Un vez más, la compañía sigue sin asumir responsabilidades para acabar con la pobreza energética, perpetuando de esta manera el sufrimiento de miles de familias.
La Alianza Contra la Pobreza Energética y la Fundación Finanzas Éticas hemos intervenido en la Junta de Accionistas de Endesa, para poner en evidencia las prácticas de Endesa y en especial las medidas tomadas durante la crisis de la COVID-19. La junta se ha retransmitido por vía telemática y no ha permitido las intervenciones en directo, hecho que nos parece antidemocrático y una estrategia para evitar intervenciones incómodas.
Creemos importante resaltar que durante sus intervenciones, ni el Presidente ni el Consejero Delegado han hecho ninguna mención a la pobreza energética ni a las familias que la sufren, salvo cuando han respondido a parte de nuestras preguntas. Este hecho no nos extraña, porque tal y como hemos recogido en nuestra intervención, de las 323 páginas de su Informe de sostenibilidad, solo una está dedicada a la pobreza energética.
La respuesta de José Bogas, Consejero Delegado de Endesa, a nuestras demandas ha sido del todo insuficiente.
No ha asumido su responsabilidad en la Pobreza energética a través de la influencia que la empresa tiene en la configuración del precio de la electricidad en el mercado español. Un precio muy elevado, determinado por prácticas abusivas, tal como ha denunciado la Comisión Nacional de la Energía, quien le impuso a la empresa una sanción de más de 5 millones de euros por esa razón en 2019. Esta influencia se concreta también en colocar en las subastas diarias energía no renovable, más cara que la renovable, aumentando así el precio final. Como consecuencia, España es el tercer país en el que las familias deben hacer más esfuerzo para pagar la luz, generando así una gran bolsa de personas afectadas por la Pobreza energética. Mientras tanto, la empresa distribuye más de 1500 millones de euros en dividendos, el 100% de los beneficios distribuibles.
Bogas no ha respondido a nuestra demanda de alargar la prohibición de cortes una vez acabe el estado de alarma, ni a nuestra petición de gratuidad del servicio para las familias vulnerables y aquellas afectadas por la crisis de la COVID-19, con cargo a los beneficios que la empresa ha aprobado hoy distribuir. En su lugar, solo ha hecho referencia a su política de flexibilización de pagos aplicada durante el estado de alarma, una política que, como ya hemos denunciado en nuestra intervención, no da respuesta a la situación de las familias, ya que solo hace que se endeuden y las aboca a cortes de suministro una vez pase el estado de alarma.
En relación al convenio que sigue sin firmar desde hace 5 años en Catalunya en el marco de la Ley 24/2015, solo ha hecho referencia a que está en negociaciones con la Generalitat, pero no ha especificado el contenido del convenio ni ha marcado un calendario. Le recordamos a Endesa que no aceptaremos un convenio que no implique la responsabilidad de la compañía en la pobreza energética y que sirva para cobrar facturas de la Administración pública. Es urgente la firma de un convenio en Catalunya que recoja la condonación de la deuda de las familias vulnerables acumulada hasta día de hoy.
En su respuesta, el Consejero Delegado ha hecho referencia también a la situación de los barrios de Font de la Pólvora, en Girona, y de Distrito Norte en Granada, donde le exigíamos el cese urgente de los cortes diarios por su mal mantenimiento en la red de distribución. En lugar de asumir su mala gestión, el consejero delegado ha criminalizado a las familias, acusándolas de actividades delictivas. Reiteramos que es urgente el cese de cortes en estos barrios y poner fin al sufrimiento de centenares de familias.
Por último, no ha hecho ninguna mención a las familias en situación de ocupación en precario, a las que Endesa no les permite tener un contrato legal de luz. Una vez más no han respondido a esta cuestión, ignorando las situaciones de máxima vulnerabilidad que viven estas familias. Desde la APE y la Fundación no pararemos hasta conseguir que Endesa permita contratar la luz a estas familias de manera legal, y evitar así más incendios y muertes por pobreza energética.
En esta junta de accionista Endesa ha aprobado que para poder asistir e intervenir en las próximas juntas sean necesarias más de 100 acciones, intentando evitar así que asociaciones como las nuestras podamos intervenir y reclamar responsabilidades a la empresa. Por este motivo, desde la Alianza Contra la Pobreza Energética lanzamos a partir de hoy y durante todo el año una campaña para conseguir las 100 acciones necesarias que nos permitan seguir interviniendo en las próximas juntas de accionistas, y continuar situando la pobreza energética como una problemática que es necesario erradicar, con la asunción de responsabilidades por parte de empresas como Endesa.
Desde la Alianza Contra la Pobreza Energética y la Fundación Finanzas Éticas seguiremos exigiendo un modelo energético más democrático, justo y sostenible, y defendiendo los derechos fundamentales de las familias vulnerables.