias. Dieciséis meses después de la aprobación de la ley, casi un año después de que la comisión promotora de esta ley presentara a la Generalitat una propuesta de convenio, llega esta propuesta consensuada entre Generalitat, ayuntamientos y las cuatro diputaciones. Una propuesta que llega tarde y que presenta carencias.
Si bien la presentación de este frente común y esta acción coordinada entre administraciones significa un paso adelante y un reconocimiento claro de la necesidad de esta ley, creemos que en la propuesta que se ha presentado hoy hay ambigüedades que hacen que no quede clara la responsabilidad de las empresas.
Una visión de corresponsabilidad parece lógica, pero no compartimos que esta corresponsabilidad se concrete en dejar la puerta abierta a que, de nuevo, la Administración se lleve la peor parte (o la parte más costosa). Desde la APE defendemos que sean las compañías las que asuman el 100% de las deudas acumuladas y de los descuentos a aplicar en los futuros pagos mensuales, ya que consideramos que la Administración debe ser garante de los derechos de la ciudadanía, y no garante de los pagos a unas empresas que perciben ganancias multimillonarias año tras año. La Administración ya responde hoy en día a la atención primaria, a la población afectada y puede también encargarse de garantizar unas buenas condiciones de aislamiento en los hogares, con actuaciones de eficiencia energética necesarias, o de empoderamiento de las personas afectadas, a través de campañas de sensibilización, etc. En ningún caso, sin embargo, podemos permitir que acabe soportando el peso económico de sufragar unas deudas que en muchas ocasiones son fruto de abusos de estas mismas empresas.
Vemos peligroso que se haya incluido en el convenio la opción para las compañías de escoger entre condonar la deuda a las familias o hacer una aportación económica, ya que para la mayoría de familias la necesidad es doble: deshacerse de la deuda acumulada para darles una segunda oportunidad y asegurarse de que los nuevos pagos mensuales no las volverán a ahogar. Además, mientras la condonación de las deudas acumuladas depende exclusivamente de las empresas suministradoras, cuando hablamos de aportaciones económicas, estas pueden de nuevo recaer sobre la Administración si las empresas interpretan este artículo como más les conviene a ellas y no a las familias. Nuevamente, la necesidad de estas familias de «empezar de nuevo» es ineludible, pero no podemos dejar abierta la posibilidad a que este peso recaiga sobre los ya perjudicados bolsillos de la Administración pública.
Además, hay partes del convenio que no quedan claras y son ambiguas, como es la referencia a una tarifa social asociada a un gran descuento que no se define en qué consiste. Para que sea una verdadera tarifa social debe hacerse en función de la renta y debe implicar en los casos de cero ingresos un descuento que pueda llegar al 100%, por supuesto sufragado por las empresas suministradoras. Esta ambigüedad puede llevarnos a tener que seguir negociando caso por caso, cuando el convenio debería ser la herramienta para negociar el todo..
Es grave también la elusión de los casos de las familias que viven en viviendas recuperadas. No tiene sentido que desde las administraciones no se dé ninguna respuesta a las familias que no tienen otra alternativa que recuperar viviendas de la banca para no dormir en la calle y que no se les garanticen los suministros básicos. Estos casos deberían estar recogidos en el convenio, ya que no podemos permitir dejar a estas familias en el limbo, apartadas de un sistema donde las empresas suministradoras no les dan otra alternativa.
En todo caso, este convenio debe firmarse de manera urgente, no podemos permitir que las deudas de las familias continúen aumentando, y más en estos momentos de emergencia, donde la subida de precio de la electricidad es abismal coincidiendo precisamente con la ola de frío.
No podemos olvidar que este frente común no habría tenido lugar si no es gracias a la presión social que hemos ejercido desde la calle durante los más de 16 meses que la ley está en vigor. La exigencia de hacer cumplir una ley a unas compañías que no hacen más que poner obstáculos en su aplicación es una cuestión de derechos humanos, ahora son las empresas suministradoras a las que les toca asumir su responsabilidad.
Alianza contra la Pobreza Energética