En Catalunya, miles de personas viven sin acceso seguro a la electricidad. Familias vulnerabilizadas en situación de ocupación, muchas con infantes o gente mayor, sobreviven entre pinchazos, multas, miedo y oscuridad.
El suministro irregular no es un capricho: es la única salida ante un sistema que las condena a elegir entre vivir a oscuras o conectarse irregularmente a la red, con los riesgos que ello conlleva para su seguridad (riesgo de incendios) y su situación de precariedad (sanciones económicas y problemas de convivencia).
En marzo de 2021, la Generalitat y Endesa firmaron un convenio que establecía la posibilidad de instalar contadores sociales en estos hogares, con contratos regulares y seguridad garantizada. Los contadores sociales, en la práctica, son contadores normales que se instalan en viviendas ocupadas mientras no se resuelve el problema de vivienda de una familia vulnerabilizada.
Pero, en tres años, sólo se han instalado poco más de 100 contadores porque Endesa pone trabas y la Generalitat mira hacia otro lado. Exigimos la aplicación inmediata y real de este mecanismo: sin excusas, sin burocracias añadidas, sin bloqueos empresariales. No puede ser que un derecho reconocido quede secuestrado por los intereses de una empresa que hace beneficios milmillonarios mientras condena a personas a vivir a oscuras.
No queremos caridad: queremos justicia energética. Queremos un sistema que proteja, no que criminalice la pobreza. Queremos contadores sociales en cada hogar que lo necesite. Por ello, hacemos un llamamiento a entidades, organizaciones, colectivos, sindicatos e instituciones a adherirse a este manifiesto y exigir juntas un acceso universal a la electricidad, digno y seguro para todas.
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